Todas las semanas reviso las noticias como parte de mi trabajo y me encuentro con el mismo patrón una y otra vez: cuando un hombre atenta contra la integridad o la vida de sus hijas o hijos para castigar a la madre, las noticias repiten la misma receta. Hablan de tragedia por infidelidad, porque “no soportó la separación” o de “crimen pasional”. En ese encuadre, la conducta de la mujer ocupa el centro, el foco de la historia, y las niñas, niños y adolescentes pasan al fondo de la escena, como si fueran daños colaterales de un drama de pareja. Eso tiene un nombre: invisibilización de la violencia vicaria. 

¿Qué están escondiendo estos titulares?

La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que un hombre, generalmente la pareja o expareja de la mujer, hace daño o amenaza con hacer daño a sus hijas, hijos u otras personas importantes para ella con el fin de castigarla o controlarla. Busca usarlos como medio para provocar el mayor sufrimiento posible a la mujer, incluso después de que la relación haya terminado. Esta forma de violencia puede producirse a través de amenazas, como quitarles a sus hijos, impedir el contacto con ellos, manipularlos en su contra o en los casos más graves, hacerles daño físico e incluso atentar contra su vida.

Cuando una noticia afirma que un hombre se vengó al descubrir la infidelidad de su esposa, el hecho se traduce (y se reduce) en dos cosas: da por comprobada la acusación del agresor y expone la conducta de la mujer como clave para entender por qué se cometió el crimen. El mensaje que recibe la audiencia es que, si ella no hubiera hecho lo que hizo, tal vez nada habría pasado, como si la tragedia fuera consecuencia inevitable de sus decisiones y no de la violencia deliberada de él.

El caso Thales Machado: una masacre contada como “drama de infidelidad”

Lo que ocurre en Venezuela no es aislado. En febrero de 2026, en Itumbiara (Brasil), Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio, asesinó a sus dos hijos de 12 y 8 años y luego se suicidó. Horas antes publicó una carta en redes sociales en la que responsabilizaba a su esposa por la ruptura del matrimonio y presentaba una supuesta infidelidad como detonante del crimen.

El caso fue reseñado por distintos medios de la región, incluidos medios venezolanos, y se convirtió en un ejemplo claro de cómo los titulares pueden sacar la violencia vicaria de foco. El orden de la información en esas notas es revelador: primero se destaca el amorío, la infidelidad de la esposa, luego el suicidio del funcionario y solo en tercer lugar el asesinato de los hijos. Se dedica amplio espacio a describir quién era Machado: un funcionario público de alto rango, ingeniero, yerno del alcalde (nexo de importancia) y padre de familia, construyendo una identidad respetable y meritocrática que lo muestra como un hombre con prestigio y trayectoria.

En contraste, la esposa aparece casi siempre reducida a esposa infiel, mujer envuelta en un amorío con el vecino. En algunos casos no se menciona ni su nombre, tampoco se cuenta su historia, su trabajo, profesión, su relación con los hijos, ni su sufrimiento. Lo único que se muestra como interesante es su vida sentimental y sexual. El asesinato de los hijos se presenta como desenlace de un drama conyugal por infidelidad, no como un acto de violencia vicaria ni como una forma extrema de violencia basada en género.

Este orden no es casual. Al poner en el centro la supuesta infidelidad, el texto va orientando a los lectores a una interpretación de tipo moralista: “ella traicionó a su esposo y él, herido, reaccionó desesperado y se vengó”. Se arma una historia de causa y efecto: la mujer ofende, el hombre responde. El problema de ese encuadre es que borra lo más atroz del hecho: la violencia recae sobre los niños, no sobre la mujer. Se invisibiliza que lo que ocurrió no fue solo una explosión impulsiva en una pelea de pareja, sino una decisión deliberada de atacar a los hijos porque son el punto más vulnerable de la madre. Esa es la esencia de la violencia vicaria: atravesar a la mujer a través del cuerpo de sus hijos, usar lo que más ama como arma de castigo, dolor  y control.

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La carta que Machado publicó antes del crimen refuerza este mecanismo. En ella se presenta como un hombre herido, saturado por el dolor, que no soporta los recuerdos. Culpa a su esposa, pide perdón a Dios, agradece a su familia y envuelve la decisión de matar a sus hijos y diluye la responsabilidad individual. Cuando los medios reproducen esta carta casi sin mediación crítica, sin análisis, le permiten al agresor seguir controlando el relato y ejerciendo violencia contra la madre aun después de su muerte. La carta no solo explica: acusa, justifica y ordena cómo se recordará el hecho. La madre queda expuesta a una culpabilización pública que el propio agresor diseñó.

El costo para las niñas, niños y adolescentes

Desde la doctrina de la protección integral, esta forma de narrar es contraria a los postulados de infancia: niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia vicaria son víctimas directas de una violencia planificada, no consecuencias inevitables de un conflicto de pareja. Sin embargo, en muchos relatos en medios de comunicación nos conseguimos con que no se habla de sus vidas, de sus derechos ni de su sufrimiento, no se menciona la violencia vicaria ni se explica que sus cuerpos fueron usados como arma contra la madre, tampoco se investiga si el sistema falló en protegerlos, o no identificaron el riesgo.

Cuando los niños desaparecen del foco informativo, también desaparecen de la agenda pública: no se discuten las rutas de protección, no se piensa en medidas de prevención, no se exige responsabilidad al Estado. Lo que queda es el interés por la vida íntima de la madre y la construcción de una agresión que se comprende porque el hombre habría sido empujado por el dolor.

