El pasado 14 de junio efectivos policiales detuvieron en el oeste de Maracaibo a Gerardo Oliveros, a quien se ha denominado como “El Monstruo de Barrio Bolívar”. Se le acusa de haber abusado sexualmente de más de 100 jóvenes, en su mayoría adolescentes varones. El secretario de gobierno del estado Zulia afirma que puede ser “el mayor violador en la historia del país”.
Los vecinos manifiestan que no les extrañó la noticia, pues se trataba de “un secreto a voces”. “Siempre estaba rodeado de muchachos”. Se valía de las múltiples necesidades que aquejan a los habitantes del sector. Les ofrecía poder utilizar una piscina, comida, chucherías.
El día que conocí de este caso en Maracaibo había comenzado a ver la mini serie documental de Netflix Filthy rich (Asquerosamente rico), referida al multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein. Un hombre que logra montar un entramado que tiene por objeto abusar y traficar con mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes a partir de los 12 años. Utiliza sus recursos para seducir a chicas en la mayoría de los casos con historias personales que las hacía vulnerables; ante la mirada cómplice de políticos, personalidades y empleados.
Culpar a las víctimas adolescentes
Si los abusos se comenten contra niñas o niños (menores de 12 años) hay un consenso social en condenar rotundamente el atropello invocando las más severas penas para el ofensor. Ante los casos que involucran adolescentes, como los que mencionamos antes, el mandato colectivo se diluye. Se plantea que “ya a esa edad los muchachos saben lo que están haciendo”, “les gusta el dinero y los mueve la ambición”, “porque les gusta la cosa”.
Hay quienes realizan análisis antropológicos para mostrar que hay culturas donde las adolescentes ya están aptas para ser madres a los 14 años o calculando a qué edad tuvo su primer hijo la bisabuela de la familia. No se analiza cuál era la expectativa de vida de las mujeres en ese tiempo y que, en muchos casos, su proyecto de vida era procrear y criar a los hijos.
Hay que señalar categóricamente que los niños y adolescentes (menores de 18 años) gozan de un fuero especial de protección otorgado por la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso de nuestro país, desarrollado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
La responsabilidad moral, humana y legal siempre será del adulto que propicia una relación sexual con niños (y también) con un o una adolescente. No se trata de que exista un consentimiento de un adolescente cuando el adulto está haciendo uso de su poder y sus recursos ante la necesidad y vulnerabilidad de la víctima. Se trata de un delito sexual y no puede haber tolerancia por parte del entorno.
Elevado costo humano
Naciones Unidas acaba de publicar datos sobre la violencia contra los niños y calcula que 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años. La violencia emocional afecta a uno de cada tres niños, y uno de cada cuatro niños en el mundo vive con una madre cuya pareja la trata con violencia, según el Informe sobre la Situación Mundial de la Prevención de la Violencia contra los Niños (2020) de la OMS, UNICEF, UNESCO y Oficina de la Representante Especial del Secretario de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños
«La pandemia de COVID-19 y las medidas que las sociedades han tomado frente a ella han influido enormemente en la prevalencia de actos de violencia contra los niños y lo más probable es que tengan consecuencias adversas de larga duración. A lo largo de su vida, los niños que se han visto expuestos a episodios de violencia están en mayor riesgo de tener trastornos mentales y trastornos por ansiedad; comportamientos peligrosos, tales como el abuso del alcohol y las drogas, el tabaquismo y las prácticas sexuales de riesgo; enfermedades crónicas, tales como el cáncer, la diabetes y las cardiopatías; enfermedades infecciosas, como la infección por el VIH; y problemas sociales, entre ellos el mal aprovechamiento escolar, una mayor participación en actos de violencia, y la delincuencia», advierte el informe.