Tras los recientes eventos sísmicos que sacudieron al país, la habilitación de campamentos transitorios ha sido una medida necesaria y valiosa para dar alojamiento, alimentación y atención médica inicial a las familias que perdieron sus hogares. Sin embargo, la permanencia prolongada en entornos colectivos expone a los niños, niñas y adolescentes a nuevos riesgos invisibles que exigen extremar de forma urgente las medidas de protección.

A partir de un monitoreo y acompañamiento en terreno realizado por el Servicio de Atención Psicológica Crecer sin Violencia de Cecodap en el estado La Guaira, se sistematizó un conjunto de hallazgos para alertar a las autoridades y presentar recomendaciones para incorporar en una política pública orientada a garantizar el desarrollo y el bienestar de la niñez en contextos de emergencia.

Riesgos comunes de la transitoriedad

La visita a campamentos transitorios en La Guaira permitió ver que en los sitios observados, entre el 7 de julio y el 11 de julio, se brinda una respuesta inmediata a las familias afectadas y cuentan con la presencia de instituciones públicas, organizaciones humanitarias y equipos de salud que desarrollan acciones orientadas a garantizar alojamiento, atención médica y apoyo psicosocial.

El equipo técnico de Cecodap constató en terreno que, a medida que la fase crítica de la catástrofe da paso a la permanencia indefinida, la protección infantil se debilita. Aunque las infraestructuras de alojamiento temporal ofrecen un techo, no resuelven por sí solas las dinámicas de convivencia y el impacto emocional de las familias.

Entre los principales riesgos transversales identificados en los espacios visitados destacan:

• Fragilidad de rutinas protectoras: La falta de una programación diaria estable para niños, niñas y adolescentes prolonga la incertidumbre, dificulta su regulación emocional y entorpece la recuperación de la normalidad.

• Deterioro de la salud mental y desgaste familiar: El trauma del sismo se suma a la angustia de los cuidadores por no tener un futuro claro, lo que sobrecarga a las familias y reduce su capacidad para brindar una supervisión segura.

• Vulnerabilidad y salvaguarda laxa: La presencia constante de múltiples actores temporales o visitantes no acreditados, sumada a la debilidad de los controles de acceso, incrementa los riesgos de exposición a la violencia, abuso o separación temporal de cuidadores.

• Invisibilización de sus opiniones: Se evidencia la ausencia de mecanismos formales para escuchar a los propios niños, niñas y adolescentes sobre las condiciones que afectan directamente su bienestar cotidiano.

• Condiciones sanitarias básicas: Limitaciones en el acceso constante a agua potable, saneamiento y espacios adecuados para la higiene menstrual, lo que repercute con mayor fuerza en la población infantil y adolescente femenina.

Recomendaciones al Sistema de Protección y Autoridades Competentes

La protección infantil en emergencias no consiste únicamente en responder cuando ocurre una vulneración; su finalidad principal es la prevención y la identificación oportuna del riesgo.

Frente a este escenario, la organización realiza unas recomendaciones a las autoridades del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, a los actores estatales en el terreno y otras organizaciones civiles o humanitarias que trabajan en estos espaciosy a las organizaciones que participan
en la respuesta humanitaria, con el fin de fortalecer la toma de decisiones orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes.

