Caracas.- “Voy a cambiar a Gaby este año. Va a terminar el bachillerato en otro liceo. Ya no aguanto las peleas y los malos tratos de sus compañeros. Es horrible todo lo que se ve”.

Nubia, madre de una adolescente de 15 años, no se explica por qué tanta violencia. Su hija cursa el cuarto año en un liceo privado en la parroquia Coche, al sur oeste de Caracas. “Las golpizas entre hembras y varones, hembras con hembras, varones con varones, son a cada rato. Los profesores no detienen eso, pareciera que no pueden controlar a los salones. Voy a cambiar a mi hija. Su grupo (de cuatro compañeros) también migrará a otro liceo”, añade.

El plantel donde estudia es un espacio pequeño y tiene un solo patio para el recreo común. La matrícula es baja también. Es una comunidad educativa de un solo salón por año. “No debería ser difícil mantener el orden”, dice Nubia con pesar. En ese mismo plantel estudió su hija mayor, quien se graduó hace cuatro años. “Esa violencia no la vi en ese entonces, estoy desesperada. Los profesores y la directiva no hacen nada, parecen estar de manos atadas”.

¿Y los acuerdos de convivencia?

La violencia escolar, según la Unicef, reduce el rendimiento de los y las estudiantes, así como el del personal docente, y también incide en el abandono escolar. En el caso de Gaby, la está obligando a salir de un espacio que creía seguro. Incrementa las posibilidades de perpetuar la pobreza, el analfabetismo, la asimetría de poder e, incluso, la mortalidad temprana.

Aunque con cada comienzo del ciclo escolar se establecen acuerdos para la convivencia y en el momento de las inscripciones escolares los padres y representantes deben firmar esos acuerdos, en la mayoría de las instituciones educativas no existen procedimientos para prevenir la violencia entre pares.

Este 2025 se reportaron casos, especialmente aquellos de dominio público, en los que se presentaron autoridades del Estado para proponer una solución al problema. Su enfoque, sin embargo, era sancionatorio, como sucedió a finales de enero de 2025 en la Unidad Educativa Nacional Juan Escalona, en el estado Miranda. 

Dos estudiantes de esta escuela, ambas de 15 años, fueron detenidas el 27 de enero por agredir verbal y físicamente a una compañera de 13. Las acusaron por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional en grado de frustración, violencia y agavillamiento. 

Además se solicitó medida privativa de libertad para las jóvenes y que fueran  recluidas en el centro de Atención José Gregorio Hernández, en la parroquia Antímano. El fiscal general, Tarek William Saa, dijo, para la fecha, que otras tres adolescentes serían “severamente sancionadas” por ser consideradas “cómplices” de este hecho, ya que grabaron la trifulca y publicaron el video en redes sociales. 

 

 

 

 

 

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La noche del 28 de enero, un adolescente de 15 años, estudiante de ese mismo plantel, también fue detenido por cuerpos de seguridad por haber lanzado por un barranco a un compañero de clases.

Saab dijo en sus redes sociales que para el caso se designó a la fiscalía 66 con competencia nacional y la 116 del Área Metropolitana de Caracas para investigar y buscar sanciones contra el adolescente, a quien imputarían por la presunta comisión de los delitos de homicidio preterintencional en grado de frustración y agavillamiento. 

Además, indicó que se solicitará sostener la medida de privativa de libertad para que se cumpla en la Entidad de Atención para Varones “Los Cocos” en el estado Nueva Esparta, 478 kilómetros lejos de su residencia y de su familia. Una vez que los casos dejan de ser mediáticos se desconoce a profundidad el estatus de las medidas solicitadas y el impacto de la violencia sobre la víctima, el agresor, sus familias y la comunidad educativa. 

En el liceo donde estudia Gaby no han llegado a viralizar las golpizas y no han recibido ninguna “intervención”, como la vista en la Unidad Educativa Nacional Juan Escalona.

