Hace cinco años, Alejandra se convirtió en la «mamá» de sus dos hermanas menores. Solo tenía 12 años cuando la madre de las tres se fue de casa. Aunque el padre aún vivía con ellas, delegó en la adolescente la responsabilidad de criar a las niñas. Para él era suficiente llevar comida a casa. Maltrato y comida.
En 2020, el decreto presidencial de distanciamiento social encerró a las familias. Este mecanismo de prevención contra la COVID-19 que muchos gobiernos implementaron como una estrategia para evitar el contagio del virus también juega a favor de la violencia.
“Él siempre las ha maltratado. Ahora Alejandra tiene 17 y sus hermanas ocho y seis años. Con la cuarentena, se oyen los gritos de ellas, los insultos, cómo las golpea contra la pared. A Alejandra le quedaron las piernas marcadas porque las azota”, relató Martha, una vecina de esta familia, ubicada en un barrio del municipio Libertador.
Esta vez el escándalo era imposible de ignorar. Martha decidió denunciar lo ocurrido y consiguió el número de la Fiscalía en redes sociales.
El incremento del maltrato infantil en la cuarentena no es un fenómeno venezolano. Se ha convertido en una realidad, al menos, regional. Para hacerle frente, el Ministerio Público decidió promover su línea telefónica de atención a la víctima para casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
“Dijeron que tenía que identificarme. Yo no quise porque ese hombre es exfuncionario policial y ahora está en el colectivo (grupo armado parapolicial). No sé qué hacer ahora”, explicó Martha a Cecodap en una entrevista vía telefónica.
Desprotección del denunciante
Solo en cinco años (2013 – 2017), Cecodap tuvo conocimiento de 479 casos de niños, niñas y adolescentes maltratados por sus familias. Un número modesto frente a una gran realidad: el desorden y el desestímulo a la denuncia.
El Servicio de Atención Psicológica de Cecodap en 2018 tuvo 50% de casos que presentaban como motivo de consulta el conflicto familiar y uso del castigo físico y humillante, seguidamente de alteraciones del estado de ánimo con 28% y en tercer lugar niñez dejada atrás con 8%. Según Abel Saraiba, piscólogo y coordinador adjunto de Cecodap, entre enero y marzo el 15% de las consultas están motivadas por el maltrato infantil.
“Es cierto que tenemos como un deber ciudadano el de denunciar. Los derechos de los niños son de orden público. Es decir, que si yo tengo un vecino que violenta a sus hijos, yo tengo una responsabilidad social de evitar que se siga presentando. Pero para denunciar tengo que tener la posibilidad del anonimato. Tenemos que tener organismos dispuestos a recibir denuncias, entendiendo la realidad social de Venezuela”, explica Angeyeimar Gil, exconsejera de protección de los niños en el municipio Sucre del Estado Miranda.
La especialista se refiere al contexto de violencia que rodea a los venezolanos. Por varios años, el país ha mantenido una tasa de homicidios tan alta que se ha ubicado entre los primeros tres puestos del ranking de los países más violentos. Diversas organizaciones han denunciado el poder comunitario de civiles armados con afinidad política al oficialismo, entre ellas Provea, que se ha convertido en una de las principales denunciantes de esta situación.
A 20 años de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, todavía no hay un sistema capaz de incentivar la denuncia como mecanismo de prevención de violencia contra los niños.
“He visto abuelas denunciando a sus hijas por el maltrato a sus nietos. Piden que guardemos su identidad, porque las hijas pueden arremeter contra ellas. También me ha tocado trabajar con malandros. Ahí es cuando uno tiene que tener sabiduría, porque te puedes exponer de más”, relata Anna Rita Espinoza, miembro del equipo de defensores de la Defensoría del Niño Luz y Vida, ubicada en el municipio Sucre.
Tanto Gil como Espinoza expusieron que el anonimato es una figura que se aplica según la discreción del receptor de la denuncia. No es una regla. “Yo aplaudo a los que denuncian y resguardo su integridad, porque sé que estamos en un país con un Estado que no se ocupa”, precisó.
Desorden en los receptores
Siete organismos están facultados por ley a recibir denuncias por maltrato infantil. Cada uno hace registro de la información y maneja un formulario distinto. «Debería haber una centralidad de casos porque hay diferentes entes que reciben denuncias. Los consejos de protección, policías municipales y regionales y la Fiscalía. Ese es parte del drama que tenemos. Puedes tener no solo duplicidad de datos, sino también subregistros», explica Carlos Trapani, abogado especializado en derechos del niño y coordinador general de Cecodap.
