El duelo en la familia Poleo Reyes está marcado por la incertidumbre. Hace más de dos meses el hijo menor de Rosa Virginia y Francisco murió, el mismo día en el que lo vacunaron. Al principio la Gobernación de Miranda, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Ministerio Público ofrecieron su apoyo a los padres en luto. Ahora hay una familia que se acuesta entre dudas e impotencia, ante una investigación que no concluye con respuestas, sino con más preguntas.
Desde el 17 de mayo de 2020, los padres de Miguel Ángel se enfrentan a la burocracia solos y sin conocimientos del sistema. Él, motorizado de transporte y mensajería, y ella, ama de casa. Ambos desconocían que la muerte puede convertirse en un mar de trámites, pero están determinados a buscar la verdad, detrás de ese certificado de defunción que no determinó por qué Miguel Ángel murió, horas después de ser vacunado.
El acta de defunción de Miguel Ángel señala que el niño de 11 meses de edad murió por un edema cerebral, por causa toxicológica a determinar, con una atelectasia bilateral. Significa que el cerebro del niño falló, al igual que sus pulmones.
El Ministerio Público designó a dos fiscales para investigar la muerte, cuya causa fue abierta por la División de Investigaciones de Homicidios del Cicpc. Es decir, las autoridades notaron una irregularidad en la muerte del bebé. Los fiscales fueron José Miguel Quintero y Marvin González, de la Fiscalía 101 y 66 respectivamente.
¿Una exhumación?
La esperanza de los padres de Miguel Ángel estaba puesta en la prueba toxicológica. De acuerdo con los fiscales, ese resultado indicaría cómo murió su hijo menor. Para eso, tuvieron que esperar dos meses y hablar con los medios «para presionar».
La fiscal 66 del Ministerio Público, Marvin González, citó a Rosa Virginia Reyes y a Francisco Poleo a su despacho el 17 de julio de 2020. Les presentaría los resultados del examen toxicológico, propuesto por medicatura forense. Ellos llevaron a un abogado para que les ayudara a entender los términos legales con los que la fiscal les hablaba; pero no lo dejaron pasar. Una vez más, solos, tuvieron que intentar descifrar el lenguaje judicial.
«Ella le pidió a la secretaria que le llevaran los resultados, porque no los tenía en el expediente. Luego nos sentó y nos dijo que le dijéramos la verdad, que le dijéramos si el niño había nacido con asma. Le dijimos que no, que poco lo tuvimos que llevar al médico, porque era sano. Entonces nos dijo que la prueba había arrojado que había muerto por asma y bronconeumonía. Mi esposa revisaba la prueba y el expediente, pero llegó el fiscal 101 y ambos se fueron a una reunión», indicó Francisco Poleo, en una llamada telefónica a Cecodap.
Según el hombre, media hora después la fiscal salió de la reunión. Les volvió a preguntar si el niño había nacido con asma o tenía una enfermedad previa, a lo que ellos reiteraron su respuesta: no, Miguel Ángel era un niño sin complicaciones de salud.
«Le dije que yo lo llevé sano a vacunarse y a las ocho horas se murió. Entonces ella me dijo que ya tenía todo lo que necesitaba. Vamos a tener que hacerle otros análisis «, recordó Rosa Virginia.
A la pareja se les indicó que se debían repetir los exámenes, por lo que había que exhumar el cadáver del bebé.
¿Dos horas de muerto?
La primera vez que los padres de Miguel Ángel pudieron ver el expediente de investigación fue el 17 de julio, el mismo día en el que los citaron para conocer los resultados toxicológicos. Dos meses después de que se iniciaron las averiguaciones para determinar la causa de muerte. Ese día, Rosa Virginia y Francisco intentaron que un abogado los acompañara a la cita con la Fiscal 66; pero no sabían que debía estar juramentado ante un juez, para que pudiese representarlos legalmente.
Como pudo, Rosa Virginia revisó por unos minutos la carpeta que le dio la fiscal Marvin González. «Vimos en el expediente irregularidades y muchas cosas que son mentira. Los de Salud Chacao colocaron que tenía dos horas de muerto y el niño no tenía ni 20 minutos de muerto cuando llegamos a ellos. La fiscal no me dejó leer el expediente, me lo quitaba a cada rato. Además, no voy a aceptar eso que pusieron que tenía asma, cuando mi niño nació sano», indicó Rosa Virginia.
«¿Por qué nos van a quitar la caja Clap?»
Hasta la fecha de publicación ninguna institución ha calmado la angustia de estos padres. Ni el Consejo Comunal, que fue responsable de la organización de la jornada de inmunización; ni la gobernación de Miranda que suministró las vacunas.
