Caracas.- Con motivo de los 100 días transcurridos desde los sismos del pasado 24 de junio, Cecodap y la Agencia Pana presentaron el informe Impacto de los terremotos en la niñez y adolescencia y riesgos de protección. El salón El Papagayo, en la sede de Cecodap en Caracas, se convirtió en el epicentro de una rueda de prensa la mañana del jueves 1 de octubre para actualizar las cifras de este análisis independiente sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) afectados por el desastre.

Este tercer informe, derivado de la recopilación y procesamiento de reportes públicos (como afiches de búsqueda y listas de heridos), arroja luces ante la ausencia de cifras oficiales que documenten la emergencia con perspectiva de infancia y de derechos. La investigación presenta una aproximación a la realidad para comprender los desafíos de la población infantil tras los sismos, pero no debe ser interpretada como una verdad estadística ni como una fotografía exacta del número de afectados.

Indira Rojas, coordinadora de la Agencia PANA.

La vocería, con intervenciones encabezadas por Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, e Indira Rojas, coordinadora de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA), trazó una radiografía rigurosa. «La emergencia no ha concluido: cambió de forma», advirtió Trapani.

Según afirmó, transcurridos tres meses del terremoto, la crisis se ha instalado en la cotidianidad de los hogares, las aulas y la dinámica del cuidado y la salud mental.

La radiografía de los datos

La presentación de datos, liderada por Rojas, ofreció la dimensión cuantitativa del impacto de los sismos en la infancia, producto de la sistematización y verificación directa de reportes públicos. Estos comprenden listas hospitalarias, afiches físicos y digitales de búsqueda, obituarios y fotografías y videos compartidos por familiares, docentes o instituciones vinculadas a los casos de niños, niñas y adolescentes afectados. 

En una segunda fase de la investigación, tras consolidar un total de 417 menores de edad desaparecidos, se verificó con cada familia el estatus actual del niño: continúa la búsqueda de al menos 144, un total de 201 fueron hallados ya fallecidos, y 37 fueron encontrados vivos.

El informe consolida un registro de 3.267 niños, niñas y adolescentes afectados en total. Este universo se desglosa en las siguientes categorías clave:

Geografía de la crisis y la movilidad interna

Aunque La Guaira se mantiene como la zona cero de origen, concentrando 1.326 NNA afectados, la dinámica del desplazamiento interno expandió el impacto de la emergencia hacia múltiples entidades del país. 

Los principales estados receptores de NNA desplazados son Monagas (311), Nueva Esparta (277), Trujillo (240), Miranda (238) y Barinas (224). Rojas y Trapani precisaron que estos niños y adolescentes no se encuentran desamparados en calles o plazas, sino que se trasladaron junto a sus núcleos familiares y han sido acogidos mayoritariamente en viviendas de familias extendidas, lo que a su vez genera sobrecarga económica y hacinamiento en los hogares receptores.

«Estamos viendo infancias que deben adaptarse a nuevos espacios, a nuevas personas, sin saber muy bien qué ha pasado con algunos familiares, amigos y conocidos. No se sienten seguros al atravesar esos cambios», precisó Rojas.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap (derecha).

Niñez, la más vulnerable

La primera infancia y niñez (0 a 11 años) constituye el grupo etario más vulnerado, alcanzando 1.019 NNA (31,19% del total de afectados).

Al analizar la severidad dentro de este rango de edad, se evidencia la magnitud de la tragedia: 336 fallecieron (32,97%), 257 se encuentran en desplazamiento interno (25,22%), 210 resultaron heridos (20,61%) y 113 fueron rescatados (11,09%). 

Los y las adolescentes (12 a 17 años) representan 423 casos (12,95%).

El número de niños y niñas afectados solo es superado por la categoría “NNA en un mismo reporte” (con 1.447 registros), la cual agrupa casos colectivos que incluyen tanto a adolescentes como a niños sin detallar la cantidad exacta correspondiente a cada grupo etario. En su mayoría, estos registros corresponden a reportes de niñez y adolescencia trasladada hacia otros estados.

Por género, además, se registraron 720 varones y 586 niñas y adolescentes, quedando un saldo significativo sin precisar debido al carácter grupal de los registros iniciales. «Un grupo amplio permaneció en los registros con barreras de información, lo que revela el caos en la trazabilidad y seguimiento institucional de las víctimas durante las primeras semanas», explicó la coordinadora de la Agencia PANA.

Los cuatro movimientos de protección

En la segunda parte del evento, Carlos Trapani abordó el mapa de riesgos de protección expuesto en el documento técnico adjunto, el cual categorizó la situación en cuatro dinámicas o «movimientos»:  riesgos contenidos, los que se mantienen, agravados y emergentes.

“Contener no significa resolver, y lo que preocupa es la normalización de esta contención que no resuelve a largo plazo” aclaró el también abogado. Acotó que específicamente las dos últimas categorías nos ubican en el contexto actual de las infancias y adolescencias a 100 días tras los sismos. 

Los riesgos agravados implican la prolongación de la emergencia en el tiempo. Observamos que se profundizan las fallas estructurales previamente existentes y se deteriora el acceso a derechos fundamentales: ausencia de información pública oficial, parentalización de la adolescencia y exclusión educativa. A dicha capa se suman aquellos riesgos emergentes que surgen cuando la emergencia deja de ser prioritaria en la agenda pública y mediática, se normaliza la precariedad y se descuida la privacidad de los involucrados. 

Para concluir, Trapani insistió en que el éxito en una emergencia no se mide por la cantidad de insumos entregados sino por la  restitución efectiva e integral de los derechos de la infancia . Para ello, planteó las siguientes premisas fundamentales: trascender la visión asistencialista para dejar de ver a los NNA como víctimas y reconocerles como ciudadanos autónomos, con capacidad de decisión y empoderamiento ciudadano; evitar la normalización de la precariedad; y reparar el tejido protector emocional.

“La reconstrucción tras un desastre no abarca únicamente levantar paredes o reparar infraestructura física; implica sanar el tejido social, familiar y psicosocial que sostiene la vida de los niños”, afirmó.

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DESCARGA AQUÍ:

Tercer informe sobre el impacto de los terremotos en la niñez y la adolescencia y riesgos de protección

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