• Fortalecer la gestión de protección infantil. Cada campamento debe contar con un mecanismo claramente identificado para prevenir, detectar, referir y dar seguimiento a situaciones de protección. Esto supone definir responsables, horarios de atención, rutas de actuación y procedimientos de coordinación con los Consejos de Protección y demás órganos competentes. También debe existir un sistema sencillo para localizar a madres, padres y cuidadores cuando un niño participe en actividades o permanezca temporalmente bajo la supervisión de otra persona. La información de contacto debe estar actualizada y resguardada de forma confidencial. Los mecanismos de ingreso, salida e identificación de residentes, visitantes, voluntarios y proveedores deben ser razonables y respetuosos de la dignidad de las familias, pero suficientemente claros para reducir riesgos de separación, pérdida temporal de contacto o acceso de personas no autorizadas.
• Garantizar la salvaguarda en todas las intervenciones. Toda institución, organización o persona que tenga contacto directo con niños, niñas y adolescentes debe cumplir estándares mínimos de salvaguarda. Esto incluye acreditación del personal, normas de conducta, consentimiento informado, confidencialidad, mecanismos de denuncia y procedimientos para responder ante incidentes. La emergencia no puede justificar intervenciones improvisadas ni la incorporación de personas sin claridad sobre sus credenciales, funciones o capacidad de seguimiento. Las actividades de apoyo psicosocial deben diferenciarse de la atención psicológica especializada y ser desarrolladas por personal con competencias acordes con el tipo de intervención.
• Organizar una respuesta de salud mental por niveles. La respuesta de salud mental y apoyo psicosocial debe estructurarse de manera escalonada. Las actividades recreativas, comunitarias y de acompañamiento general son necesarias, pero deben complementarse con apoyo focalizado, atención psicológica individual y derivación especializada cuando existan señales de mayor afectación. Se recomienda priorizar la continuidad de los equipos y reducir la rotación innecesaria de profesionales frente a los mismos niños. La estabilidad favorece la confianza, evita la repetición de relatos dolorosos y permite observar la evolución de cada caso. También deben establecerse criterios comunes para identificar señales de alarma, como alteraciones persistentes del sueño, aislamiento, miedo intenso, regresiones, conductas de riesgo, duelo complicado, violencia o afectaciones graves en el funcionamiento cotidiano.
• Fortalecer las capacidades familiares de cuidado. Las familias requieren apoyo para continuar ejerciendo su función protectora en condiciones de alta presión. Las dificultades de supervisión no deben abordarse únicamente mediante llamados de atención, sino también mediante medidas que reduzcan la sobrecarga de madres, padres y cuidadores. Se recomienda desarrollar espacios breves y periódicos sobre crianza sin violencia, manejo del estrés, comunicación con los niños, supervisión segura y formas de acompañar reacciones emocionales posteriores al terremoto. Cuando los adultos deban realizar diligencias indispensables, deben existir alternativas temporales de cuidado con personal identificado, reglas claras y medidas de salvaguarda. Asimismo, debe evitarse que los hermanos mayores asuman de manera prolongada responsabilidades propias de los adultos.
• Restablecer rutinas protectoras. Ambos campamentos deben contar con una programación visible y predecible que incluya alimentación, descanso, juego, actividades educativas, atención médica, apoyo psicosocial y espacios comunitarios. Las rutinas ayudan a reducir la incertidumbre, favorecen la regulación emocional y permiten que los niños recuperen progresivamente una sensación de normalidad. Las entregas de insumos, actividades recreativas y visitas institucionales deben coordinarse previamente para evitar interrupciones, aglomeraciones o superposición de acciones. Durante el período vacacional, las actividades educativas y recreativas deben contribuir al bienestar y preparar el retorno al sistema escolar, sin reproducir una jornada académica formal.
• Mejorar las condiciones materiales y sanitarias. Debe garantizarse acceso suficiente y continuo a agua potable, limpieza regular de baños y espacios comunes, disposición adecuada de residuos, puntos de lavado de manos y condiciones para la higiene menstrual. También es necesario identificar alternativas para el aislamiento temporal de personas con síntomas de enfermedades transmisibles y asegurar que los espacios de atención individual permitan privacidad y confidencialidad. Consolidar la coordinación interinstitucional. Cada campamento debe disponer de una instancia regular de coordinación que reúna a las autoridades responsables, equipos de salud, órganos de protección, organizaciones humanitarias y representantes de las familias. Esta instancia debe mantener una programación común, una matriz actualizada de actores y rutas compartidas de referencia. Su finalidad debe ser evitar duplicidades, identificar brechas, organizar horarios y asegurar continuidad en los casos que requieren seguimiento. 
