Las comunicaciones oficiales sobre el impacto de los terremotos y la gestión que el Estado venezolano ha brindado en las zonas afectadas de La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, entre otras entidades del país, han dejado vacíos informativos que afectan a diversos sectores de la sociedad civil.

Un seguimiento hecho por la Agencia PANA (Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia) revela que la niñez y adolescencia ha recibido atención insuficiente en la narrativa de la alta vocería del Estado (Poder Ejecutivo y Asamblea Nacional). Después de nueve días, no hay información oficial que permita dimensionar el daño físico, mental y material en niños, niñas y adolescentes.

El monitoreo da cuenta además de cómo la centralización de los canales oficiales para dar información y recibir ayuda, junto con las restricciones al acceso de organizaciones independientes y medios de comunicación configuran una estrategia comunicacional altamente centralizada que limita la circulación autónoma de información.

Aunado a esto, la revisión de las declaraciones gubernamentales también muestra una estrategia discursiva orientada al establecimiento de un control social, centralización de la vocería, falta de datos e incongruencias estadísticas. Hasta el 3 de julio no se ha visto una cifra oficial de personas desaparecidas.

Las principales figuras del gobierno, como la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han centrado la narrativa oficial exclusivamente en balances generales de fallecidos, heridos, damnificados, el despliegue de funcionarios y la recepción de ayuda internacional, sin ofrecer datos desglosados ni planes de contingencia priorizados para las infancias. 

En los numerosos reportes emitidos por el Ejecutivo, las menciones a esta población vulnerable se limitan a la suspensión generalizada de las actividades escolares y al anuncio puntual del rescate individual de un niño de 11 años en Caraballeda y de un bebé de dos años.

El jueves 2 de julio, (ocho días después de la tragedia) en una rueda de prensa con periodistas y medios internacionales, Delcy Rodríguez finalmente habló sobre esta población: “tenemos la comisión de psicólogos y psiquiatras que también están brindando apoyo sobre todo a los niñas y niñas que están más traumatizados, hemos activado actividades musicales con el Sistema de Orquestas Simón Bolívar para que vayan a enseñar a tocar instrumentos a nuestros niños y niñas.  También se están distribuyendo juguetes, espacios para los juegos; la Federación Venezolana de Fútbol ha instalado campos para que los niños jueguen. Es una atención integral a una familia que está traumatizada”. 

Después de 25 minutos de iniciar ese encuentro con la prensa internacional, la presidenta encargada indicó que había visitado hospitales donde conversó con niños y niñas mutilados o que habían perdido a sus padres y/o viviendas. «Es una situación dramática», dijo.

A pesar de la falta de datos disgregados por parte de los voceros del Poder Ejecutivo, los entes integrantes del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes han mostrado mayor apertura a la publicación de información. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) e integrantes de los Consejos de Protección se han dedicado, principalmente, a desmentir rumores sobre abandono masivo o secuestro de niños, niñas y adolescentes. 

Por ejemplo, el 28 de junio se hizo público el protocolo de actuación que se implementa desde el Idenna y la activación de una línea para la atención de esta población. Sin embargo, un día antes, Mercedes Calleja, consejera del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Libertador, había ofrecido declaraciones para aclarar los rumores. 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) activó a miembros del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, junto con la Defensoría y el Ministerio Público, para brindar atención en centros médicos, plazas y puntos específicos como el Parque Alí Primera y el Coliseo de La Urbina.  El anuncio se hizo en su cuenta de Instagram.

Otra declaración oficial la hizo el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, quien informó sobre la habilitación de dos refugios para atender a niños que se encontraran solos —mencionando únicamente el espacio ubicado en el sector Guaracamundo—.

Sin datos completos no hay respuesta eficiente. El informe de @Cecodap revela fallas en el registro de edad, sexo y traslados de niños, niñas y adolescentes afectado por los sismos.

Lee el reporte completo: https://t.co/Y396r8Xbt9#ProtegidosConCecodap

— Cecodap (@cecodap) July 3, 2026

En un reciente informe de Cecodap que da un diagnóstico parcial de la afectación a las infancias en esta catástrofe se recuerda que la ausencia de información afecta el interés superior del niño, población que exige respuestas diferenciadas. Se insiste en el documento que los Estados deben producir información desagregada, que la planificación humanitaria requiere datos específicos de infancia y que invisibilizar estadísticamente también limita la protección.

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Cifras que no cuadran

La evolución del balance de víctimas ha mostrado saltos inexplicables y contradicciones entre los propios voceros gubernamentales.

Durante las primeras horas de la emergencia, el pasado 24 de junio, las declaraciones fueron emitidas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sin embargo, el flujo informativo se concentró rápidamente de forma exclusiva en Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien ha fungido como el «rostro técnico» de la crisis, acumulando al menos 10 balances oficiales.

