La flagrante violación a los derechos humanos fue constatada por el informe que recientemente presentó la Misión Internacional de expertos de las Naciones Unidas. Desde Cecodap alertamos que los niños viven en carne propia los delitos de lesa humanidad allí denunciados.
La misión de la ONU pudo revisar la actuación de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), al igual que los procedimientos de varios cuerpos policiales como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su cuerpo «élite»: Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
Según el ente oficial, se identificaron a 505 personas muertas durante las OLP (502 hombres y 3 mujeres, incluidos 27 adolescentes). Mientras que la misión puso énfasis en solo 140 casos de OLP, en los que 413 personas fueron asesinadas.
Uno de los casos mencionados fue del 19 de noviembre de 2016, cuando el Batallón 321 “Mayor General Pedro Zaraza” del Ejército, en Caucagua, recibió una llamada anónima, informando que un individuo armado se escondía en una casa en el sector de La Cotara. Una vez allí, los militares detuvieron a un adolescente de 16 años, sacándolo de su casa sin orden de allanamiento ni de captura.
El adolescente fue trasladado a la base militar y detenido junto con otros tres jóvenes. Los soldados arrojaron botes de gas lacrimógeno por un agujero en el techo y luego lo cubrieron. Después de una hora, el adolescente se sintió enfermo y fue trasladado a un hospital. Cuando llegó, no mostraba signos de vida.
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Los soldados le dijeron al personal médico en servicio que el adolescente tuvo un ataque epiléptico. La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró que “cuando la doctora, una médica valiente, vio esa situación, dijo que no se trataba de un ataque epiléptico. La persona estaba demasiado herida, con una fractura de cráneo y otras lesiones de salud se puso en contacto con el Ministerio Público, que realizó una autopsia y determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por aspiración bronquial y politraumatismo”.
En los casos examinados, las víctimas eran en su mayoría varones jóvenes. Las víctimas masculinas se encuentran entre los siguientes rangos de edad: menores de 18 años (6%), entre 18 y 25 años (51%), entre 26 y 35 años (31%) y mayores de 35 años (11%). Sólo 27 de los casos examinados se referían a mujeres como víctimas de asesinatos.
Infancia de luto
Esto supone que además de ser asesinados por la acción policial, los niños también quedan huérfanos por estos operativos. Realidad que se expone en el especial de investigación y crónicas, #InfanciaDeLuto, creado por Cecodap y Efecto Cocuyo.
A los nueve niños entrevistados en esta serie les corresponde protección y reparación, según señalan la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes; pero en ninguno se cumple el derecho a la reparación de daños, protección, ni indemnización. Muestran que esta población, naturalmente vulnerable, quedó en un doble olvido estatal tanto por su condición de niños como por su condición de víctimas indirectas de los homicidios.
La misión pudo detallar patrones de un modus operandi en el que participaron cuerpos de seguridad. Los resultados arrojan otra modalidad en la que los crímenes de lesa humanidad expuestos por la ONU tienen repercusiones en los niños, niñas y adolescentes.
El patrón detectado por los investigadores es que los funcionarios sacan a familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, por lo general mujeres, ancianos y niños, limitando los testigos en el lugar de los hechos a las fuerzas de seguridad únicamente. Esto se repite tanto en las actuaciones de la OLP como del Cicpc o PNB/Faes.
Además, los niños son testigos cuando los agentes de seguridad entran a sus casas e incautan objetos sin una orden de allanamiento. La misión también documentó denuncias constantes de testigos y víctimas de que las fuerzas de seguridad destruyeron muebles e instalaciones y robaron bienes.
Detenciones arbitrarias
Entre los patrones están las detenciones temporales de familiares de las víctimas asesinadas, en particular mujeres, niños y mayores de edad, que son retirados por la fuerza de las casas o detenidos por breves períodos. Otras características del modus operandi fueron la falta de órdenes de aprehensión o información a las personas detenidas de las razones de su detención. Las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia durante las detenciones.
Uno de los testimonios recogidos por los investigadores fue el de Gregory Hinds, quien relató cómo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) usaron una celda para cometer actos de violencia contra los detenidos. En una ocasión, presenció cómo funcionarios golpearon severamente a tres adolescentes.
Un adolescente superviviente contó a la prensa que unos soldados le desnudaron y le golpearon con la culata de un rifle, antes de colgarle del techo de sus brazos e interrogarle sobre las bandas. Declaró: “Me dijeron: vamos a jugar un pequeño juego […]. Se llama electrocución”. Le administraron choques en el abdomen, el cuello, el pene, las nalgas, la espalda, las manos: “Sentí como si mis tímpanos fueran a explotar”.
La orfandad siempre es dura y cuando es producto de una ejecución arbitraria genera una atribución de culpabilidad, impotencia ante la impunidad, deseos de venganza.
Muchas veces, estos niños no tienen quien se ocupe de ellos.“En el mejor de los casos, se mudan con parientes. El peor, a la calle. El aumento de muertes de proveedores del hogar también podría tener relación con el incremento de los niños en situación de calle”. Óscar Misle, Cecodap.
Constituye un problema de salud pública que impacta la vida de miles de niños y adolescentes. No solo individualmente, sino comunitaria y nacionalmente, y se inscribe dentro de una espiral de violencia.
La muerte de un padre que es el principal y/o único proveedor trastoca aún más la vida de una familia y del niño en particular (alimentación, escolaridad, nivel de vida, emocionalidad), agravado por el contexto socioeconómico de Venezuela.
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Muchos de los niños huérfanos tienen que vivir otro duelo: mudarse a la vivienda de algún familiar que asume su cuidado. Pierden no solo su casa, sus amigos, su entorno conocido. Incluso la escuela que le quedaba cerca de su casa.
Muchos se ven obligados a dejar la escuela para conseguir recursos y adoptar estrategias de sobrevivencia, desde el bachaqueo hasta el microtráfico de drogas y explotación sexual. Se ve afectada su salud mental, su rendimiento escolar y diferentes facetas de su vida.
