El recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Colombia, evidenció la atención que necesitan los niños, niñas y adolescentes del Catatumbo que, junto a sus familias, buscan refugio en Venezuela, principalmente en el estado Zulia.

El acceso a los datos ha sido casi imposible. Al principio de las acciones bélicas, autoridades de ambos países divulgaban cifra. Una de ellas: 85 mil personas afectadas, hasta el 14 de febrero. Pero poco a poco la información pública fue mermando hasta casi desaparecer. Para el momento de esta publicación se conoció que organizaciones de la sociedad civil han enfrentado dificultades por la complejidad de la zona, la lejanía, la falta de recursos y otros factores externos. Sin embargo, se pudo conocer que la mayoría de las personas desplazadas por el conflicto han decidido regresar a Colombia, trasladarse a otros municipios del estado Zulia o a otros estados de Venezuela.

En este explainer te contamos qué está sucediendo en el Catatumbo, desde cuándo, quiénes son los actores involucrados, qué está ocurriendo del lado venezolano, cuál es el contexto en los municipios fronterizos del estado Zulia con Colombia, qué ha hecho el Estado venezolano, cuál es el contexto escolar más allá de la información oficial y el estado de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en el Sur del Lago de Maracaibo.

¿Qué está pasando?

El Catatumbo es una región colombiana ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander que se extiende entre la Cordillera Oriental de Colombia y la cuenca del Lago de Maracaibo.

Este lugar ha sido noticia durante enero y febrero  de 2025 debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ambos grupos armados ilegales luchan por el control territorial de esta zona limítrofe con Venezuela que es crucial para el narcotráfico y el acceso a recursos naturales a través de actividades como la minería ilegal, entre otras economías ilícitas.

¿Cuánta se ve afectada por el conflicto?

La disputa por el control de la zona no es nueva.

Sin embargo, desde el segundo semestre de 2024 la situación escaló hasta llegar a intensos enfrentamientos a inicios del 2025 que han afectado a casi 85 mil personas hasta el 14 de febrero, entre ellas comunidades indígenas y migrantes venezolanos. Mireille Girard, representante en Colombia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ha dicho: «La violencia en el Catatumbo ha generado el mayor desplazamiento masivo desde que tenemos registros en Colombia”.

Las cifras recopiladas por Acnur alertan de más de 52 mil personas desplazadas, 19 mil con restricciones de movilidad, más de ocho mil confinadas y más de cuatro mil refugiados y migrantes venezolanos.

Autoridades colombianas también reportan entre 50 y 80 personas asesinadas, desapariciones, ocupaciones ilegales de viviendas y el desplazamiento de 500 docentes hacia Cúcuta y Ocaña.

A raíz de este conflicto, la gobernación de Norte de Santander emitió el 17 de enero una alerta que supuso la interrupción del calendario escolar. Esto ha afectado a más de 46 mil niños, niñas y adolescentes, detalló un informe del Equipo Humanitario País Colombia, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, la plataforma R4V y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

¿Qué ha pasado del lado venezolano?

Para la mayoría de ciudadanos en Venezuela este grave conflicto con consecuencias humanitarias casi sin precedentes ha pasado prácticamente inadvertido. Aunque la gran mayoría de personas se desplazaron a otras zonas de Colombia como Cúcuta huyendo de la violencia en la región de Catatumbo, aproximadamente desde el 17 de enero de 2025 cientos de personas comenzaron a cruzar a Venezuela en carros, canoas, camiones, motos, bicicletas, tractores y a pie.

Familias enteras llegaron con sus enseres a Casigua, El Cubo y a El Cruce, municipio Jesús María Semprúm del estado Zulia. Algunas personas decidieron irse a municipios como Machiques, Rosario de Perijá, Colón y Maracaibo; mientras otras se fueron al vecino estado Táchira.