Una violencia sin nombre en la ley… 

En Venezuela, la violencia vicaria no está reconocida como forma específica de violencia ni en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Las conductas se encuadran en delitos ya existentes como lesiones, amenazas, homicidio y el componente de castigo a través de los hijos e hijas queda diluido.

En contraste con esta ausencia normativa, en varios países como España, México, Argentina, Chile o Colombia se han impulsado reformas que articulan las leyes de protección para las mujeres con las de infancia para reconocer la violencia vicaria y proteger explícitamente a hijas e hijos cuando son utilizados para dañar a sus madres.

Estas iniciativas apuntan en la misma dirección: nombrar la violencia vicaria, reconocer a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas y prever medidas como la suspensión del régimen de visitas cuando hay indicios fundados de violencia, precisamente para evitar su instrumentalización. En síntesis, hay una tendencia a reconocerla en leyes de género y, en algunos casos, en leyes de protección integral de la infancia, articulando ambas perspectivas.

Colectivos feministas y espacios académicos han empezado a documentar esta realidad: Tinta Violeta reportó en su informe 2020-2021 que 38 mujeres (10% de las atendidas) sufrieron violencia vicaria, lo que afectó también a 67 niñas, niños y adolescentes, y destacó que este porcentaje supera al de otras formas de violencia ya reconocidas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

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A esto se suman investigaciones como “El impacto de la violencia vicaria en Venezuela”, publicada en Cuadernos del Cendes, y el informe “Violencia vicaria contra las mujeres”, de ULA Mujer, que documentan casos en los que hijas e hijos son utilizados para dañar a sus madres y muestran cómo, en algunos procesos penales, las propias mujeres terminan criminalizadas en lugar de ser reconocidas como víctimas. Estas evidencias refuerzan el llamado a incorporar de forma expresa la violencia vicaria en la legislación venezolana y a generar datos oficiales que permitan dimensionar su impacto.

Cabe destacar que si los medios no nombran la violencia vicaria, si no explican que se trata de una forma de violencia basada en género donde la niñez es utilizada como arma, es mucho más difícil que esta realidad llegue al debate legislativo. Lo que no se nombra en la conversación pública rara vez se transforma en prioridad política.

La responsabilidad de los medios

Quienes escriben para el público conocen el poder de un titular. En el caso de la violencia vicaria, ese poder puede marcar la diferencia entre seguir reforzando la lógica patriarcal o ayudar a desmontarla.

Hay, al menos, cuatro responsabilidades urgentes para los medios cuando informan sobre violencia vicaria: 

1. Nombrarla explícitamente cuando haya indicios de que hijos e hijas fueron instrumentalizados para dañar a la madre.
2. Evitar titulares que coloquen la vida sexual o afectiva de la mujer como explicación del crimen.
3. Evitar reproducir sin análisis crítico cartas, videos o mensajes del agresor que culpabilizan a la madre y justifican la violencia.
4. Colocar en primer plano a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos vulnerados, señalando con claridad la responsabilidad del agresor.

Estas no son solo buenas prácticas periodísticas, son obligaciones que se desprenden del enfoque de derechos humanos de la niñez y de las mujeres. La manera en que se cuenta una noticia puede contribuir a prevenir futuras violencias o, por el contrario, normalizar que los hijos e hijas sean utilizados como armas en los conflictos de los adultos.

Lo que CECODAP propone

Desde CECODAP vemos a diario cómo los vínculos de cuidado y, en particular, el vínculo con la madre son centrales para la seguridad emocional de niñas, niños y adolescentes. Cuando esos vínculos son atacados mediante violencia vicaria, el daño atraviesa generaciones.

Por eso, proponemos tres líneas de acción:

• Es fundamental exhortar a los medios de comunicación y a la colectividad en general a conocer y reconocer la existencia de la violencia vicaria, y a tomarla en cuenta cuando se debaten cambios legislativos, políticas públicas y planes o programas de prevención y atención. Nombrar esta forma de violencia y visibilizar cómo afecta a las mujeres y a niñas, niños y adolescentes es ya una forma de incidencia, que puede contribuir a que, en los espacios donde se toman decisiones, se incorporen medidas específicas para prevenirla, atenderla y no dejarla fuera de foco.
• Articular las rutas de atención de violencia contra la mujer con las de protección de niñas, niños y adolescentes, de modo que las amenazas contra estos se tomen como alertas de riesgo real.
• Promover procesos de formación en redacciones y escuelas de comunicación social sobre derechos de la niñez y adolescencia, violencia de género y tratamiento responsable de noticias donde hay niños, niñas y adolescentes involucrados.

Proteger a niñas, niños y adolescentes también exige proteger a sus madres de la violencia de género, en muchísimos casos están estrechamente vinculadas y fortalecer la capacidad de los organismos y sus operadores para detectar, atender y prevenir esa violencia y, en consecuencia, la violencia vicaria. Esto implica no justificar, encubrir ni normalizar que los hijos e hijas se utilicen como armas en los conflictos de los adultos, y mucho menos culpar a las mujeres por la agresión que han sufrido ellas y sus hijos. Los medios, el Estado y las comunidades comparten esta responsabilidad: cada titular, cada decisión institucional y cada reacción social puede contribuir a nombrar a tiempo esta forma de violencia y a colocarla en el centro de la agenda de protección que nos debemos como sociedad.