Un informe ejecutivo, presentado por Cecodap en colaboración con ECPAT International, revela una de las realidades más desafiantes de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en Venezuela: su normalización como estrategia de supervivencia en contextos de pobreza extrema, que puede incluir la participación de familiares. El documento, titulado «Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela – Hallazgos, Riesgos y Recomendaciones Estratégicas», subraya la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada.

El informe sitúa esta situación en el contexto de una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, donde factores como la pobreza estructural impactan de manera desproporcionada a la niñez y adolescencia. El 98% de los menores de 15 años y el 96% de los jóvenes entre 15 y 24 años viven en contextos de pobreza. Esta precariedad es un «facilitador crítico», por lo que la ESNNA se integra en las dinámicas familiares y comunitarias como un medio para afrontar la subsistencia.

ECPAT International es una red global comprometida con la eliminación de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, una meta que también forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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Hallazgos clave 

El diagnóstico presentado es exhaustivo y subraya la multidimensionalidad de la problemática, con la normalización de la explotación como un eje central:

• Participación familiar en la explotación: Uno de los hallazgos señalados es que el 56% de los casos identificados de trata de personas menores de edad en el sur del país involucró la explotación o el reclutamiento facilitado por familiares. El informe destaca que «la naturalización permite que muchas familias, por temas de supervivencia o por las razones que sea, tienen naturalizada la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en sus familias como un medio de supervivencia para la familia», apunta Fabio González, coordinador regional para las Américas de ECPAT Internacional, quien presentó los hallazgos de la investigación.
• Explotación en contextos de supervivencia: En zonas mineras y fronterizas, como el Arco Minero, Zulia, Delta de Amacuro, Táchira y Monagas, se ha documentado la explotación sexual de niñas desde los 7 años a cambio de bienes básicos, cigarrillos o gramos de oro. En estos contextos, la explotación es descrita como un «riesgo atado a la supervivencia».
• Reclutamiento entre pares: El informe señala un patrón donde adolescentes víctimas terminan reclutando a otras niñas. Esta acción no siempre se da bajo coacción directa, sino que puede ser resultado de «dinámicas familiares expulsoras y violentas» que llevan a que «las redes criminales terminan siendo un entorno mucho más amable para niñas y niños», percibiendo la explotación como una «mejor posibilidad» ante una situación que consideran «terrible».
• El entorno digital como espacio para la explotación normalizada: Plataformas como OnlyFans se utilizan para la explotación sexual, «muchas veces promovidas por familiares, nuevamente como un ingreso económico, como una medida naturalizada en supervivencia para los entornos familiares». Esto se suma al uso de Facebook, Instagram y Telegram para captación y manipulación. En 2023, Cyber Tip Line (plataforma online de denuncia de explotación sexual infantil en línea en los Estados Unidos) indicó que recibió 249.567 reportes desde Venezuela relacionados con material de abuso sexual infantil en línea. El uso de criptomonedas y entornos clandestinos dificulta el rastreo de estas actividades.

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Un Estado en deuda y una sociedad comprometida

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, manifestó: «La explotación sexual infantil no es un fenómeno aislado; es un reflejo de las múltiples debilidades acumuladas en el sistema de protección y del progresivo deterioro de las condiciones sociales y económicas del país. Esta es una deuda estructural con la infancia, pero no es irremediable”. 

Parte de la deuda que tiene el Estado con las infancias, para protegerlas de la explotación sexual, es la «brecha generacional importantísima» entre adultos y menores de edad, sumada a la falta de alfabetización digital en familias y docentes.

El informe detalla que el Estado venezolano «no cuenta actualmente con una política pública integral» para la prevención y respuesta frente a la explotación sexual. 

Además, González mencionó que la falta de articulación entre Estado, sector privado y sociedad civil, sumada a la ausencia de mecanismos de participación infantil y registros unificados, obstaculiza una respuesta coherente.

Pese a este panorama, el especialista mencionó que las organizaciones locales han mostrado una profunda resiliencia y capacidad de articulación en red. Lideran la atención psicosocial, jurídica y pedagógica, supliendo la ausencia de respuestas estatales. 

Por esa razón, afirmó que las campañas comunitarias son una excelente vía para prevenir la explotación sexual, sobre todo a nivel educativo pues permite abordar causas estructurales y crear factores de protección de manera directa.

“Defender a la niñez no es una causa sectorial; es el punto de partida para recuperar la humanidad en medio de la emergencia y aspirar a una sociedad justa», mencionó Trapani y agregó que «el silencio no es una opción», ya que «la explotación sexual no solo rompe la vida de las víctimas, sino que socava los cimientos de una sociedad que aspira a llamarse ser justa».

Cecodap y ECPAT International hacen un llamado a la movilización de la voluntad política, la coherencia técnica y el compromiso colectivo para asegurar entornos protectores, leyes pertinentes e instituciones funcionales que permitan cambiar esta realidad.

El informe completo está disponible para consulta pública, buscando que sea una herramienta para el análisis, el debate y la incidencia en la transformación de esta compleja realidad.