La preocupación por la convivencia escolar, el bienestar y los efectos del uso inadecuado de tecnologías es legítima y merece atención. Esta inquietud se ha generalizado entre las comunidades educativas de Venezuela y en este año escolar hemos visto cómo cada vez más los centros educativos se suman a la prohibición de manera general del ingreso o uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos, como una forma de minimizar esa angustia entre los adultos. 

Ante este comportamiento popularizado, corresponde preguntarse si respuestas uniformes y exclusivamente restrictivas son compatibles con el derecho a la educación, el desarrollo progresivo de la autonomía y el acompañamiento que requieren niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.

El desafío del enfoque de derechos

En Cecodap consideramos necesario aportar una reflexión desde el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes: la discusión no debería reducirse a elegir entre permitir el uso de dispositivos sin criterios o prohibirlos de forma absoluta. 

El desafío consiste en diseñar reglas escolares que respondan a una finalidad pedagógica y de protección, considerando la edad, el nivel de desarrollo, las capacidades evolutivas y las distintas necesidades de los estudiantes. Educar en el uso responsable de la tecnología exige regulación, acompañamiento y formación; no únicamente restricciones generales que pueden desplazar fuera de la escuela un aprendizaje que también forma parte del derecho a la educación.

Los teléfonos celulares y otros dispositivos digitales forman parte del entorno cotidiano en el que hoy crecen niños, niñas y adolescentes. Estas tecnologías pueden favorecer procesos de aprendizaje, acceso a información, comunicación, participación, inclusión y desarrollo de habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad contemporánea. 

Al mismo tiempo, generan riesgos vinculados con distracciones, conflictos de convivencia, exposición a violencia digital, sobreuso, afectaciones al bienestar emocional o utilización inadecuada de contenidos y plataformas. Reconocer y minimizar estos riesgos exige respuestas institucionales y educativas. 

Sin embargo, identificar un problema no significa que toda solución deba traducirse en una prohibición absoluta, uniforme o desvinculada de tres aspectos importantes para la toma de decisiones sobre situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes: la edad, el nivel de desarrollo y las necesidades específicas de los estudiantes.

La invitación del Comité de los Derechos del Niño

La Observación General N.º 25 del Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos de los niños en relación con el entorno digital reconoce que las tecnologías y los espacios digitales forman parte de la experiencia educativa contemporánea y que la protección de niños, niñas y adolescentes exige algo más que limitar dispositivos. 

El Comité propone fortalecer la educación digital, formar a docentes y acompañar a las familias para desarrollar capacidades que permitan un uso seguro, crítico y responsable de la tecnología. Desde esta perspectiva, excluir la tecnología no reemplaza el desafío educativo de enseñar a convivir con ella.

Entender el contexto país 

Esta discusión también requiere mirar el país en su diversidad. Existen profundas diferencias entre territorios donde el acceso a electricidad, internet y dispositivos es relativamente estable y otros donde la conectividad sigue siendo limitada, intermitente o incluso inexistente. 

Para muchos niños, niñas y adolescentes, especialmente en zonas rurales, comunidades fronterizas o territorios donde persisten fallas de electricidad y conectividad, la tecnología no constituye una distracción cotidiana sino una oportunidad escasa de acceso a información, aprendizaje y comunicación. En ese contexto, resulta necesario preguntarse si las respuestas que hoy se están adoptando buscan atender problemas asociados al uso excesivo de tecnología o si corren el riesgo de aplicarse de manera uniforme en realidades donde el principal desafío sigue siendo el acceso desigual al entorno digital. 

Pensar políticas escolares sobre dispositivos exige reconocer estas diferencias para evitar que medidas aparentemente iguales produzcan impactos desiguales sobre el derecho a la educación.

Orientaciones para la comunidad educativa

Desde esta perspectiva, Cecodap considera oportuno formular algunas recomendaciones orientadas a construir políticas escolares compatibles con el derecho a la educación, el interés superior del niño y el desarrollo progresivo de capacidades.

1. Sustituir las prohibiciones generales por reglas diferenciadas según edad, finalidad educativa y momento de uso

Las escuelas pueden establecer límites al uso de teléfonos celulares y otros dispositivos, pero estos deberían responder a criterios claros y conocidos por estudiantes y familias. No necesariamente requiere la misma regulación un niño o niña de educación inicial, primaria o un adolescente de educación media. Por ejemplo, pueden establecerse restricciones durante actividades académicas específicas, definir momentos y espacios autorizados para el uso, prever usos pedagógicos cuando exista finalidad educativa y contemplar excepciones justificadas por razones de salud, accesibilidad, seguridad o comunicación familiar. El objetivo no debe ser únicamente retirar el dispositivo del espacio escolar, sino enseñar progresivamente cómo utilizarlo de manera responsable.

2. Incorporar educación digital como parte de la convivencia escolar y no limitar la respuesta al control

Las medidas que regulen el uso de teléfonos y tecnologías, cuando existan, deberían formar parte de una estrategia educativa más amplia y no convertirse en la única respuesta institucional. Existe amplia investigación científica sobre los beneficios de la educación para la comunicación y la información, alfabetización mediática o educomunicación. Las escuelas pueden incluir espacios para abordar estos contenidos, no solo para que adquieran competencias técnicas, sino también (y sobre todo) para la convivencia en línea, pensamiento crítico frente a contenidos, participación, libertad de expresión, prevención de violencia digital, manejo del tiempo de pantalla, privacidad, participación responsable, autocuidado, uso responsable de tecnologías y capacidades para ejercer derechos y asumir responsabilidades en el entorno digital.

