Táchira.- “¡Se volvió a ir la luz!”. Es la expresión que los niños, niñas y adolescentes conocen desde hace años en la frontera de los Andes venezolanos, en el Táchira, donde los cortes de electricidad pueden durar entre 5 y 8 horas.
“Yo sí me acuerdo de que hubo un tiempo en el que casi no se iba la luz. De un momento para acá, tipo 2017, fue que comenzaron las fallas”. Así lo recuerda Edward, un adolescente de 17 años que vive en la comunidad del 23 de Enero, una zona popular de la ciudad de San Cristóbal.
Sin embargo, la cuenta regresiva de la crisis eléctrica comenzó en el año en el que Edward nació, en 2009, cuando se decretó de manera oficial el primer plan de racionamiento eléctrico en Venezuela, aplicando cortes programados de electricidad a todo el país con excepción de la capital, Caracas. En este mismo plan se establecieron multas para comercios y hogares que superaran los límites de consumo y se prohibió la instalación de luces navideñas.
En el sector 23 de Enero se escuchan de fondo algunos niños y niñas jugando frente a sus casas, voces y risas que suelen ser interrumpidas por el ruido de algunas plantas eléctricas que se encienden en las tardes en las que suele fallar el servicio.
“Desde que yo tengo conciencia, siempre se ha ido la luz”, comenta Sebastián, quien tiene 11 años y es vecino de Edward en la comunidad. “Cuando no hay luz a mí me estresa, me aburro… luego se me pasa y me voy a jugar”.
Sebastián practica fútbol. Ha entrenado en escuelas deportivas y ha participado en torneos que se organizan en su comunidad. Él recuerda cómo en diciembre del año pasado (2025) los apagones protagonizaron algo inédito dentro de un campeonato en la cancha de Plaza Venezuela: “Tuvieron que hablar con la gente de Corpoelec para que no realizaran los cortes a las 7 de la noche sino en el día para que la final se pudiera hacer el 23 de diciembre”. Relata que en esa actividad participaron personas de todas las edades, hubo seguridad, tarima y “fue algo muy bonito”.
Comunidad del 23 de Enero. Fotografía de Keyler Guillén.
Nueve días en la incertidumbre
“Me sentí estresado todos los días sin luz, todo el día aquí donde mi abuela, porque qué iba a hacer en la casa. De paso, sin ventilador ni aire ni nada y esos calores en las tardes… fue muy feo”, recuerda Edward sobre los días de julio que estuvieron sin el servicio eléctrico. Su hermano Dyland, de 12 años, comenta que cuando se vuelve a ir la luz se siente “frustrado, es como rabia y todas esas cosas”.
Varias calles, carreras y veredas del 23 de Enero se quedaron sin luz desde el 5 de julio de este año, cuando varios transformadores explotaron y dejaron sin el servicio a 130 familias. Luego de varias solicitudes, la comunidad salió a protestar el 14 de julio en la conocida Quinta Avenida de la ciudad, reclamando una respuesta oportuna al problema que sumaba nueve días.
Luego de los reclamos, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) instaló los transformadores que fueron “repotenciados”, es decir, fueron actualizados algunos componentes críticos y se cambió el líquido aislante. Este procedimiento es una alternativa más económica frente a los precios de un transformador nuevo.
La comunidad ha gestionado en varias ocasiones a través de una “vaca” las colaboraciones de los vecinos para comprar y sustituir el cable que va desde el transformador hasta las líneas de transmisión, el cual se sulfata o se quema por la sobrecarga de energía.
“Nosotros perdimos comida que teníamos en la nevera, algunas tortas que se habían preparado para mis meriendas y logramos salvar unas cositas porque una vecina nos hizo el favor de guardarlas por esos días”. Quien cuenta lo vivido es Diego, tiene 11 años y junto a su mamá rememoran cómo fueron esos días para ambos, destacando la dificultad de ella para movilizarse debido a un accidente del que fue víctima cerca de esa fecha.
Perder comida se traduce en una afectación directa al bolsillo de las familias, sobre todo cuando sus ingresos son en bolívares en un territorio en el que la moneda de referencia es el peso colombiano (COP). Al recorrer las calles se pueden ver avisos en los que la carne tiene un costo que va desde los 22.000 hasta los 29.000 pesos (6,8$ y 9$ para la primera semana de septiembre), el kilo de pollo a partir de los 13.000 pesos (4$) y un cartón de huevos en 17.000 pesos (5,3$).
Su vecino Sebastián no sufrió la ausencia del servicio por los 9 días continuos porque su casa está conectada a la otra línea en la que se distribuye la electricidad en la misma comunidad, pero la experiencia de sus compañeros le recuerda al apagón nacional de 2019. “Cuando escucho las plantas, me acuerdo de cuando se fue la luz en todos lados por varios días, porque aprovechamos de cargar los teléfonos con las personas que tenían una, también con quienes tenían wifi con pila; así podíamos comunicarnos con nuestros familiares”.
