Miranda.- A casi tres meses del doble terremoto del 24 de junio, el inicio del año escolar en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda está marcado por el descontento de los representantes.

La molestia radica en que los planteles cuyas fallas estructurales empeoraron con los sismos no fueron reparados durante el periodo vacacional y actualmente representan un riesgo para la comunidad educativa. La solución gubernamental fue mudar a los alumnos a otras instituciones.

Detrás del término técnico de la rezonificación, implementada por las autoridades educativas, hay un impacto en la estabilidad emocional y en la logística cotidiana de las familias. La medida no solo genera el hacinamiento en las aulas de las escuelas receptoras, sino que obliga a los niños a enfrentar la pérdida de sus espacios conocidos, sumado al desgaste físico y al gasto económico que significa trasladarse a colegios más alejados de sus hogares.

La etiqueta roja en Santa Eulalia

Esta reubicación obligó a los padres de la Unidad Educativa Monseñor Arias Blanco, en el sector Santa Eulalia de Los Teques, a marchar hasta la Defensoría del Pueblo el 14 de septiembre, cuando comenzó oficialmente el nuevo año escolar 2026-2027.

Este plantel tiene «etiqueta roja» por inhabitabilidad. El riesgo más grande lo representaba un tanque de agua de 35 mil litros instalado en la azotea, cuyas bases se agrietaron con los temblores y amenazaban con colapsar sobre la estructura, además de otras fallas presentes en la infraestructura.

Marvis Misler es dirigente vecinal de la zona y tiene un familiar estudiando en la institución. En conversación con la Agencia Pana recordó que las autoridades nacionales se habían comprometido públicamente a recuperar las escuelas con daños severos, pero no cumplieron. 

Mencionó que una semana antes del inicio de clases hicieron asambleas, pero ni las autoridades ni el personal directivo ofrecieron respuestas sino después de que la comunidad protestó. La solución la dieron el primer día de clases, el 14 de septiembre: los 700 alumnos serían enviados a otras escuelas.

La vocera cuestionó que se tomara esta decisión sin consultar a la comunidad escolar. “Fue una medida arbitraria que evade la obligación que tiene el Estado de garantizar espacios educativos de calidad”, afirmó.

Misler exigió explicaciones sobre el paradero de los recursos del programa gubernamental “Venezuela Renace”. “Los representantes quieren saber dónde está ese dinero, porque aquí en las escuelas no se ve”, dijo el 17 de septiembre. 

La vocera recordó que el año pasado se aprobaron 5.000 dólares en una consulta popular para impermeabilizar los salones del plantel, pero el trabajo quedó mal hecho “debido a que se contrató a personas por conveniencia y no a personal calificado”.

La comunidad educativa llegó hasta la sede de la Gobernación del estado Miranda. Foto Cortesía

El impacto familiar y la educación online

Para Misler, la rezonificación planteada por las autoridades no es una solución al problema. “Es más fácil mudar a los muchachitos a otra escuela que hacer reparaciones permanentes”, denunció.

En este punto la vocera explicó que las escuelas aledañas no tienen la capacidad operativa para recibir una matrícula tan alta. Además, el cambio rompe con las dinámicas de apoyo comunitario.

“Por ser un colegio dentro de una comunidad, los representantes se organizan y alguna madre lleva al vecinito, o lo lleva la abuela, la tía, y a veces se devuelven solos porque los padres trabajan”.

A esto se suman los costos que la reubicación acarrea de forma directa. “Hay mamás que incluso les llevan el desayuno en el recreo a los niños. No requieren de un costo adicional por transporte porque están cerca de su domicilio, pero cambiar esa dinámica puede representar una carga económica para la familia”, apuntó Misler.

El factor pedagógico y de inclusión también está en juego con una reubicación forzada o en escuelas que no estén preparadas para recibir a más niños. “Allí hay un salón que tiene más de cuatro niños con condiciones especiales, cuyo proceso de adaptación en un nuevo espacio les afecta. Además, no es fácil para los docentes recibir a estos niños en una escuela donde quizás no hay las herramientas ni el material pedagógico para esta población”, denunció la dirigente vecinal. 

Una de las madres de la institución respaldó la alerta bajo el anonimato. “Tengo un niño con necesidades educativas especiales y será muy difícil adaptarlo a un nuevo espacio”.

René Zapata, secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), seccional Tuy-Guaicaipuro, coincide en que la rezonificación no es la vía correcta. “Entonces, ¿vamos a dejar perder el colegio? La exigencia es que se acomode la estructura”.

Bajo la presión de la protesta vecinal, en Santa Eulalia el gobierno regional envió cuadrillas para demoler de emergencia el tanque agrietado del techo. 

Tras el inicio de la obra, las autoridades prometieron que los alumnos no serán mudados y verán clases en su sede una vez concluyan las obras. En consecuencia, el regreso a clases de estos niños depende de la rapidez con que se ejecuten los trabajos de reparación.

René Zapata informó que mientras tanto, los estudiantes recibirán actividades recreativas en otros espacios y formativas vía online. 

“Nuestra exigencia es que se acondicione el plantel cuanto antes. Si las otras escuelas ya tienen problemas, empeorará la situación si trasladan más alumnos”, advirtió Zapata.

Padres, representantes y dirigentes vecinales se movilizaron en Los Teques para rechazar la rezonificación de los alumnos de la Unidad Educativa Monseñor Arias Blanco. Foto Cortesía

Mudanza masiva y hacinamiento en la Sifonte

La historia es diferente en la escuela Jesús María Sifonte de Los Teques, donde no hubo reparaciones estructurales y la mudanza masiva sí se ejecutó. 

Mil estudiantes fueron distribuidos en dos colegios vecinos en un horario. Los alumnos de preescolar hasta tercer grado irán al Colegio Paraguay, mientras que los de cuarto, quinto y sexto grado cursarán en el Vicente Salias, según informó una educadora de la zona.

Esta reubicación puso en alerta a los padres y representantes por el hacinamiento en las escuelas receptoras. “¿Dónde van a meter a tantos niños si en nuestras secciones ya hay hasta 35 alumnos por salón?”, reclamó una representante del Colegio Paraguay, advirtiendo que las aulas ya estaban al límite de su capacidad operativa.

Además de la aglomeración en los salones de clase, los representantes de la escuela Sifonte deben resolver por su cuenta la logística para trasladar a los niños a escuelas que quedan más lejos de sus casas. 

El plan oficial: mudar a 86 mil alumnos

La medida de reubicación no es exclusiva de Los Teques. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, declaró que, tras el doble sismo, el organismo aplicó una “rezonificación” que consiste en mudar a unos 86 mil 31 estudiantes desde sus planteles originales hacia otros en mejores condiciones para que inicien el nuevo año escolar.

Sin embargo, las organizaciones civiles advierten sobre el impacto de esta decisión. El Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló que la reubicación masiva implica hacinamiento, activar dobles turnos y saturar los servicios de agua, luz e internet en escuelas receptoras que ya arrastraban fallas crónicas.

“Trasladar a más de 86.000 estudiantes sin certificar la capacidad de agua, electricidad y red sanitaria de las escuelas receptoras arriesga convertir una medida de emergencia en un colapso permanente”, publicó Provea en sus redes sociales.

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