Hay otros planteles atravesando situaciones similares. Una fuente del sindicato de maestros (quien pidió el resguardo de su identidad por seguridad) comentó que conoce tres escuelas en la parroquia Antímano donde han suspendido los recreos en el patio para evitar actos violentos entre los alumnos, situación que violenta el derecho a la recreación y el acceso a un espacio seguro para jugar y garantizar un desarrollo integral. 

La violencia viral en la mira

Antes de lo ocurrido en la Unidad Educativa Nacional Juan Escalona no había información de los casos de acoso o de violencia escolar. Luego de esos sucesos, el Fiscal General informó que 80 adolescentes fueron condenados en los últimos siete años por situaciones derivadas del acoso escolar. 

En ese mismo lapso, se generaron 1.036 denuncias de maltrato y abusos entre niños, niñas y adolescentes, se identificaron 1.089 víctimas y se imputaron a otras 254 por estos hechos.

Esas cifras que proporcionó el Ministerio Público el pasado 19 de febrero dan cuenta de que el problema persiste, pero no se trata de manera estructural. 

El 30 de enero fue que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, hizo referencia a la violencia escolar. Durante la instalación de la segunda fase del Plan Nacional de Formación Docente, destacó el rol que tiene la escuela en la formación de ciudadanos con valores y exhortó a los docentes a conocer el entorno de los niños y adolescentes más allá del colegio. 

“Ir más allá de los hechos y buscar la causas para atenderlas. Cada niño es un mundo y cada escuela es un mundo y nosotros somos responsables de conocer qué hay detrás de la violencia de ese niño que llega al colegio a maltratar a sus compañeros. Un docente bien formado y preparado está en capacidad de detectar esos problemas y resolverlo en la misma escuela, porque casi siempre la violencia en niños es porque hay un entorno violento”, argumentó.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, señaló en aquel momento que era importante aclarar ciertos puntos ante la violencia escolar que se convierte en un acontecimiento viral. “El video por sí solo no permite identificar si el hecho constituye una situación de acoso escolar. Sin embargo, es una situación de violencia inaceptable que debemos rechazar, condenar y, sobre todo, prevenir”. 

Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadre, estima que en estos casos hay que contextualizar una serie de situaciones que están conformando potenciales eventos que afectan la convivencia.

“Aquí urge hacer un seguimiento en el tiempo de estas situaciones. El acoso escolar es una conducta persistente, es una conducta constante hacia un determinado individuo. Es muy ligera la afirmación del Ministerio Público de calificar esos hechos como acoso escolar. Hay muchas aristas para ese débil manejo. Hay desconocimiento y aquí se requiere la presencia tutelar para trabajar en todos los sentidos, y no sacando la bandera mediata para mostrar delitos donde no los hay. ¿Y el interés superior del niño?”

Hernández, a pesar del pronunciamiento del ministro Rodríguez, consideró que imperó el silencio. Tanto la agredida como sus agresoras son, de alguna forma, víctimas al no saber qué está pasando y  desconocer el contexto personal y familiar. “Hay que revisar incluso a la institución, hay que buscar el detonante. Pero (en el caso del colegio Juan Escalona) se penalizó de inmediato”.

En materia legal, Trapani explica que la privación de libertad no debería ser la primera medida a tomar para los adolescentes imputados por algún delito, ya que se trata de una medida extrema.

Además, según lo que puede verse en el breve video, podría analizarse el caso bajo otros tipos penales. La intimidación y el amedrentamiento por ejemplo, podrían calificarse como amenazas genéricas o lesiones psicológicas, según lo que determine la legislación vigente.

Tarek William Saab expresó días después de que se difundiera la agresión filmada entre las compañeras del colegio que según las investigaciones la adolescente había sido víctima de otros actos de violencia en el colegio, por lo que se podía considerar un caso de acoso escolar. 