Para 2020, el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos informó que su estudio ubicó a la ciudad de San Cristóbal como la más afectada por las fallas eléctricas, al recibir “las peores valoraciones de calidad del servicio eléctrico con 92,9%.”
Transformadores que fueron “repotenciados” para solucionar la falla en la comunidad del 23 de Enero. Fotografía de Keyler Guillén.
Cambios en las dinámicas
“Salimos temprano de la casa, como a las seis y media de la mañana, y en el colegio tampoco hay luz. También es un problema porque los paneles solares que hay en el colegio sirven hasta cierto punto y ya de ahí en adelante no hay más luz y es complicado ver, porque en la mayoría de los salones no hay ventanas”. Isabel Eugenia narra una de las consecuencias de los racionamientos eléctricos, tiene 11 años y vive en Arjona, municipio Cárdenas del estado Táchira.
En este territorio la luz se va de 5 a 6 horas diarias, aunque en ocasiones puede demorar más horas en llegar. Isabel cuenta que a algunos de sus compañeros y compañeras “les da mucho dolor de cabeza porque la mayoría usa lentes y no ver bien les afecta. También cuando uno, por ejemplo, está escribiendo, no se ve mucho la hoja, entonces escribo choreto, mal”.
Hay materias que cursa Isabel en las que las horas sin luz tienen mayor impacto, como el caso de Informática. “Es un problema porque durante la clase no podíamos ver nada, entonces el profesor nos ponía a jugar o nos hacía dictados o con una hoja nos hacía cualquier dinámica para no perder la hora en clase”.
Ella forma parte de la banda Funbaviv, conocida por participar y ganar en competencias de música nacionales e internacionales. Esa es una de las actividades extracurriculares que combina con otras, pero es la que más le preocupa: “Yo necesito imprimir las partituras y siempre que voy a una papelería cerca de la casa no se puede imprimir porque no hay luz. Eso a mí me afecta”.
Hay días en los que asiste a los ensayos junto a su hermano, quien también participa en la banda, pero no puede avisarle a sus padres que ya llegaron al sitio porque el teléfono que usan es el de su abuela y además no tiene datos. Al irse la luz por 5 horas, “ellos no saben si nosotros ya llegamos o no”.
Al preguntarle sobre qué hace cuando no hay luz, su rostro responde más rápido que sus palabras. Hace un gesto que combina con la subida de sus hombros y dice: “Me aburro, porque no tengo vecinas o niños de mi edad para jugar”. En su lugar, se ha dedicado a preparar gelatinas y recetas, hace dibujos y también juega con sus cartas de Pokémon. Cuando hay electricidad, juega con el teléfono de su abuela, ve partituras en internet y ensaya.
Si no hay luz en la noche, Isabel no se siente cómoda, “porque uno escucha, por ejemplo, un gato y la cosa y uno se asusta”. Cuando amanecen sin electricidad, a veces olvida tomar algunas cosas que debe llevar al colegio, porque no puede ver en la oscuridad. Los bombillos con batería y las velas ya se han gastado.
Para Isabel, la solución es que la luz sea un servicio regular “y que muy pocas veces se vaya o que no se vaya para que así sea mejor”.
La niñez y la adolescencia en Táchira han crecido en medio de la resistencia a la oscuridad, en un aprendizaje a contrarreloj para aprovechar lo poco que pueda haber de luz. Para Edward, Sebastián, Dyland, Diego e Isabel su infancia está marcada por esa partitura aprendida antes de que se descargara el teléfono, por el partido de fútbol que se jugó hasta que se fuera la luz, y las “vacas” comunitarias para solucionar los problemas.
Sus memorias guardan tanto el ruido de las plantas eléctricas como la incertidumbre de que un apagón puede ser por algunas horas o quizás por muchos días. Mientras, el servicio eléctrico estable, permanente, sigue siendo un derecho pendiente para los niños, niñas y adolescentes de la frontera andina.
Keyler Guillén
Corresponsal de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia en Táchira.
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Caracas, 25 de agosto de 2026.- La Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap advierten sobre el riesgo de acelerar un retorno presencial automático a las aulas en medio de los vacíos de información pública por plantel, considerando que el área educativa también ha sido afectada tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.
La evaluación documenta graves daños en las infraestructuras escolares, deficiencias en los servicios básicos, el impacto humano en las comunidades educativas tras el fallecimiento de algunos integrantes y la falta de datos técnicos públicos que garanticen un retorno seguro a las aulas, programado para el 14 de septiembre.
