Las escuelas son reconocidas por la OMS como entornos críticos para la prevención y la intervención temprana en salud mental. Sin embargo, en el estado Mérida, la escasez de psicólogos y orientadores permanentes está trasladando esta responsabilidad directamente a los docentes. Al asumir la gestión de crisis emocionales sin capacitación técnica previa, el personal educativo enfrenta una sobrecarga que desvirtúa su rol pedagógico.
Mérida.- Escuchar, observar a los alumnos durante el recreo, notar el aislamiento en un pasillo y, a veces, tocar las puertas de las casas tras notar un cambio abrupto de conducta en los estudiantes. Esta es la rutina que Vanessa Nava en el municipio Cardenal Quintero y decenas de educadores merideños implementan ante la falta de canales de atención psicológica en las escuelas, liceos y colegios privados en Mérida.
Mérida se enfrenta al examen más difícil: contener las necesidades de salud mental existentes en el entorno escolar.
De acuerdo con el informe más reciente de la Red Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), publicado en junio de 2026, Mérida lidera las tasas de suicidio infantil y adolescente en el país por cada 100 mil habitantes.
Esto significa que, en proporción a su población, un niño, niña o adolescente en este estado tiene un riesgo estadísticamente mayor de sufrir las consecuencias de la violencia autoinfligida en comparación con cualquier otra región de Venezuela.
El monitoreo de medios e informantes clave entre 2018 y 2025 ubica a la entidad en el primer lugar nacional, concentrando el 12% del total de los casos documentados.
Ante la escasez de datos epidemiológicos oficiales actualizados sobre el tema, las iniciativas académicas locales intentan dimensionar el problema. Recientemente, Leonardo Viña Paredes y Sara Parili, estudiantes de Medicina de la Universidad de Los Andes (ULA), realizaron un estudio piloto durante sus pasantías en el municipio Rangel.
Tras evaluar a 196 estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato (entre 14 y 19 años) en cinco planteles educativos, encontraron que un 78% de los adolescentes consultados presentó síntomas de ansiedad y un 90,3% manifestó síntomas vinculados a la depresión.
El estudio también identificó que el 3,1% de los casos tenían ideación suicida grave, los cuales fueron canalizados y referidos a especialistas.
Los investigadores aclaran que estas cifras reflejan sintomatología y no se trata de un diagnóstico clínico definitivo —el cual debe ser determinado individualmente por un profesional de la salud mental—, pero el panorama evidencia el estado de vulnerabilidad de la población estudiantil.
Docentes sobrepasados y sin herramientas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza que las escuelas son entornos críticos para la promoción de la salud mental y la intervención temprana. Sin embargo, en el terreno, los docentes merideños describen un ecosistema educativo agotado y desprovisto de herramientas técnicas.
«No he recibido recientemente, como personal de la institución, ningún tipo de formación sobre este tema», relata Diony Ramírez, docente en el municipio Rangel. A pesar de que su institución intenta aplicar los canales regulares —derivando casos al profesor guía, a la orientación del plantel o, en situaciones graves, al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA)—, el personal se siente sobrepasado.
«Sinceramente, estamos demasiado agobiados con tantas cosas. Existen vacíos en casa que hacen que adolescentes y jóvenes tomen decisiones de agredirse a sí mismos. La educación pierde su norte cuando tenemos que dedicarnos exclusivamente a la salud mental de nuestros estudiantes«, añade con preocupación, recordando el impacto emocional que dejó el fallecimiento por suicidio de una alumna de la institución.
La falta de lineamientos claros por parte de las autoridades educativas regionales ha obligado a los planteles a buscar soluciones por cuenta propia, recurriendo a redes de apoyo externas, especialistas privados o enfoques espirituales para intentar contener la situación.
Un testimonio de otro docente de la región, quien prefirió resguardar su identidad, coincide en que no hay formación reciente en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) ni en gestión de crisis emocionales por parte del Ministerio de Educación.