El después a largo plazo

Cuando la violencia escolar se visibiliza de forma mediática, o se señala como un “escándalo”, se desdibuja la crisis que afecta a los niños, niñas y adolescentes, opaca las cifras, desvirtúa las soluciones y agranda la brecha hacia la justicia.

La violencia escolar afecta principalmente a los estudiantes pero también a otros actores de la vida escolar como docentes, directivos y representantes. Para quienes son señalados y detenidos ocurre de inmediato una ruptura en su rutina escolar, es decir se dificulta la continuidad académica y se interrumpe la posibilidad de compartir el espacio formativo con amigos y adultos de confianza; hay una separación abrupta del núcleo familiar, estigmatización (en el caso de los agresores) y revictimización (en las víctimas).

“Al tomar esas medidas, nunca se pensó en asesoramiento psicológico, en el tratamiento para estos traumas emocionales importantes producto de una detención, que además es absolutamente diferente de lo que pasa con un adulto”, dice Nancy Hernández.

Sobre las víctimas, Tarek William Saab dijo el miércoles 29 de enero que se les había ofrecido atención psicológica, igualmente a los padres, de forma que puedan mejorar su desempeño escolar”.

A la deriva 

El marco legal venezolano presenta vacíos que dificultan el abordaje de la violencia escolar y la aplicación de medidas contra las y los agresores. En muchos casos, las víctimas quedan desprotegidas o los victimarios son juzgados por delitos que no reflejan la naturaleza del caso.

La violencia escolar no está tipificada en el marco legal venezolano, pero la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) establece disposiciones que respaldan la protección de la niñez y la adolescencia. Así mismo, la Ley Orgánica de Educación indica que “ante cualquier incidente de indisciplina que involucre estudiantes debe aplicarse, en un primer momento, medidas alternas de resolución de conflictos, sea conciliación o mediación. Aunque, sin duda, hay casos donde la articulación con el sistema de protección es indispensable”, explica Carlos Trapani. 

Las consecuencias del acoso escolar sí pueden ser encontradas como delitos en la legislación venezolana: aquellas que podemos tipificar como amenazas, violencia física, o violencia psicológica. Incluso la revelación indebida de data o información de carácter personal (que suele ocurrir en el ciberacoso) está contemplada como un hecho punible en la Ley de Delitos Informáticos. 

El Fiscal General destacó que si el acoso escolar como delito o falta no está previsto en la ley, “ahora con la reforma constitucional, pensando en la defensa del niño, niña y adolescente, habrá que incluirlo para legislar de manera precisa”. Añadió que el Ministerio Público presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para que la violencia entre adolescentes no sea “normalizada”.

“Esa normalización de acciones que para nada eran humanas ni expresaban la convivencia entre adolescentes fue escalando en acciones que, algunas de ellas, han terminado con víctimas fatales y con sanciones de nuestra parte”, comentó durante un foro.

De esa propuesta solo hay el enunciado de la Fiscalía. Ni el Ministerio de Educación ni las defensorías ni los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes han hecho expresiones públicas al respecto. 

El 20 de julio de 2021 ingresó al Parlamento el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar, “la cual persigue prevenir y proteger a los niños y adolescentes de cualquier forma de acoso escolar, así como brindarles protección integral a las víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad y el libre desarrollo de la personalidad, bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad”.

La iniciativa, evaluada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene tres capítulos y 24 artículos. El artículo 19 resalta la creación del Consejo de Convivencia Pacífica Escolar como organismo rector para el diseño del Plan Integral Pacífico Escolar.

En abril de 2022, la Asamblea Nacional la aprobó en primera discusión y en mayo el Fiscal General lanzó un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, gestionado por la Dirección de Protección Integral a la Familia, en conjunto con fiscalías superiores de todos los estados del país.