El caso más crítico de inconsistencia se registró entre la noche del 25 de junio y la madrugada del 26 de junio: El 25 de junio a las 8:41 de la noche, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, reportó públicamente 4.300 heridos. Menos de seis horas después, en la madrugada del 26 de junio, Delcy Rodríguez fijó la cifra oficial en 2.980 heridos.

Hasta la fecha, las autoridades no han aclarado el motivo de esta reducción de 1.320 personas en los registros en medio del desarrollo de la crisis.

Otro desfase informativo se dio en el despliegue de funcionarios para atender la crisis. El 30 de junio, Jorge Rodríguez afirmó que 26.121 efectivos venezolanos estaban (hasta ese momento) en zonas de desastre y que se habían registrado 15.467 voluntarios.

Nuevos balances oficiales y decreto de duelo nacional

Un balance detallado y con mayor profundidad llegó el 30 de junio, cuando Jorge Rodríguez aseguró que había 30 mil personas vacacionando en Catia La Mar, estado La Guaira, el día de la tragedia.

En este balance, Rodríguez afirmó que entre 13.400 y 13.500 personas pudieron salir por sus propios medios y, aseguró además que el primer día fueron rescatadas 2.407 entre Catia La Mar, Caraballeda y otras zonas. 

Sobre los rescates agregó que el segundo día, cuando se incorporaron rescatistas nacionales, se lograron rescatar a 2.973 personas; el tercer día, rescataron a 731 personas; el cuarto día fueron rescatadas 345 personas; en la quinta jornada de rescate correspondiente al 29 de junio, rescataron con vida a 4 personas, y que el 30 de junio, a la hora del reporte, había sido rescatado un bebé de 2 años. En total, Jorge Rodríguez afirmó que habían rescatado a 6.461.

Destacó además que 28.380 personas recibieron atención médica en campamentos provisorios y hospitales y 80.870 personas han sido atendidas.

En cuanto al apoyo internacional, Rodríguez dijo que 51 delegaciones internacionales continúan buscando gente con vida. Contabilizó 26.121 efectivos venezolanos en zonas de desastre y que, hasta el 30 de junio, se habían registrado 15.467 voluntarios.

El 1 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, emitió un nuevo balance que eleva de forma dramática las dimensiones de la tragedia, informando un total de 2.295 fallecidos, 11.267 heridos, y baja la cifra de damnificados a 12.841 personas. La cifra de personas rescatadas se mantiene en 6.461.

Ante la magnitud del desastre ese mismo día la presidenta encargada de Venezuela, decretó formalmente un periodo de duelo nacional de 7 días.

Este jueves 2 de julio, en una rueda de prensa internacional, Delcy Rodríguez lanzó una respuesta que indignó a muchos venezolanos. Dijo que las primeras horas después del terremoto fueron de atención inmediata con el despliegue de 4.000 funcionarios civiles y militares en las zonas afectadas, y que al día siguiente se incrementó a 14.000 funcionarios. “Hoy hay en el estado La Guaira más de 19.000 funcionarios civiles y militares. Al día siguiente se militarizó el estado para restringir el acceso y se permitiera a los especialistas de rescate y búsqueda realizar su trabajo”, acotó. En este encuentro con la prensa también participaron Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Allí se actualizó un dato más: los dos sismos han dejado 12.400 herido.

Centralización de la ayuda y cerco a la prensa

Paralelamente al despliegue discursivo, el Ejecutivo ha impuesto un estricto cerco operativo y comunicacional.

A través de decretos estatales, se dictaminó que la plataforma VenApp, la línea 0-800-RESCATE y los centros de acopio de La Carlota y Almacenadora Caracas son las únicas vías legales para reportar desaparecidos y canalizar donaciones.

Esta medida ha sido señalada por organizaciones civiles de generar un cuello de botella logístico que anula la respuesta de redes vecinales y ONG autónomas.

Asimismo, las restricciones en el terreno de los hechos se han agudizado. Pese a que el Gobierno proyecta una coordinación internacional con delegaciones de México, El Salvador y República Dominicana, entre otros países, el Ministerio de Interior impuso un riguroso registro previo en el Poliedro de Caracas para poder ingresar al estado de La Guaira.

A esto se sumaron restricciones aeroportuarias (NOTAM) en Maiquetía y un cerco de 48 horas a la prensa internacional bajo pretextos sanitarios. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció estas acciones como un mecanismo flagrante para impedir la auditoría ciudadana e independiente de la emergencia.

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De la emergencia a la «normalización»

A partir del sexto día del desastre, el foco del aparato estatal mutó con rapidez. El discurso oficial abandonó la fase de búsqueda activa en estructuras colapsadas para concentrarse en la «normalización» territorial.

La declaración de viaductos transitables por la ministra Jacqueline Faria, la reapertura del transporte público y la muestra “en tiempo récord” del campamento transitorio El Ávila parecen funcionar como distractores, que se suman a las promesas futuras de construcción y soluciones habitacionales antes de fin de año.

Aquí puedes consultar la base de datos del monitoreo PANA sobre el discurso oficial