• Incorporar la participación de niños, niñas y adolescentes. Los niños y adolescentes deben contar con mecanismos seguros y adecuados a su edad para expresar preocupaciones, proponer mejoras y comunicar situaciones que afecten su bienestar. Su participación no debe limitarse a las actividades recreativas. Pueden aportar información relevante sobre lugares inseguros, necesidades de agua, problemas de convivencia, horarios poco adecuados o dificultades para localizar a sus cuidadores. Deben habilitarse canales confidenciales de retroalimentación y denuncia, evitando trasladarles responsabilidades que corresponden a las autoridades y a los adultos.
• Planificar el retorno educativo y la transición fuera de los campamentos. La culminación del año escolar ofrece un margen para planificar con anticipación el próximo período académico. Es necesario identificar los centros educativos de procedencia de los niños, niñas y adolescentes alojados, prever posibles cambios de residencia y definir medidas para evitar retrasos en su reincorporación. En el caso de centros educativos que funcionen como campamentos, debe evaluarse el tiempo requerido para recuperar, limpiar y adecuar el plantel antes del inicio del nuevo año escolar. Si el espacio continúa siendo utilizado como refugio, deben preverse alternativas oportunas para la población alojada y para la comunidad educativa. La planificación del egreso no debe limitarse a ordenar traslados. Debe considerar la seguridad de la vivienda o del lugar de destino, el acceso a servicios, la continuidad educativa, la unidad familiar y la posibilidad de mantener seguimiento en los casos de protección y salud mental.
• Implementar equipos móviles de protección de la niñez y la adolescencia. Estos equipos permitirían ampliar la cobertura de protección más allá de los campamentos temporales, acercando servicios especializados a comunidades con acceso limitado o donde la infraestructura institucional permanece afectada. Entre sus funciones prioritarias se incluyen la identificación temprana de riesgos de protección, la prestación de primeros auxilios psicológicos y apoyo psicosocial, la orientación y remisión segura de casos al sistema de protección, el fortalecimiento de los mecanismos comunitarios de protección y el monitoreo permanente de riesgos emergentes. Esta estrategia contribuiría además a asegurar la continuidad de la atención durante la transición desde la respuesta inmediata hacia la recuperación temprana.
• Fortalecer la coordinación territorial y las rutas de referencia. Resulta recomendable fortalecer la articulación entre las instituciones públicas, las organizaciones humanitarias y las redes comunitarias mediante la actualización permanente de las rutas de referencia y contrarreferencia para casos de protección infantil. Esta estrategia debería contemplar el mapeo actualizado de programas y servicios disponibles, la capacitación del personal de primera línea y de los puntos focales comunitarios para la identificación temprana de riesgos, la difusión de información accesible para las familias y la coordinación con los sectores de salud, violencia basada en género y protección. De esta manera se favorecería una respuesta más oportuna, integral y centrada en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, tanto en los campamentos como en las comunidades afectadas.
• Fortalecer las capacidades del personal de primera línea. Se recomienda desarrollar procesos de capacitación dirigidos al personal de salud, educación, protección, organismos de respuesta, voluntariado y líderes comunitarios sobre identificación temprana de riesgos de protección, primeros auxilios psicológicos, salvaguarda infantil, mecanismos de referencia y protección frente a la explotación y el abuso sexual. La formación debe extenderse a todos los actores con contacto directo con niños, niñas y adolescentes durante la respuesta humanitaria. 

Un largo camino hacia la reconstrucción

Cecodap recuerda que la supervivencia al terremoto fue solo el primer paso. El bienestar de un niño o adolescente que ha perdido su hogar no se limita a recibir asistencia material; requiere el restablecimiento pleno de sus derechos, seguridad emocional y una transición planificada hacia el desarrollo de sus proyectos de vida.