En junio de ese mismo año, María Fernanda Innecco, jefa de la cátedra Derecho de Familia y abogada del Centro de Clínica Jurídica Padre Luis M. Olaso s.j., dependencia adscrita a la Extensión Social de la UCAB, destacó que a ese anteproyecto le faltaba mucho:

“Hay estrategias de sanciones, del buen trato para evitarlo, pero en los artículos hablan de toda la comunidad educativa o cualquier persona que cometa estos actos contra la víctima; estamos mezclando adultos con niños. Son diferentes procesos penales. Me estás metiendo en un mismo marco legal al adolescente o niño que comete el acoso, pero también a un adulto al que debo sancionar desde otro plano. Hay que tener cuidado al momento de la promulgación. Es importante verificar esos términos”.

Del Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar no se sabe nada más. En la página web de la Asamblea Nacional, para el 1 de noviembre de 2025, solo aparece que fue aprobado en primera discusión.

La Fiscalía también había informado la activación de la línea telefónica 0800 Bullying (2855464), para atender estos casos en un horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. En dos oportunidades, para efectos de verificación, se marcó el número y no hubo respuestas. 

Ante el caso de la Unidad Educativa Nacional Juan Escalona se desempolvó el plan de prevención. El 29 de enero de 2025, el Ministerio Público abordó 14 aulas en ese plantel para dar a conocer el plan y “para decirle no al acoso escolar”, anunció el Fiscal General.

Tarek William Saab de visita en el colegio. Foto: Ministerio Público.

También se habló de la incorporación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a este programa y la asignación del Ministerio Público como órgano rector. 

Los consejos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que dependen de cada municipio, son la instancia primaria para recibir y tratar las denuncias. En el caso del municipio Libertador, se solicitó información y el funcionario que se encontraba en atención al público dijo que no les había llegado contenido sobre el plan de prevención escolar. 

Tampoco dan información, por no estar autorizados, de cuántas escuelas están visitando para ofrecer charlas de concientización, cuántos casos llevan en el Distrito Capital y cómo es el tratamiento de víctimas y agresores. 

Solo sugieren hacer un escrito (a docentes, padres y representantes), en el que se exponga si hay violencia en el plantel y si se requiere una charla, para luego llevar el documento al consejo de protección pertinente para gestionar el apoyo con visitas de los funcionarios y encuentros preventivos.

Personal del CMDNNA en la estación del Metro La Hoyada hablaron sobre el acoso y el abuso infantil. Tenían a mano este fotello, pero no podían repartir el material porque solo contaban con uno. Foto: Mabel Sarmiento.

La aplicación de los acuerdos de convivencia o de los reglamentos por sí solos son poco efectivos si no están respaldados por la reflexión de los actos de violencia. Desde Cecodap se han reunido algunas posturas que poco ayudan: la necesidad de mantener el prestigio de la institución sobre todas las cosas, la invisibilización del problema estructural por creer que se trata de hechos puntuales y nada más o la idea de que las condiciones externas son tan adversas que no vale la pena hacer nada desde el núcleo educativo.

Tampoco aportan una resolución del conflicto la constante culpabilización de las familias, la creencia de que al asignar a una persona encargada de la seguridad y el orden del plantel es suficiente, y el apostar únicamente a las sanciones creyendo que las leyes, por sí solas, son la solución.

Hay que saber diferenciar entre violencia escolar y acoso escolar. Los actores de la violencia escolar son diversos, como bien lo muestran las investigaciones de Cecodap durante sus 40 años, y tiene rasgos específicos: la violencia se produce en el centro educativo, las relaciones autoritarias entre docentes y alumnos favorece su presencia, y se expresa en agresiones entre estudiantes, de profesores a alumnos y viceversa, así como en el vandalismo, enfrentamientos, amenazas e incluso consumo y tráfico de drogas. 

Sobre el acoso y la violencia escolar hay un punto clave: la educación y la convivencia. El diálogo es necesario para conocer lo que pasa a los alumnos, a los docentes, al personal administrativo y a la familia. No hay que olvidar que el sistema educativo también enfrenta otros dilemas, que marcan la pauta de las prioridades en cada escuela.