3. Garantizar que las medidas sean conocidas, comprendidas, monitoreadas y evaluadas periódicamente

Las normas sobre uso de dispositivos no deberían introducirse únicamente mediante circulares o mecanismos informativos. Resulta recomendable explicar sus objetivos pedagógicos, establecer canales para resolver dudas y generar espacios periódicos de revisión que permitan identificar efectos no previstos, dificultades de implementación y necesidades de ajuste. El conocimiento y la comprensión de las reglas favorecen mayor cumplimiento que respuestas centradas exclusivamente en la sanción.

Asimismo, las escuelas que implementen estas medidas deberían evaluar de manera objetiva sus efectos sobre la convivencia escolar, las dinámicas de interacción y el bienestar de los y las estudiantes. Una mayor interacción entre estudiantes no constituye por sí misma un resultado positivo si ocurre en contextos de violencia física, verbal, relacional o exclusión. Del mismo modo, cambios en hábitos o de  convivencia requieren tiempo para ser observados y valorados. Evaluar periódicamente permite identificar avances reales, efectos no deseados y oportunidades de mejora.

4. Incorporar criterios de flexibilidad y prever excepciones justificadas

Las normas escolares deben reconocer que existen situaciones que requieren respuestas diferenciadas. El uso de dispositivos puede cumplir funciones vinculadas con salud, accesibilidad, discapacidad, apoyos para el aprendizaje, comunicación familiar o condiciones particulares de seguridad. Por ello, cualquier regulación debería contemplar procedimientos claros para solicitar autorizaciones o realizar ajustes razonables que eviten impactos desproporcionados.

5. Diseñar respuestas educativas y proporcionales frente al incumplimiento

La regulación del uso de dispositivos debe establecer con anticipación qué ocurre ante situaciones de incumplimiento y privilegiar respuestas pedagógicas y restaurativas antes que exclusivamente disciplinarias. Conversaciones, orientaciones, actividades formativas, acuerdos con familias o medidas progresivas suelen ser más efectivas que sanciones automáticas. La retención prolongada del dispositivo, restricciones que afecten el proceso educativo o medidas desproporcionadas deberían evitarse y evaluarse cuidadosamente.

6. A docentes y equipos educativos: acompañar y educar, además de supervisar

El personal docente necesita orientaciones claras para gestionar el uso de dispositivos en el aula sin trasladar toda la respuesta al terreno disciplinario. Resulta recomendable fortalecer herramientas para el manejo pedagógico de la tecnología, prevención de violencia digital, resolución de conflictos, promoción del bienestar emocional y construcción de acuerdos de convivencia.

7. A las familias: evitar respuestas extremas y fortalecer el acompañamiento progresivo

Las familias cumplen un papel central en la relación de niños, niñas y adolescentes con la tecnología. Frente a los riesgos del entorno digital, es frecuente que algunas opten por prohibiciones absolutas o respalden medidas escolares muy restrictivas, mientras que otras prefieran dejar completamente la decisión en manos de sus hijos e hijas. Ninguno de estos extremos sustituye el acompañamiento cotidiano.

Educar en el hogar para el uso responsable de la tecnología exige establecer acuerdos claros, conversar sobre riesgos y oportunidades, observar hábitos de uso, promover espacios sin pantallas y ampliar progresivamente los márgenes de autonomía según la edad, el nivel de desarrollo y la capacidad para asumir responsabilidades.

El objetivo no debería ser vigilar permanentemente ni renunciar a orientar, sino acompañar el aprendizaje para que niños, niñas y adolescentes desarrollen criterios propios para desenvolverse de forma segura y responsable.

8. A las autoridades educativas: elaborar lineamientos orientadores y evitar respuestas exclusivamente sancionatorias

Las autoridades educativas del Estado deberían promover orientaciones que apoyen a los centros educativos en el diseño de políticas de uso de dispositivos basadas en evidencia y con enfoque pedagógico. Esto incluye generar criterios mínimos sobre participación, protección de datos, uso educativo de tecnologías, medidas disciplinarias proporcionales y mecanismos de seguimiento.

9. Al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes: incorporar el entorno digital como parte de las políticas de protección integral

Consejos de protección, defensorías, órganos administrativos, judiciales y demás actores del sistema de protección deben reconocer que el entorno digital ya forma parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Esto exige fortalecer capacidades institucionales para prevenir violencia digital, orientar a familias y activar respuestas especializadas cuando existan situaciones que afecten derechos.

10. Escuchar la experiencia de niños, niñas y adolescentes

Toda decisión que se adopte en las escuelas sobre el uso de dispositivos debería incorporar mecanismos periódicos para conocer cómo viven los estudiantes las medidas adoptadas, qué dificultades enfrentan y qué ajustes requieren. Escuchar no significa trasladarles la responsabilidad de decidir, sino reconocer su derecho a participar en asuntos que afectan su vida escolar.

La escuela debe seguir siendo un espacio protegido. Sin embargo, proteger no puede significar aislar a niños, niñas y adolescentes de las herramientas que forman parte de su presente y de su futuro. El desafío no consiste en sacar la tecnología de la escuela, sino en fortalecer capacidades para que niños, niñas y adolescentes aprendan a utilizarla de forma segura, responsable y compatible con el derecho a la educación.