Recordó que con motivo a la publicación de la Lopnna, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los niños -entre ellas Cecodap- impulsaron el uso de una planilla única de registro. Contaban con apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Unicef. «Con este formulario se podía estandarizar las metodologías. Daba pie a una uniformidad de criterios, una base de datos consolidada, con una mirada nacional, perspectiva histórica y datos desagregados», apuntó. Después de 20 años, el esfuerzo fue infructífero.
Para Gil, uno de los factores que pueden causar un subregistro es la subjetividad para definir cuándo hay un hecho punible en el maltrato infantil. Añadió que la ley estipula que, cuando hay agresión física, los entes administrativos están obligados a reportar a Fiscalía o tribunales.
Pero, ¿qué pasa cuando la agresión es verbal? “Si el niño tiene muchas marcas de correazos en el cuerpo, lo mandas inmediatamente al Ministerio Público. Pero resulta que el papá que le grita mil veces a su hijo que es bruto, mongólico, que no sirve, genera un daño emocional que no es hecho punible; pero sí lo es porque pudiera llevar a ese chamo al suicidio. Entonces la decisión queda a discreción de la persona que recibe la denuncia”, dijo.
Espinoza, la defensora del municipio Sucre, lo tiene muy claro: si hay violencia, hay que reportar a Fiscalía, consejos de protección o, incluso, tribunales. Pero la clave para ella es el seguimiento: «Somos una instancia conciliatoria. Por supuesto que si hay un episodio de violencia que se ha repetido, no puedes conciliar. Lo importante es revisar, una vez que el caso pasó a otras instancias, qué ha pasado con esa familia. Porque a veces, estos organismos también están colapsados y el niño queda sin respuesta. Pasa un año y el caso sigue igual», explicó.
Cultura adultocentrista
La Lopnna define el maltrato infantil como los actos que generen daño físico, psicológico y emocional a los niños, niñas y adolescentes. También explica que puede ser cometido por adultos que tengan responsabilidad de crianza o vigilancia; es decir, padres, madres, abuelos, niñeras, docentes, médicos y/o cualquiera que tenga una relación de cercanía con el niño.
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“Los dos espacios principales en los que ocurre el maltrato infantil son el hogar y la escuela, porque hay una relación de poder entre el adulto y el niño. Sin embargo, las comunidades, por la realidad del país, se han convertido en espacios donde también hay. En general puede ocurrir donde haya adultos y niños”, apuntó Gil, quien además es profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de la Escuela de Trabajo Social.
Durante sus ocho años como consejera de protección pudo ver un amplio matiz de casos. Desde la nalgada y el “chancletazo”, pasando por las quemaduras como castigo por haber comido sin permiso y llegando al encadenamiento por horas. Gil recuerda especialmente la denuncia de dos adolescentes a quienes les raparon el cabello para que no salieran de la casa. “El llanto de las chamas era desgarrador”, agregó.
Fue enfática al mencionar que las modalidades del maltrato no solo incluyen lo físico, sino también lo verbal. “A veces los padres no saben lo que significan las palabras, el daño que ocasionan. Ahora en marzo, vi un caso de dos hermanos que se fueron de la casa. Estuvieron desaparecidos por una semana y aparecieron en Colombia. Al preguntarle al mayor, dijo que su mamá le dijo que era un estorbo, que por eso se fue”, señaló.
Al igual que Gil, Espinoza también ha evidenciado diversos tipos de maltrato infantil. Las más silentes son las estigmatizaciones, las comparaciones y las descalifcaciones.
«Son acciones que duelen y dejan huellas en el corazón, pero los padres no lo entienden así. Algunos dicen ‘ay no importa, yo le digo bruto pero él sabe que no lo digo en serio. Además le pego porque le quiero y a mí me criaron así’”. La teoría y la práctica me enseñaron que, desde el amor, los niños fluyen y se desarrollan mejor», aclaró.
En la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en la que trabaja hay una estadística que va en aumento: las madres como principal ejecutoras del maltrato. Espinoza recuerda que hace años el hombre era el más denunciado, pero ahora las mamás pasan a ser autoras.
Dijo que un detonador del maltrato infantil es una separación de padres. «Lo primero que hacen los adultos es el maltrato a los niños, a los más vulnerables. Los usan como anzuelos para que la otra persona se conmueva», exclamó.
Cada uno de estos relatos forman parte de la idea de que el adulto es quien tiene la razón. Así lo ve Gil, quien expuso que hay una sensación de superioridad del adulto sobre los niños: «Hay una cultura de crianza y educación autoritaria en la que los adultos y los educadores tienen la razón. Los niños pues simplemente van a aprender lo que los adultos creen, piensan y proponen».
Cree que para que haya una disminución del maltrato infantil hay que cambiar ese patrón de conducta. Lo que implica entonces inversión para formar a las comunidades, para «educar a la gente en que los niños niñas y adolescentes no pertenecen al ámbito de lo privado, sino que es un deber de todos su protección».