Durante esos días, periodistas locales reportaron que el ejército venezolano y la Alcaldía del Municipio Jesús María Semprúm instalaron refugios temporales en una escuela y en un estadio de fútbol para atender a las personas refugiadas. Allí trabajaban funcionarios policiales, militares, de protección civil, bomberos, agencias de Naciones Unidas y varias ONG. En videos difundidos en redes sociales se pueden ver a decenas de niños, niñas y adolescentes.

En el lugar, personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados comenzó un censo, y funcionarios venezolanos se desplegaron para atender la contingencia. El canciller Yván Gil confirmó el 19 de enero la implementación de un operativo de asistencia humanitaria dirigido a las familias colombianas que han llegado del Catatumbo colombiano. La atención también se extendió al municipio García de Hevia, en el estado de Táchira, cercano a la ciudad colombiana de Cúcuta.

¿Cuál es el contexto del municipio Jesús María Semprúm, en el estado Zulia?

Este municipio, predominantemente rural, hace frontera con Colombia. Esta localidad es epicentro de economías ilícitas como el tráfico de drogas, combustible, armas y municiones. Es frecuente leer en medios de comunicación sobre incautaciones de drogas y localización de laboratorios para su procesamiento y de pistas clandestinas para aeronaves. También se ha reportado el desmantelamiento de presuntas redes de explotación sexual y trata de personas. Un hecho da cuenta de este panorama álgido: la alcaldesa Keyrineth Fernández fue detenida en 2022 por tráfico de drogas. Según algunos medios, hasta el Ejército de Liberación Nacional (ELN) financió un paro de indígenas que reclamaban el regreso de Fernández a su puesto.

La ONG FundaRedes señaló en un comunicado publicado el 19 de enero de 2025 que las personas que buscan refugio en el estado Zulia, particularmente en el municipio Jesús María Semprúm, no solo enfrentan las dificultades propias de adaptarse a un nuevo entorno, sino que además quedan expuestas a la violencia endémica que ha caracterizado a esta región durante años, una zona que no está exenta de la influencia de actores armados que operan al margen de la ley, generando un entorno cada vez más peligroso para sus habitantes.

En Jesús María Semprúm se impone el silencio. Los habitantes temen hablar sobre cualquier tema, incluso sobre su cotidianidad.

Algunos habitantes consultados por la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA) –que pidieron resguardar su identidad por temor a represalias– contaron que en el municipio se cocina con bombonas o leña; que en muchos sectores no llega agua por tubería, y que, en los pocos lugares en los que sí, sucede solo una o dos veces por semana. Por ello, en varias partes del pueblo hay pozos artesanales que la gente ha ido haciendo por cuenta propia.

“El transporte público es prácticamente inexistente, al igual que el servicio de aseo urbano. En los centros de salud públicos hay que llevar todo y el personal no está completamente capacitado”, aseguró una residente.

Otra ciudadana contó que no hay muchas opciones de trabajo y que las pocas oportunidades laborales no son bien remuneradas. “La mayoría iba a trabajar en Colombia, por lo cerca que está. También suelen ir por las trochas a comprar y regresaban el mismo día. Lo que más pensábamos era en lo difícil que sería el comercio porque casi toda la comida viene de allá y hay algunos productos que están siendo muy difíciles de encontrar”.

Un informe sobre el conflicto armado entre grupos irregulares en la zona del Catatumbo, elaborado por Cáritas Venezuela en enero de 2025, señala que en algunas comunidades venezolanas se estaba generando una emergencia por la falta de capacidad para atender el volumen de refugiados que llegaban y escasez de alimentos, medicinas y otros servicios básicos.

Las personas entrevistadas coincidieron en que, desde que estalló el conflicto en Colombia, empezaron a ver muchos más funcionarios policiales y militares en las calles. “Pasan muy seguido helicópteros y aviones militares, eso no era normal. Al principio nos sentíamos muy nerviosas, ya no tanto”. Y el hermetismo del lado venezolano ha sido tal que muchos desconocen qué ha sucedido con las personas refugiadas.

¿Qué ha hecho el Estado venezolano?

