Ante el balance oficial del año escolar 2025-2026 presentado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), Cecodap señala que las mejoras en indicadores administrativos (como aumento de matrícula o toneladas de alimento entregadas) no deben confundirse automáticamente con una garantía integral del derecho a la educación.

En un análisis elaborado por Carlos Trapani, abogado, magister en Bioética y coordinador general de Cecodap, se destaca la importancia de poner en diálogo las cifras oficiales con estudios independientes como ENCOVI y HumVenezuela «Venezuela muestra una recuperación parcial en gestión, pero aún carece de evidencia suficiente para demostrar una recuperación sustantiva del derecho a la educación y del nivel de aprendizaje de los estudiantes», apunta Trapani en su revisión de datos.

¿Qué encontramos?

El documento que busca mirar desde el derecho a la educación y el interés superior del niño y la bioética los datos presentados por el Ministerio de Educación ofrece 10 hallazgos centrales: 

• Señales de recuperación. Existen avances positivos y reales en varios indicadores administrativos y de prestación del servicio educativo.

• Matrícula vs. Exclusión. La matrícula superó los 6 millones de alumnos, pero no resuelve por sí sola la exclusión estructural.

• Días de clase vs. Asistencia real. Los 178 días de apertura escolar no garantizan la asistencia continua del estudiante ni el tiempo efectivo de enseñanza.

• Reducción del déficit docente. La vacante de docentes especialistas bajó significativamente (de 25.393 a 13.834), aunque persiste la urgencia de garantizar condiciones laborales sostenibles.

• Formación docente. Creció la participación en planes de formación (266.385 participantes), pero se requiere evaluar su impacto real en el aula.

• Infraestructura. La categoría «escuelas atendidas» requiere precisar la funcionalidad en servicios básicos (agua, electricidad, baños y seguridad).

• Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las toneladas distribuidas se triplicaron respecto a 2023, pero se debe verificar su regularidad diaria y valor nutricional.

• Vacío de información en aprendizajes. El balance oficial informa sobre insumos, pero no publica resultados sobre competencias en lectura, matemáticas o ciencias.

• Desigualdad territorial. Los promedios nacionales ocultan severas brechas que afectan a las poblaciones más vulnerables.

• Impacto del terremoto del 24 de junio de 2026. El evento sísmico reconfigura las prioridades del próximo año escolar, exigiendo seguridad estructural, salud mental y continuidad educativa.

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¿Alta matrícula es señal de inclusión?

El informe ministerial registra un incremento de la matrícula hasta alcanzar 6.009.254 estudiantes en julio de 2026. Sin embargo, el análisis de Cecodap aclara la diferencia técnica entre matrícula (registro en el sistema) y cobertura (proporción de la población escolar atendida).

Mientras las cifras oficiales muestran una recuperación del 7,9% desde 2024, ENCOVI 2025 sitúa la cobertura en 64% e indica que existen aproximadamente 1,2 millones de niños fuera de las aulas. En el texto, Trapani aborda cómo el crecimiento del registro convive con un núcleo de exclusión que requiere estrategias de búsqueda activa y permanencia.

El gran vacío

El balance oficial informa que 23.356 instituciones educativas participaron en las evaluaciones de contenidos. Sin embargo, el documento de Cecodap resalta que el informe ministerial no publica los resultados alcanzados por los estudiantes en lectura, escritura, matemáticas o ciencias.

«Una política educativa puede aumentar cobertura, recursos e insumos y, sin embargo, no producir los aprendizajes esperados. El derecho a la educación no se satisface únicamente con el acceso físico a una escuela: debe ofrecer oportunidades reales para desarrollar capacidades, conocimientos, autonomía, ciudadanía y proyecto de vida», advierte Trapani.

También apunta que para hablar de recuperación educativa se necesitan resultados comparables en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y otras competencias esenciales, desagregados (por grado, territorio, tipo de gestión y variables relevantes de equidad); así como se necesita medir progresión, rezago y recuperación de aprendizajes.

La dimensión bioética

Trapani incorpora el marco bioético para evaluar cómo se distribuyen los avances del sistema educativo entre la población.

«Aplicar los principios de dignidad y justicia implica examinar si las mejoras llegan prioritariamente a las zonas con mayores privaciones o si se concentran en sectores con mejor capacidad previa», indica el análisis en el que además se enfatiza que la calidad de una política pública se mide por su capacidad para reducir las desigualdades y exige la publicación de datos desagregados.

Recomendaciones de Cecodap para una política pública con enfoque en las infancias

El desafío es elevar el estándar de la conversación pública.  El abogado y coordiandor general de Cecodap hace énfasis en que una política educativa «debe poder demostrar que más niños entran y permanecen; que asisten regularmente; que cuentan con docentes capaces de sostener su labor; que estudian en espacios seguros; que reciben alimentación cuando la necesitan; que las desigualdades disminuyen; y, especialmente, que aprenden».

En ese sentido, ofrece las siguientes líneas de acción:

1. Publicar una arquitectura integrada de indicadores educativos. Combinar registros administrativos, cobertura, asistencia, permanencia, infraestructura, docentes, alimentación y resultados de aprendizaje, con definiciones metodológicas claras.
2. Establecer una estrategia nacional para NNA fuera de la escuela. Identificar, buscar, reincorporar y acompañar a quienes están excluidos o en riesgo de abandono, con metas territoriales verificables.
3. Medir tiempo efectivo de aprendizaje. No limitar la medición a días de calendario: integrar asistencia de estudiantes, presencia docente y horas pedagógicas efectivamente impartidas.
4. Recuperar integralmente la carrera docente. Vincular reducción de vacantes con remuneración, estabilidad, formación, especialización, protección social y permanencia.
5. Publicar resultados de aprendizaje. Desarrollar evaluaciones periódicas, comparables y transparentes que permitan orientar apoyos y recuperar aprendizajes.
6. Transformar el seguimiento de infraestructura. Pasar de contar planteles atendidos a medir funcionalidad, seguridad, accesibilidad y servicios básicos.
7. Medir el PAE desde la experiencia del estudiante. Informar cobertura, frecuencia, continuidad y calidad nutricional, además de toneladas distribuidas.
8. Desagregar para hacer visible la inequidad. Publicar resultados por territorio, edad, sexo, discapacidad, ruralidad y otras condiciones relevantes, preservando la privacidad.
9. Incorporar participación de NNA. Crear mecanismos seguros y representativos para conocer cómo viven estudiantes la asistencia, la convivencia, el aprendizaje, la alimentación y la infraestructura.
10. Adoptar un plan educativo específico post-terremoto. Integrar seguridad estructural, continuidad educativa, protección, salud mental y apoyo a docentes y familias en los territorios afectados.