Miranda.- María Pineda tiene 17 años y desde hace 11 meses siente que su vida quedó en pausa. Su papá, un pescador del estado Zulia, está detenido y con él se fue la estabilidad de su hogar. Entre traslados, largas esperas y la responsabilidad de acompañar a su mamá y a sus dos hermanos menores, su adolescencia se ha llenado de preguntas y, a la vez, de una esperanza que no se apaga.

María recuerda con precisión la fecha en la que todo se quebró: 27 de mayo de 2025. Ese día su padre Ángel Manzano fue detenido en el marco de la operación “Relámpago Catatumbo”, en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Las autoridades vinculan este caso con el hallazgo de 6.441 kilos de droga en las riberas de los ríos Catatumbo y Santa Ana, estado Zulia.  Fueron arrestadas entre 80 y 120 personas: cinco alcaldes —cuatro del PSUV y uno de oposición—, militares de alto rango y otros civiles. La familia de Ángel asegura que él es ajeno a ese procedimiento. 

“Nos quedamos sin nada”, relata María mientras sostiene un cartel en el que se ven las huellas de sus manos y la de sus hermanos, estampadas con pintura de colores, junto a la palabra libertad.

Fotografía de Rosanna Battistelli.

A la detención le siguió el allanamiento de la vivienda familiar por parte de los funcionarios horas después. Ninguno estaba en casa, pero al regresar el panorama que encontró María fue devastador: ventanas rotas, camas destruidas, ropa regada por el piso y sus dos mascotas muertas. Ese recuerdo todavía la persigue.

La familia tuvo que abandonar su vivienda en Zulia y desplazarse entre Caracas y el estado Miranda para intentar mantenerse cerca del padre, recluido actualmente en la cárcel Yare II, en los Valles del Tuy. Esa migración interna forzada se convirtió en una nueva forma de sobrevivir.

María no tiene todas las respuestas

Antes de la detención de su padre, María estudiaba Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, en Zulia. Su proyecto de vida avanzaba con claridad. Hoy está congelado.

La adolescente tuvo que suspender sus estudios para acompañar a su familia en medio de la crisis. Como ocurre con muchos adolescentes y jóvenes en situaciones similares, la incertidumbre y la necesidad de apoyar a los suyos se impusieron sobre su formación y sus sueños.

Las rutinas de sus hermanos de 12 y 6 años también cambiaron por completo. Pasan horas a las afueras de Yare II, compartiendo la angustia de su madre y la incertidumbre de no saber cuándo volverán a ver a su papá. Es un espacio que no está hecho para niños, pero que, inevitablemente, se ha convertido en parte de su vida.

El más pequeño pregunta constantemente cuándo regresará su papá, por qué no vuelve del trabajo o por qué no puede retornar a su antigua casa. Pero esas preguntas, por más sencillas que parezcan, no tienen respuestas posibles.

Para María es un desafío acompañarlos emocionalmente, sobre todo cuando se queda a cargo de ellos mientras su mamá entra a la cárcel. “A veces no sé qué decirles”, confiesa con un tono de voz que mezcla madurez, cansancio y un temor que intenta ocultar.

Fotografía de Rosanna Battistelli.

UNICEF, Cecodap y otras organizaciones de protección de las infancias, tanto multilaterales como locales, han documentado que la detención de un padre puede generar en los hijos e hijas ansiedad, miedo constante, cambios de conducta, dificultades escolares, pérdida del sentido de estabilidad, sentimientos de abandono o culpa, y desarraigo por desplazamientos forzados.

La historia de María y sus hermanos refleja cada uno de estos efectos. “Esto ha sido horrible, no merecíamos vivir algo así. Todos los días le pido a Dios que esto acabe. Quiero despertar y que sea el último día, que nos llegue esa llamada que tanto deseamos”, dice con la voz quebrada.

La adolescente insiste en que su padre es inocente y pide que su caso sea revisado. “Es una persona luchadora, trabajadora. No tengo palabras para explicarle cómo es mi papá”, afirma con convicción.

Su petición no es solo un reclamo familiar: es un llamado urgente a considerar el impacto que estos procesos tienen sobre los niños, niñas y adolescentes que quedan atrás. “No nos arruinen la vida así”, pide con lágrimas en los ojos.

“Mi papá no merece estar preso”

Ángel Manzano no tuvo derecho a defensa privada. Fue trasladado a una cárcel que queda al menos a 780 kilómetros del estado donde residía. Por carretera, el trayecto dura aproximadamente 12 horas. Para una familia sin recursos, esa distancia es una barrera.

No tienen parientes en Caracas ni en Miranda. Se vieron obligados a alquilar un espacio en 400 dólares mensuales, un gasto que no estaba en su presupuesto y que los asfixia al intentar cubrir el resto de sus necesidades. Aun así, lo pagan para no abandonar a Ángel.

Sus allegados esperan que sea beneficiado con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. “Mi papá no merece estar preso”, asegura su hija.