El Estado venezolano informó que ha brindado atención médica, alimentaria, nutricional (que incluye mediciones de peso, talla, estatura y circunferencia del brazo izquierdo) y de resguardo a las familias refugiadas en el municipio Jesús María Semprúm. Estas acciones, según aseguraron voceros gubernamentales, tienen el objetivo de “garantizar los servicios básicos a los ciudadanos del país hermano”.

El 25 de enero se informó que, a través del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del Zulia (Cdce-Zulia), se llevó a cabo el censo de niños, niñas y adolescentes colombianos “desplazados” para integrarlos al sistema educativo venezolano. Penélope Paz, directora del Cdce-Zulia, aseguró que la atención inició con la entrega de uniformes, útiles, calzados escolares, morrales y material didáctico.

En contraste con el hermetismo venezolano, en Cúcuta se hizo pública la creación de un colegio temporal de paz para los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto en el Catatumbo, entre los que hay familias colombianas y venezolanas. De acuerdo con la gobernación del departamento de Norte de Santander, los estudiantes contarán con transporte para asistir a clases y programa de alimentación escolar, y los docentes se concentrarán en impartir actividades socioemocionales y dinámicas didácticas con el objetivo de ofrecer estabilidad emocional a los alumnos.

¿Cuál es el contexto escolar más allá de la información oficial?

Desde hace varios años existen denuncias desde el Sur del Lago de maestros que ejercen su profesión en zonas de riesgo, del deterioro y abandono de escuelas, de graves daños a la infraestructura por inundaciones y de posibles brotes de enfermedades de transmisión vectorial como malaria y dengue.

Sindicalistas resaltan que hay mucho secretismo más allá de la poca información oficial disponible. Además, existe una gran desigualdad entre las instituciones educativas públicas de la zona metropolitana de Maracaibo y la de municipios como Jesús María Semprúm y Machiques de Perijá con respecto a la infraestructura escolar, alimentación, preparación docente, atención especializada, recursos tecnológicos y la dotación de uniformes, pupitres y útiles escolares.

En estos municipios más cercanos a Colombia son recurrentes las fallas de electricidad y suele haber racionamiento en el servicio. Además, es constante la falta de agua. Todo esto, condiciona los horarios de la educación formal, aunado a las deficiencias del Programa de Alimentación Escolar, que no cuenta con nutricionistas. Así pues, la comida que se ofrece carece de proteínas y abunda en carbohidratos.

Gualberto Más y Rubi, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Zulia (Sumazulia), lamenta que esas condiciones impidan que el sistema educativo pueda ofrecerles a niños, niñas y adolescentes provenientes de otros países una educación de calidad. “Cuando llegan desplazados por tantos problemas como la violencia, tanto ellos como sus familiares deben ser atendidos no solo por maestras, sino por especialistas como psicopedagogas, orientadoras y psicólogas”, insiste.

¿Cuál es el estado de la salud mental de las infancias en el Sur del Lago de Maracaibo?

Pese a la poca información disponible sobre el municipio Jesús María Semprúm, informes de la Fundación Rehabilitarte señalan que en 2023 en el municipio Colón -ubicado también en el Sur del Lago de Maracaibo- el grupo etario más afectado eran los adolescentes, de los cuales 7 de cada 10 experimentaban ideas de preocupación, angustia, ansiedad y depresión.

En 2024, Rehabilitarte reiteró que 54.9% de los adolescentes del municipio Colón manifestaban malestar psicológico, y que en el municipio Machiques de Perijá 6 de cada 10 adolescentes atravesaban ese estado.

¿Cómo puedes apoyar?

Cáritas Machiques apeló a la solidaridad de la ciudadanía a finales de enero para atender a las personas refugiadas. La organización de la Iglesia Católica recibe alimentos, medicamentos y artículos de aseo personal.

Hasta enero, solo en las iglesias de los municipios Jesús María Semprúm y Catatumbo permanecían 72 niños, niñas y adolescentes. Otras personas habían recibido ayuda y acogida por parte de vecinos.

Fuente: Noticia al Día