Durante tres días, más de un centenar de actores de la comunidad global de protección de la niñez debatieron, de manera virtual, sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sector en la actualidad.

El evento, convocado del 9 al 11 de junio por la Alianza para la Protección de la Niñez y la Adolescencia en la Acción Humanitaria, tuvo como foco central los dilemas de financiación y las soluciones innovadoras que están salvando vidas en contextos críticos.

En este espacio, el abogado Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, participó en el bloque “Innovación y acción comunitaria para la protección infantil en contextos de recursos limitados en América Latina y el Caribe”. Allí destacó una realidad preocupante: hoy los ciclos de financiamiento son cada vez más cortos y exigen una menor previsibilidad para sostener los servicios esenciales.

Trapani recordó que la situación humanitaria en Venezuela ha sido reconocida por el sistema de Naciones Unidas como una crisis prolongada, acumulativa y multidimensional:

“Esta caracterización no responde únicamente a la duración temporal de la emergencia, sino a la convergencia sostenida de múltiples factores políticos, sociales, económicos e institucionales. Es una crisis profunda sobre cómo vivimos y ejercemos la democracia, que afecta simultáneamente el ejercicio de derechos y las capacidades de respuesta institucional y comunitaria”.

En el caso de niños, niñas y adolescentes (NNA), estas condiciones generan efectos particularmente complejos: las necesidades de protección no aparecen aisladas de las carencias educativas, sanitarias o económicas; por el contrario, se potencian entre sí. 

Resaltó que los informes humanitarios de Unicef estimaron que cerca de 3,8 millones de niños y niñas continuaban requiriendo asistencia en el país. “Al mismo tiempo, el llamado realizado desde Humanitarian Action for Children identificó necesidades superiores a los 137 millones de dólares para sostener intervenciones prioritarias en protección, salud, educación, nutrición y apoyo psicosocial”.

Sin embargo, dijo, más allá del volumen total de recursos, una de las dificultades más relevantes para los actores humanitarios ha sido la combinación entre un financiamiento insuficiente, ciclos más cortos y menor previsibilidad para sostener los servicios:

“Precisamente cuando el financiamiento pierde continuidad, el desafío deja de ser únicamente ampliar la cobertura. Fue en ese contexto donde comenzó a transformarse nuestra manera de entender la documentación. Incorporamos progresivamente la documentación sistemática de casos como un componente estructural del modelo de intervención, y no como una actividad complementaria. Esta decisión se apoyó en una idea sencilla: si no comprendemos con suficiente profundidad el daño y los riesgos que enfrentan los niños, sería cada vez más difícil justificar decisiones, sostener servicios e identificar qué intervenciones debían preservarse”.

Menos es más: reorganizar la metodología

Para hacer frente a este escenario, Cecodap desarrolló una metodología que integró varias dimensiones de manera simultánea, basada en tres decisiones clave:

1. Protocolos éticos con perspectiva de derechos. La organización dejó de entender la documentación como un simple levantamiento de datos y pasó a concebirla como parte del propio proceso de protección. Esto implicó revisar criterios sobre consentimiento informado y progresivo, confidencialidad, minimización del riesgo y manejo diferenciado según la edad y nivel de autonomía del menor. Además, se limitó la recolección de datos exclusivamente a lo necesario para orientar las decisiones y se incorporaron mecanismos internos para evitar que el relato de las familias fuera sustituido por lecturas puramente técnicas.
2. Análisis de patrones y tendencias. El análisis sistemático permitió identificar recurrencias, factores comunes de riesgo y elementos estructurales. Así, la documentación comenzó a generar evidencia útil para comprender tendencias, anticipar escenarios y priorizar intervenciones donde el daño o la exposición eran mayores.
3. Integración de evaluaciones psicosociales. Al no separar la producción de información de la atención directa, logró identificar no solo eventos críticos, sino también procesos acumulativos de estrés, miedo, incertidumbre, ruptura de rutinas y afectaciones emocionales complejas en el núcleo familiar.

Finalmente, el uso estratégico de esta evidencia operativa sirvió para responder preguntas concretas: qué riesgos requerían intervención inmediata, qué servicios debían sostenerse, qué grupos estaban desatendidos y dónde existían mayores brechas.

Como muestra, Trapani mencionó que uno de los espacios donde esta metodología mostró mayor utilidad fue en la documentación de casos de adolescentes detenidos en el contexto postelectoral de julio de 2024: 

“La documentación permitió identificar que el impacto no recae exclusivamente sobre los adolescentes. Las familias comenzaban a asumir nuevas cargas emocionales, económicas y organizativas que alteraban sus capacidades de cuidado y protección. Este hallazgo obligó a ampliar el foco de intervención y reconocer que la respuesta no podía limitarse al acompañamiento individual, sino que debía incorporar estrategias orientadas al fortalecimiento familiar y comunitario”.

A su juicio, esta experiencia demostró que en un entorno marcado por recortes, disponer de evidencia operativa sólida permite justificar técnicamente la continuidad de servicios esenciales. 

Otro aprendizaje alcanzado por el equipo es que producir más información no necesariamente mejora la protección: “Lo relevante es producir evidencia útil, ética, basada en un enfoque de derechos y accionable”.

Puentes, comunidades y servicios

Trapani compartió el panel junto a Daniela Hinojosa, de la organización Tinta Violeta (también venezolana); Lida Guarín, Paula Smith y Claudia Druchia, de Save the Children; y Laura Morales, de RedPapaz (ambas organizaciones de Colombia). 

Las expertas compartieron sus experiencias sobre cómo han adaptado su labor, cómo se han involucrado con las comunidades y cómo logran mantener los servicios a pesar de la escasez de recursos.

Los puntos de coincidencia de las intervenciones giraron en torno al fortalecimiento de las capacidades locales, la prevención de la vulnerabilidad, la toma de decisiones basadas en la evidencia y la transparencia financiera (saber cuánto se invierte, cómo se ejecuta y qué resultados se logran). Para las expositoras, estas herramientas son la clave para asegurar la continuidad de la asistencia.

Oportunidades para la acción colectiva

El encuentro anual funcionó como un espacio para visibilizar las barreras que encuentran los actores humanitarios, pero también para explorar cómo interconectarse y fortalecer la acción colectiva entre los Estados y la sociedad civil.

Al cierre de su participación, Trapani apuntó que la comunidad tiene un papel fundamental en el apoyo y en la incidencia de las políticas públicas, siempre respetando el rol de cada actor.

“Eso se logra con relaciones de confianza, de respeto mutuo y de cooperación. No podemos hacer más con menos. Tenemos que establecer puentes de confianza porque el niño necesita protección hoy, pero sin duda no hay respuesta sostenible sin participación comunitaria”, concluyó.