En un primer momento, la gobernación se comunicó con ellos para ofrecerles costear el funeral y entierro del bebé. El 16 de mayo, recibieron la primera llamada de Lennin Sosa, secretario de Seguridad Ciudadana. «Todos los días nos llamaban. Hasta que enterramos al bebé. Después no nos llamaron más y tampoco nos contestan a nosotros las llamadas. Incluso intentamos llamar de otro número y tampoco contestan», aseguraron los padres.
El 21 de mayo, ellos fueron citados por Lenis Graterol, delegada de la gobernación y trabajadora de la Casa de Justicia y Paz de Chacao. Fue una reunión a la que acudieron las abuelas del niño fallecido y los dos padres.
“Queremos que nos hablen claro, que nos digan qué quieren ustedes, qué necesitan. Un apoyo de qué, vivienda, trabajo, asegurar el futuro del otro niño”, fueron las palabras de Graterol que Rosa Virginia recuerda. De esa reunión solo obtuvieron una promesa que hasta ahora no se ha cumplido.
Mientras la Fiscalía sostiene que continúan las averiguaciones, la familia Poleo ha sido víctima de discriminación en su comunidad. El Consejo Comunal de Pedregal le retiró el beneficio de la caja de alimentación, según pudieron constatar después de que no les llegaran los alimentos de los (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
«Como la que organizó la jornada de vacunación es la que entrega el Clap, nos quitó el Clap. Eso es un derecho que tenemos nosotros, ahora nosotros estamos hasta pasando hambre. Ahí venía la comida del niño que nos queda. Eso no es legal, eso es un derecho. Ya mataron a nuestro hijo por qué nos van a quitar la caja Clap», afirmó la pareja.
¿Cuatro vacunas con una inyectadora?
De boca en boca se corrió la voz en el barrio Pedregal de Chacao (estado Miranda), el 14 de mayo. En un día habría una jornada de vacunación gratuita. Confiados en la organización que adelantó el Consejo Comunal y en búsqueda de garantizar la salud de sus hijos, las familias acudieron al Preescolar Virginia Vega donde se instalaron cuatro enfermeras para inyectar a los niños.
El testimonio de Rosa Virginia relata que allí estuvieron las vacunas, expuestas al sol, durante al menos seis horas sin refrigeración. Esas fueron las que le colocaron a Miguel Ángel, a las 2:00 de la tarde, después de cinco horas de espera.
«La enfermera le colocó la vacuna al bebé primero, con la misma jeringa le inyectó en cuatro lugares. Cuatro vacunas. Lo mismo con el hermano. También le pusieron cuatro», indicó Rosa Virginia.
Después de que su bebé murió, ella se enteró que este procedimiento era irregular. También supo que de las cuatro vacunas colocadas (polio, trivalente, pentavalente y fiebre amarilla), dos no le tocaban según su la edad de Miguel Ángel: Trivalente y Fiebre Amarilla.
La verdad que no llega
Una comisión de investigación se formó en el Ministerio de Salud para investigar la muerte de Miguel Ángel y la afectación de otros 58 niños que ese 15 de mayo asistieron a la jornada de vacunación en Chacao.
El 19 de mayo hubo una reunión de miembros del Ministerio de Salud. Entre ellos se encontraban José Manuel García, director General de Epidemiología del MPPS y la Directora de Inmunización, Rosa Rodríguez. También estuvo Carlos Torres, asesor de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Según la web del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, allí se revisaron todos los procedimientos relacionados en la adquisición, cadena de frio, revisión, manipulación, distribución y aplicación de las vacunas que se suministran para las diferentes inmunizaciones en todas las Jornadas de Vacunación que se han realizado y se seguirán realizando en todo el territorio nacional.
Un día después, el 20 de mayo, se retiró cuatro de las vacunas que fueron aplicadas en el barrio Pedregal, alegando que estaban en investigación. Una circular llegó a manos de la familia afectada quienes aseguran que se tratan de las mismas que le aplicaron a Miguel Ángel.
El gobierno invitó a médicos de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura (SVPP) para acompañar al comité de seguimiento de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (Esavi), pero el 28 de junio el gremio decidió retirarse.
Aseguraron que no habían tomado las recomendaciones de la SVPP y que desconfiaban de la organización del comité así como de los biólogos asignados por el Ministerio. Finalmente agregaron que hubo un retraso sin justificación de la entrega del informe forense detallado a los expertos de la sociedad de pediatras.
En 10 días se cumple el mes de la última conversación entre la Fiscalía y los Poleo Reyes. Los padres de Miguel Ángel temen que la exhumación proceda sin su consentimiento. «La fiscal nos dijo que con esa prueba se podía detener a los responsables. Entonces cómo es que no hay nadie preso. Nos dijo que se iba a hacer justicia y hasta ahí más nada», expuso Rosa Virginia.