“Presentamos este informe, no para postergar el derecho a la educación, sino para exigir que el retorno a las aulas se haga garantizando de verdad el derecho a la vida y a la integridad de cada estudiante y docente. Iniciamos con una premisa inquebrantable: bajo ninguna circunstancia se puede educar arriesgando la vida de un niño”, apuntó Carla Serrano, integrante de la Redhnna y parte del equipo de investigadoras que desarrolló el Informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026.
Este documento recoge información publicada por redes educativas como AVEC y Fe y Alegría, así como reportes periodísticos de diferentes fuentes, entre ellas la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA). Además, incorpora 99 reportes ciudadanos exhaustivos que cubren centros educativos en las áreas más devastadas: La Guaira, Caracas y Miranda.
Según la consulta realizada a comunidades escolares, el 27,3% de los encuestados reporta daños graves (grietas profundas en columnas, caída de techos o colapsos) y el 33,3% señala áreas totalmente clausuradas.

“Más de una cuarta parte de los reportes ciudadanos alerta sobre daños graves: vigas y columnas fracturadas, techos caídos o áreas en colapso. Pero lo más alarmante es el 65,7% de reportes que marcan ‘daño leve’. Como defensoras advertimos: una grieta en el friso o la caída de mampostería puede parecer leve a simple vista, pero sin una evaluación técnica independiente de ingenieros nadie puede certificar la estabilidad real del plantel”, dijo Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, quien también formó parte de la sistematización de este informe.
Asimismo, el informe alerta sobre las fallas de servicios en las escuelas: el 56,6% reporta ausencia o fallas graves en internet y telefonía, comprometiendo la comunicación y posibles modalidades a distancia. Además, persisten severas deficiencias en agua potable, gas de cocina y transporte.
Aunque el Ministerio de Educación anunció la rehabilitación de 1.500 colegios, no existe información técnica pública, desagregada ni verificable que confirme si cada plantel está habilitado para su uso. Además, el impacto del sismo trascendió la infraestructura física, lo cual preocupa a las investigadoras.
“Sin certificación documentada de seguridad, habitabilidad y funcionamiento de los servicios básicos no se puede promover un regreso a las aulas. No se trata de oponerse al reinicio escolar. Se trata de exigir que el retorno sea seguro, verificable y diferenciado, porque no todas las escuelas ni todas las comunidades están en la misma situación”, recalcó el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani.
Tres “no negociables”
Durante la presentación del informe, Noelbis Aguilar, directora nacional del Programa Escuelas de Fe y Alegría Venezuela, enfatizó como vocera que el retorno a las aulas exige un compromiso firme con tres condiciones fundamentales que no admiten negociación: la habitabilidad técnica de los planteles, la dignificación constante del personal docente y la implementación urgente de un enfoque restaurativo para abordar el impacto psicoemocional tras los recientes eventos sísmicos.
Aguilar subrayó la necesidad de contar con un plan transparente de intervención donde las autoridades emitan certificados técnicos de habitabilidad tras reparar las estructuras afectadas.
“Para las familias, entregar a sus hijos en un espacio que presenta grietas visibles representa un factor directo de angustia, especialmente en un contexto de réplicas sísmicas constantes”, apuntó la vocera de Fe y Alegría.
Fernando Pereira, educador y cofundador de Cecodap, también intervino en la rueda de prensa para apuntar la necesidad del trabajo restaurativo como un enfoque de protección para las infancias. Insistió en que el reinicio de las actividades no puede abordarse desde la rigidez pedagógica habitual.
Para Pereira, la coyuntura exige una flexibilización profunda de los procesos académicos y administrativos que permita priorizar el acompañamiento psicoemocional de la comunidad educativa por encima del cumplimiento estricto de metas curriculares o trámites institucionales. Aboga por reorganizar las dinámicas escolares para que las primeras semanas se enfoquen en escuchar, validar miedos y ofrecer herramientas de afrontamiento, postergando la presión de la carga académica hasta que el entorno garantice estabilidad y seguridad psicológica.
Recomendaciones urgentes
El “Informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026” concluye con 10 recomendaciones:
- Prohibir la reapertura presencial en cualquier centro que no cuente con una certificación técnica documentada de habitabilidad y seguridad estructural.
- Publicar evaluaciones técnicas desagregadas por municipio y plantel, priorizando inspecciones e intervenciones inmediatas.
- Implementar un plan de atención psicosocial y primeros auxilios emocionales para estudiantes, familias y docentes, quienes además enfrentan condiciones socioeconómicas precarias.
- Diseñar un plan de transición y saneamiento para las escuelas utilizadas como refugios temporales o centros de acopio antes del inicio del año escolar.
- Garantizar alimentación, agua segura y transporte para prevenir el ausentismo y la deserción escolar.
La Redhnna y CECODAP hacen un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad de garantizar entornos de aprendizaje seguros y dignos, y exigen que la respuesta del Estado priorice el interés superior de la niñez por encima de calendarios administrativos.
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