«En el colegio la ‘orden’ es reportar la situación a coordinación y de allí lo abordan junto a la pastoral, que carga con todo el peso de la atención. Luego se llama al representante. Termina siendo un trámite burocrático donde lo menos que se hace es la atención psicológica especializada«, explica el maestro.
Este circuito suele cerrarse con frustración cuando las familias, debido a la negación de la problemática o a la falta de recursos económicos para costear consultas privadas, no pueden dar continuidad al tratamiento fuera de la escuela.
Respuestas comunitarias ante el vacío institucional
A pesar de las carencias del sistema público, surgen experiencias de resistencia y autoformación que demuestran la urgencia de actuar. En el municipio Cardenal Quintero, la docente Vanessa Nava relata cómo el tejido de las organizaciones de la sociedad civil ha intentado llenar los vacíos del Estado.
De un cuerpo docente de 25 profesores en la escuela donde labora, ocho lograron formarse de manera independiente a través del programa Empoderados, impulsado por la Fundación Interamericana para el Desarrollo de la Gestión Social (Figsocial) entre 2024 y 2025.
«El Ministerio de Educación solo envía un cuadernillo de orientación donde se hablan temas de valores o autoestima, pero no da las herramientas prácticas. Por eso buscamos alternativas», explica Nava.
A través de este esfuerzo, han implementado dinámicas de fortalecimiento del carácter, resolución de conflictos y proyectos de vida para estudiantes vulnerables.
Nava asume un rol activo: conversa con los alumnos, hace visitas domiciliarias y activa sus redes de apoyo personales para canalizar crisis. Sin embargo, reconoce que la voluntad individual no es suficiente: «Si me preguntas a dónde recurrir cuando un caso es grave, la respuesta es complicada porque en las instituciones educativas en general no hay orientadores ni psicólogos asignados. La mayoría de los profesores no sabe cómo manejar estas situaciones».
Cambiar la burocracia por protocolos de cuidado
Los datos históricos de la REDHNNA demuestran que la llamada «singularidad andina» respecto a la violencia autoinfligida no es un fenómeno nuevo. Ya en el período 1995-2016, Mérida ocupaba el segundo lugar nacional en suicidios de NNA en edad escolar (5 a 14 años), superado solo por el estado Zulia, cuya densidad poblacional es mayor.
Tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que la depresión, las dinámicas de violencia familiar y las rupturas sentimentales son los detonantes principales en esta etapa de la vida. Factores que se traducen directamente en las aulas a través del aislamiento en los recreos, cambios abruptos de conducta o deserción escolar.
Para los especialistas y las organizaciones de derechos humanos, la salud mental en los liceos de Mérida no puede seguir siendo tratada como una actividad complementaria o un trámite administrativo de deslinde de responsabilidades.
Se requiere de forma urgente dotar a las escuelas de personal de psicología y orientación permanente; además, una capacitación masiva y continua a los docentes en Primeros Auxilios Psicológicos para identificar señales de alerta sin saturar sus funciones pedagógicas.
Es necesaria la creación de espacios de contención emocional para los propios educadores, quienes actualmente absorben el impacto de la crisis sin ningún tipo de acompañamiento institucional.
La escuela es —o debería ser— el entorno protector más seguro para niños, niñas y adolescentes. Salvaguardar la vida de los estudiantes requiere transformar la narrativa, la forma en cómo se habla de la salud mental y, sobre todo, requiere de una red real, coordinada y humana de atención a la salud mental.
¿Necesitas ayuda?
En Mérida han surgido una serie de iniciativas que buscan ofrecer asistencia psicológica a niños, niñas, adolescentes y adultos. Una de ellas es Cenace, un centro de atención y capacitación emocional que busca brindar atención en salud mental y procesos formativos, con el que te puedes comunicar al 0412-2386858.
Además, el Hospital Universitario de Los Andes, la Universidad de Los Andes y la Cruz Roja Venezolana también ofrecen asistencia y atención en materia de salud mental.
Emmanuel Rivas
Corresponsal de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia en Mérida.
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