Falcón.- A 330 kilómetros de Caracas, en el sector Capadare del municipio Acosta, en la costa oriental del estado Falcón, la educación especializada resiste a duras penas. Una niña de nueve años, morena y de rizos abundantes, está sentada frente a un pupitre de madera desgastado y extiende su mano con curiosidad hacia un objeto circular naranja para la estimulación sensorial, hecho de cartulina. A su lado, dos educadoras la guían con paciencia en un salón sin corriente eléctrica, sabiendo que cada avance cognitivo es una victoria. 

Ella camina diariamente al Instituto de Educación Especial José Leonardo Chirinos, pero al cruzar la puerta la ilusión escolar se desmorona. No hay paredes coloridas ni herramientas didácticas adaptadas, solo muros agrietados, ventanas sin cristales, baños fuera de servicio y pupitres incómodos. Estaba así antes de los sismos del 24 de junio, pero la fuerte sacudida empeoró las condiciones de la infraestructura.

El instituto no está tan lejos de la Plaza Bolívar, el centro del pueblo. Es una casita pequeña de una planta, y aunque el inmueble fue cedido por la Alcaldía, el colegio depende presupuestaria y administrativamente del Ministerio de Educación; ente rector que hasta ahora no ha ofrecido una solución estructural ni un espacio propio para la escuela. 

Dentro de esta infraestructura en ruinas se atiende a una matrícula de 21 estudiantes (14 niñas y 7 niños) de entre 3 y 16 años. El centro recibe a la niñez con diferentes discapacidades, que van desde la discapacidad cognitiva (leve, moderada o profunda) hasta el síndrome de Down y compromisos físico-motores. Aunque en escuelas de localidades cercanas funcionaban cinco aulas integradas para niños con dificultades de aprendizaje leves, esta institución representa la última opción de la zona para estudiantes neurodivergentes y con discapacidades más complejas.

La escuela antes de los terremotos. Fotografía de Jhonattam Petit.

De los 21 alumnos, sólo 6 cuentan con una evaluación emitida por un neurólogo. Un examen especializado cuesta entre 50 y 160 dólares, un monto muy elevado para sus familias sin tomar en cuenta los gastos logísticos. Aquí también es atendida una niña con discapacidades auditivas, pero no cuenta con una profesora de lenguaje de señas. 

El edificio carece de rampas de acceso, obligando a los padres a cargar a los niños en brazos. En la parte trasera, la estructura de los baños colapsó. 

La directora del plantel, Maraddys Lovera, detalló que después de los terremotos las paredes se hundieron y los techos se desprendieron, dejando cables de alta tensión expuestos. En la parte posterior, un deslizamiento de tierra dejó un tramo de la edificación desprendido, suspendido únicamente por viejos alambres y vigas de hierro.

Esta imagen antes de los terremotos muestra a las docentes trabajando en los espacios de la casa que intentaron acondicionar para convertirla en un lugar seguro para el aprendizaje. Fotografía de Jhonattam Petit.

Frente a la emergencia, el alcalde del municipio se comprometió a acondicionar una estructura abandonada —destinada originalmente a un liceo— en un plazo no mayor a 22 días, entre octubre y noviembre de 2025. La promesa no se cumplió y la autoridad municipal dejó de responder. Tras los terremotos, el recinto quedó definitivamente marcado con etiqueta roja. La gravedad de los daños llevó a Protección Civil y a la ingeniería municipal a declarar el recinto inhabitable. 

Maestras resisten por el futuro de los niños 

Jenny Leal, docente auxiliar con una década de servicio, camina unos cinco kilómetros diarios desde el caserío San Juan Chico. Ante la escasez de útiles escolares y herramientas pedagógicas especializadas, elabora masa de moldear casera con harina de trigo y sal, y aporta los lápices de sus propios hijos y así generar una experiencia llena de colores para sus alumnos del instituto. 

«Nosotros estamos aquí por los niños, porque si no ya nos hubiésemos ido a la casa a quedarnos allí hasta que nos hagan una institución nueva», dice con firmeza.

Las maestras buscan los espacios y los recursos para dar la clase y realizar el acompañamiento de sus estudiantes. Fotografía de Jhonattam Petit.

