Gabriel Rodríguez fue excarcelado con medidas cautelares el lunes 26 de enero de 2026, tras un año y dos semanas detenido. Samantha Hernández sigue privada de libertad. 

Diez meses después de la detención de Gabriel en Lara, durante la tarde del 19 de noviembre de 2025, Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años, fue detenida en la casa de sus abuelos maternos en Caracas después de llegar del colegio.  

Samantha cursaba quinto año de bachillerato y es hermana del teniente Cristian Hernández, quien ha sido perseguido político, por lo que la familia teme que la detención de la adolescente sea una forma de represalia. 

“Se la llevaron sin ninguna orden de detención, sin orden de allanamiento”, declaró su madre, Ámbar Castillo, en un video difundido en redes sociales por medios y grupos de la sociedad civil . Tras la audiencia preliminar de la adolescente, el jueves 15 de enero, le notificaron que tendría próximamente su primera audiencia de juicio; aunque la jueza no fijó una fecha. Fue imputada por los delitos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir.  

La familia espera que Samantha pueda salir pronto de la entidad de atención para adolescentes en la que se encuentra recluida, donde su abuela materna puede visitarla dos días a la semana. Su madre, al igual que su hermano, no se encuentran en el país. Recalcan que la adolescente no ha incurrido en ningún delito por los cuales fue imputada.

El único adolescente condenado

Gabriel era estudiante de bachillerato, se destacaba en el béisbol y trabajaba durante sus vacaciones escolares en una panadería artesanal en Cabudare, estado Lara. Al mediodía del 9 de enero de 2025, sintiéndose mal y quebrantado, decidió tomar un autobús desde su empleo hasta un ambulatorio local. Al llegar, mientras caminaba entre el estacionamiento al aire libre cerca de la entrada, lo abordó un grupo de guardias nacionales. No tenían orden judicial ni mencionaron ningún delito que justificara el arresto. Solo dijeron que debían llevárselo porque lucía sospechoso: vestía una bermuda y suéter negro. Lo calificaron de “guarimbero” y lo vincularon con una concentración opositora a pocos metros, que ya había terminado. 

Lo llevaron al destacamento de la Guardia Nacional conocido como La Montañita. El 10 de enero fue trasladado al Centro Socioeducativo Aristóbulo Istúriz, en Barquisimeto, una entidad de atención para adolescentes en conflicto con la ley que hace pocos años llevaba el nombre de Pablo Herrera Campins y es conocido por los locales como Retén El Manzano.

El abuelo y la tía materna de Gabriel, junto al padre del adolescente, fueron por él en el centro socioeducativo. Foto cortesía. 

Tenía 16 años cuando fue detenido. En junio de 2025 cumplió los 17. 

Gabriel sufrió de fiebre y malestares producto de una infección durante el primer mes privado de libertad. El tratamiento prescrito por el doctor en el centro de reclusión no hizo efecto, y debieron recetar una segunda tanda de antibióticos para combatir la enfermedad. En septiembre, volvieron los dolores por un malestar estomacal. También sentía ansiedad y tenía signos de depresión. 

Su padre lo visitaba todas las semanas. Su tía y abuelo materno no tenían autorización para verlo, pero sí podían llevarle comida y agua, especialmente porque le habían dicho que el agua en el lugar no era recomendable para el consumo. Para la familia no era fácil llegar: debían viajar 14 kilómetros desde Cabudare hasta el sector El Manzano, un sitio que describen como inseguro. En ocasiones, caminaban hasta el lugar porque no había transporte público ni dinero suficiente para pagar el traslado.

Gabriel fue recibido en casa de sus abuelos por sus amigos, familia y comunidad. Foto cortesía.

La noche del 16 de diciembre de 2025, el adolescente fue condenado a 10 años (6 de prisión y 4 de servicio comunitario) por los delitos de terrorismo, cierre de vías e incitación al odio. Es el único menor de edad que fue privado de libertad en el contexto postelectoral que recibió sentencia.

 Su hermana mayor, Zharick Rodríguez, se pronunció en un video que fue publicado en medios y redes sociales tres días después. Detalló que Gabriel “logró terminar desde adentro de la prisión su último año de bachillerato y sacó 18.39 puntos, por lo cual fue admitido en la Universidad Lisandro Alvarado para estudiar ingeniería civil”. Pidió justicia para su hermano y para todos los adolescentes que estaban detenidos. 

La primera semana después del bombardeo fue difícil para Gabriel y su familia. Entre el 3 y el 10 de enero de 2026 las visitas fueron suspendidas. El centro socioeducativo aceptó sólo la entrega de alimentos y agua. El jueves de esa semana, 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció “procesos de excarcelación” y los familiares del adolescente vislumbraron una posibilidad de liberación. Su hermana pidió de nuevo su libertad de forma pública. El mismo Gabriel, enterado de la situación, mejoró su ánimo ante la idea de regresar a casa pronto. Pasaron dos semanas de espera antes de ser excarcelado.

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Patrón identificado

El caso de Gabriel Rodríguez y la detención de Samantha Hernández se inscriben en un patrón más amplio de criminalización de la adolescencia donde Cecodap ha expresado preocupación. Estos casos evidencian que las privaciones de libertad se producen sin orden judicial, sin flagrancia y con imputaciones desproporcionadas por terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, sustentadas en estigmatización y criminalización de los adolescentes.

Desde esta perspectiva, Cecodap ha sido enfática en señalar que el uso del delito de terrorismo contra adolescentes no solo carece de los elementos jurídicos esenciales que configuran esta figura penal, sino que constituye una regresión grave en materia de justicia especializada, al desconocer la Lopnna y los estándares internacionales que obligan a tratar la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible. Estas prácticas desnaturalizan el sistema penal juvenil, convierten la participación, la vida cotidiana y el ejercicio de derechos en una sospecha y en amenazas de seguridad del Estado. 

En consecuencia, Cecodap reitera que ningún adolescente debe ser tratado como terrorista por ejercer derechos fundamentales o por construcciones penales vagas y expansivas, y exige el cese inmediato de estas imputaciones, la revisión de las detenciones arbitrarias y la restitución plena de los derechos de quienes hoy permanecen privados de libertad, como Samantha Hernández, en coherencia con el principio de protección integral que el Estado venezolano está obligado a garantizar.