Caracas.- Yuleidis Machado, de 37 años, estaba el 4 de marzo de 2026 trabajando en una siembra de cacao en Barlovento, estado Miranda, cuando la llamaron para avisarle que algo malo estaba pasando en su casa, en Petare, el conglomerado de barrios que se extiende en el este de Caracas.

Tan pronto pudo, se enrumbó hacia allá. En el camino, la asaltó el presentimiento de que al llegar encontraría una tragedia. Sabe cómo es la vida en el barrio. Sabe que, llamadas como esa que acababa de recibir, siempre son malos presagios. Trató de espantar los malos pensamientos, de imaginar escenarios menos funestos. Pero más de cinco horas después, cuando por fin pisó el callejón El Planeta donde vive, se encontró con un despliegue de la Policía Nacional Bolivariana y un montón de vecinos que la miraban impávidos. 

Apartó el cerco policial. 

Los policías estaban alrededor de su casa y Yuleidis les exigió que la dejaran entrar. 

Y fue entonces cuando lo supo: habían matado a Elvis Daniel Urbina Machado, su hijo, y a dos amigos de este, mientras dormían. 

Elvis tenía 16 años. Esa noche, antes de ser asesinado, había estado compartiendo con unos amigos en una fiesta en la misma cuadra. Había regresado a dormir temprano, pues al amanecer iría a la siembra de cacao donde trabajaba.

Una comisión de más de 30 funcionarios llegó pasadas las 8:00 de la mañana al callejón. De acuerdo con informaciones publicadas en medios digitales, a Elvis le sacaron los dientes. Fue torturado y baleado. Elvis, padre de un bebé de seis meses, rogó por su vida mientras presuntamente lo asfixiaban y le daban batazos, hasta que sus quejidos se apagaron poco a poco. 

“No me maten, tengo un hijo”, fue la última frase que escucharon los vecinos más cercanos.

El informe forense recoge que Elvis murió de “shock hipovolémico por herida por el paso de proyectil único por arma de fuego al tórax”.

Más de 30 impactos de bala contó Yudeilis en las paredes de la residencia. Además, los policías, según narró, abrieron agujeros para sacar los proyectiles. “Más de 10 horas estuvieron en mi casa alterando la escena del crimen”.

La versión que aparece en la minuta policial dice que cuando los funcionarios llegaron al callejón, la gente corrió y tres sujetos se metieron en una residencia, desde donde les dispararon, razón por la cual ellos también lo hicieron. Dice, además, que “El Diente”, “Elvis” y otro hombre sin identificar salieron con vida, pero llegaron a un hospital sin signos vitales.

Lo que cuenta Yudeilis se enmarca en un patrón de ejecuciones extrajudiciales: cuerpos policiales crean “falsos positivos”, modifican la escena del crimen y reportan enfrentamientos, cuando las víctimas, incluso, son atacadas mientras están durmiendo.

Estigmatización y persecución

Mirla Pérez, socióloga y directora del Centro de Estudios Populares, explica que lo que el funcionario esté buscando lo va a relacionar con “el muchacho del barrio”, lo va a vincular con algún delito local, y eso es lo que termina desencadenando los casos.

El informe Derecho a la vida (enero-diciembre 2024). Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, de la organización Provea, señala que la violencia institucional policial y militar mantuvo en 2024 a los jóvenes de sectores populares como sus principales víctimas.

“El deliberado uso excesivo de la letalidad, que las más altas autoridades nacionales y estadales se han esforzado en normalizar, se traduce en graves violaciones al derecho a la vida que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad”, destaca.

En los últimos cinco años, policías y militares han asesinado en el país a 6.414 personas. En la casi totalidad de estos hechos, los jefes policiales y militares, así como autoridades a escala nacional, estadal y municipal, han justificado los asesinatos argumentando que ocurrieron en el marco de enfrentamientos. Se alteran las escenas de los crímenes, se “siembran” armas a las personas asesinadas y se realiza un despliegue informativo con notas oficiales que dan más fuerza institucional a los falsos positivos.

La investigación de Provea registró un total de 522 personas asesinadas en distintas circunstancias. Del total de víctimas, 154 (64,71 %) fueron jóvenes entre 18 y 30 años; y 3,36 % fueron personas menores de 18 años.

Cifras como las presentadas en ese informe y las historias que reportan los medios de comunicación marcan un patrón histórico: son los hombres más jóvenes de zonas populares el objetivo del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado; y, como refirió Mirla Pérez, se les somete a estigmatización y persecución.

Por eso, las familias —sobre todo madres y abuelas de adolescentes varones que habitan en zonas vulnerables— viven un constante miedo frente a la actuación policial. En el caso de Yudeilis, Elvis es el segundo hijo que pierde: “A mi Carlos Alberto Perdomo Machado también lo mató la policía hace tres años”.

Violencia en contexto

Marino Alvarado, abogado y activista por los Derechos Humanos, resalta que es necesario, al hablar de violencia institucional, contextualizar en el tiempo. Primero destaca la designación de Gustavo González López como ministro de Defensa, ya que ha estado relacionado con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). En 2015 era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y ministro de Relaciones Interiores: a diario daba un parte de guerra sobre las muertes que causaban las OLP. “Aunque la fiscalía emitió un informe que cubrió seis meses durante la gestión de Luisa Ortega y señaló que fueron quinientas personas asesinadas, realmente en esa etapa fueron mil las víctimas de los operativos”, dice Alvarado. 

Los informes de Provea reflejan que en 2014 y 2015 ocurrieron 220 y 270 ejecuciones extrajudiciales, respectivamente.

Alvarado agrega que en las ejecuciones que se llevan a cabo actualmente han observado una participación bastante activa de policías estatales. “Pero en términos de policías nacionales, la PNB, es la que encabeza el mayor número”.

La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Lospcmpb) exige a los funcionarios policiales extremar las precauciones y actuar con mayor capacidad de protección cuando en su desempeño se relacionan con niños, niñas y adolescentes.

La ley versus la realidad

Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales y profesor de Criminología en la Universidad Central de Venezuela, sostiene que aunque en la ley existen mecanismos de protección, no se están cumpliendo ni para los adolescentes ni para los adultos. “Es una fuente de ingresos para los funcionarios policiales. Ya no se trata de operativos especiales o policiales, sino que están a la orden de la discrecionalidad de cualquier funcionario”.

Explica que cuando las comisiones entran a las comunidades, las inspecciones deben estar motivadas por indicios y razones suficientes, y seguir lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. “Sin embargo, lo que hemos visto se aleja mucho de estas prácticas, sobre todo en los barrios populares, ya sea motivado por lineamientos políticos genéricos, campañas de ley y orden o lógicas de terrorismo de Estado, en donde los prejuicios raciales, de clase y mediáticos son los que terminan imponiéndose”. 

Para Keymer Ávila es necesario fortalecer el tejido social, mantener la denuncia y establecer redes de solidaridad y protección social e institucional hacia estos sectores.

Esa es la tarea que ahora adelanta Yudeilis, a dos meses de la muerte de su hijo Elvis. Prometió no quedarse callada y buscar justicia. 

Aquel 4 de marzo en que asesinaron a su hijo, los policías se llevaron detenidos a un hombre, a una mujer y a un adolescente. Ya el adolescente fue excarcelado, mientras ella espera que el caso avance. “Aún están llamando a los testigos, pero seguiré luchando”.

Yudeilis no deja de escuchar uno de sus últimos mensajes de audio, en el que Elvis le prometía a su esposa, también adolescente, que le compraría una casa en la que serían muy felices.