Encerrados en casa por la crisis de la COVID-19, los niños, niñas y adolescentes de Venezuela son víctimas cada vez más frecuentes de violencia psicológica, física y sexual. De acuerdo con organizaciones sin fines de lucro y de autoridades regionales del estado Táchira consultadas por El Diario, desde el inicio de la cuarentena social del pasado 16 de marzo el registro de estos casos, así como la solicitud de apoyo a los menores de edad y las detenciones de los violadores o maltratadores se ha incrementado. A pesar del esfuerzo de estos organismos para responder, las medidas se hacen cuesta arriba en gran parte del país por los trámites burocráticos y la falta de políticas generales del Estado.
Abel Saraiba, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), explicó que, desde el inicio del confinamiento en Venezuela, han recibido aproximadamente 400 consultas en todo el país, de las cuales la mayoría se trata de violencia en la crianza, de maltrato físico y de trato humillante. De estos casos, uno de los más graves fue el de un niño de nueve años de edad en el estado Zulia que intentó suicidarse.
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No obstante, aclaró que todavía se encuentran en fase de levantamiento de casos y que no cuentan con datos oficiales, por lo cual podrían ser más. Detalló que la meta de consultas de Cecodap para 2019 era de 10.000 casos, pero se reportaron 11.000.
Mes récord. Este año, ya en un mes, Cecodap realizó más de 30% de las consultas estimadas para 2020.
Ante esta situación, Cecodap ofrece orientación, acompañamiento, estrategias de autocuidado, primeros auxilios psicológicos, acompañamiento legal, así como una estrategia de difusión de contenidos, recomendaciones y pautas que permiten a las familias afrontar situaciones de violencia infantil. Todo esto principalmente a través de videollamadas, mensajes de texto o llamadas telefónicas.
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“Cuando la gente llama, nosotros hacemos una primera recepción de los datos, luego hacemos una entrevista preliminar, luego se decide si puede ser atendido o no, debido a que tenemos unas líneas de trabajos; una vez es admitido, se entrevista a los padres o representantes y se avanza. Una vez el caso admitido, si se estima que hay una situación de riesgo, pues se valora el alcance del mismo. Tenemos un equipo jurídico con quienes evaluamos si esto puede suponer una amenaza a la integridad física de los niños, y de ser así, se procede conforme a lo que está establecido en la ley, o bien se hace la denuncia vía consejo de protección, o vía Ministerio Público”, explicó Saraiba.
Artículo completo publicado en El Diario.