A pesar de las carencias, el personal aplica un plan socioemocional adaptado a la edad mental de los estudiantes con estimulación sensorial, masajes con pelotas y salidas a la playa para celebrar los cumpleaños de los niños con parálisis cerebral. Cree que el instituto sufre discriminación por parte de las autoridades y la comunidad en general, pero cuenta con pesar el saber que los niños siguen anhelando estar en sus clases y en el instituto. 

«No entiendo por qué no los toman en cuenta. Me dicen los representantes que ellos lloran por estar en la escuela».

Se trabaja desde las habilidades de lectoescritura hasta el componente socioemocional. Fotografía de Jhonattam Petit.

Sin informes neurológicos actualizados 

Una de las docentes de la institución describe el caso de una adolescente de 16 años con una severa dificultad para el aprendizaje. “Ella tiene una edad cronológica de 16 años, pero su edad mental no es acorde. Viene siendo como de una niña todavía de educación inicial, de tercer nivel”, explica según la observación que aplica en clases. No hay un diagnóstico que dé certezas. Sólo cuenta con un viejo informe pediátrico

El equipo docente debe adaptar las tareas al nivel de preescolar, ya que la estudiante no logra reconocer el abecedario ni realizar actividades lectoescritoras de educación primaria. “Trabajamos nosotros con las uñas, prácticamente”.

Fotografía de Jhonattam Petit.

Sin embargo, trabajar sin certezas médicas complica la labor educativa. La maestra enfatiza la necesidad de una consulta médica especializada. “El examen neurológico es donde se confirma qué edad mental tienen”. 

La principal barrera para acceder a un especialista es económica, pues la familia vive en situación de extrema vulnerabilidad.

A este reto se suma la crisis alimentaria que golpea a los alumnos. “No sabemos quiénes vienen desayunados y quiénes no”, comenta la maestra, quien junto a sus compañeras suele llevar arepas o bebidas para compartir con los estudiantes y asegurar que no permanezcan en el aula con el estómago vacío. La cocinera trabaja hoy ad honorem en jornadas especiales luego de la suspensión de su salario, lo que también ocurrió con la psicóloga y la visitadora social.

Antes de los terremotos la escuela contaba con un espacio para la preparación de alimentos. Fotografía de Jhonattam Petit.

Tras el inicio del periodo de clases 2026-2027, las autoridades educativas prometieron al instituto que recibiría comida a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las maestras están preocupadas. Tenían una cocina antes del terremoto y ahora no hay un espacio adecuado para guardar y preparar la comida.

Futuro incierto 

Frente al inicio de un nuevo periodo escolar, las respuestas de la Zona Educativa son inexistentes. La directora Maraddys Lovera advierte sobre la viabilidad del modelo actual. 

“No podemos continuar con los muchachos debajo de un palo o dando clases en casas ajenas. Los niños necesitan una educación continua; a distancia es muy difícil; no les llega. Estamos con las manos atadas”, expresó. 

Docentes y representantes propusieron alquilar una casa en la comunidad. Aunque la propietaria aceptó, la propuesta sigue paralizada por trabas presupuestarias de las autoridades. La urgencia obligó a los docentes y representantes a recoger firmas para llamar la atención de las autoridades.

Fotografía de Jhonattam Petit.

La profesora Yasmili Lovera resume el sentimiento generalizado de la comunidad escolar, que evalúa la protesta pública para evitar la clausura definitiva de la educación especial en el municipio: 

“Este nuevo año escolar va a ser un reto para nosotros, ya que no tenemos claro cuáles serán las respuestas que nos darán las autoridades. Es de nuestra responsabilidad no dejar que la modalidad desaparezca”, cuenta con preocupación. 

La tragedia estructural del Instituto de Educación Especial José Leonardo Chirinos no se agota dentro de sus paredes clausuradas ni se limita únicamente a la matrícula oficial de 21 estudiantes. Según estimaciones del subregistro que maneja la propia institución, en Capadare y los caseríos aledaños del municipio Acosta existe una población flotante de más de 20 niños, niñas y adolescentes que permanecen completamente excluidos del sistema por la falta de un edificio adaptado. 

Se trata de una población con parálisis cerebral no atendida, impedimentos físicos y, en su gran mayoría, discapacidades cognitivas, cuya calidad de vida empeora ante la ausencia del abordaje especializado.

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Fotografías de Jhonattam Petit.