Crónica.Uno | Ninguna persona puede ser castigada por vínculos de parentesco que lo unan con otra. Cuando un cuerpo de seguridad detiene, interroga o expone a niños, niñas o adolescentes para presionar a un adulto, se anula su condición como titular de derechos y se violan sus garantías esenciales.

Caracas.- Sin ninguna orden judicial, Samanta Sofía Hernández Castillo, de 16 años, fue sacada de su vivienda ubicada en Los Jardines de El Valle. La detención ocurrió por parte de presuntos funcionarios que, vestidos de negro, encapuchados y armados, irrumpieron en casa de la adolescente el 19 de noviembre.

A través de un video, Ámbar Castillo, madre de Samanta, responsabiliza al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, por la persecución de la que su familia es víctima y por los daños físicos y psicológicos que puedan ocasionarle a la adolescente.

Samanta es hermana de Cristian Hernández, señalado por el Gobierno por participar en la operación Aurora, una acción militar llevada a cabo el 22 de diciembre de 2019, en el municipio La Gran Sabana, del estado Bolívar.

Es la cuarta arrestada en la familia, puesto a que dos días después (viernes, 21 de noviembre), se llevaron a su hermana, Aranza de Los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años. Su tío, Henrry Alberto Castillo Molero, está detenido desde el 24 de enero de 2025, al igual que Maykelis Borges (esposa de Cristian Hernández), quien dio a luz a su bebé durante su reclusión.

Este hecho se suma a la lista de casos ocurridos en noviembre de 2025, en los que niños, niñas y adolescentes (NNA) han sido retenidos o afectados en el marco de operativos llevados a cabo por cuerpos policiales y dirigidos en contra de sus familiares adultos.

El primero fue el 1 de noviembre, en el estado Barinas, cuando unos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se llevaron a cuatro niños y niñas, junto con su niñera, como medida de presión contra el empresario José Cruz, padre de tres de ellos.

Y, aunque los menores de edad fueron liberados el 3 de noviembre, de acuerdo con lo publicado por allegados en las redes sociales, el acto refleja un patrón de criminalización y afectación de la infancia en los cuales la niñez se convierte en víctima colateral de actuaciones del Estado venezolano que son dirigidas a un adulto.

No es un caso aislado. En julio de 2024, tras los comicios presidenciales, se registraron episodios similares que revelan cómo la niñez y la adolescencia también son víctimas de la persecución política. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano hasta noviembre de 2025 permanecen cuatro adolescentes detenidos.

Foto Crónica. Uno

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, advierte que estas prácticas vulneran de manera grave la dignidad de los NNA.

“Ningún niño puede ser tratado como sustituto del adulto investigado. La infancia no se presume culpable por vínculo de parentesco”.

Agrega que exponer a los niños, niñas y adolescentes a la fuerza del Estado sin justificación legal o jurídica, y sin protocolos claros de protección, es una violación directa a sus derechos fundamentales.

Instrumentalización de la infancia

Desde el enfoque jurídico el abogado Trapani afirma que la instrumentalización de la infancia ocurre cuando esta se reduce a una condición de objeto.

“Emplear su presencia, vínculo familiar o su vulnerabilidad para conseguir algo distinto a su bienestar”.

Por lo tanto, cuando un cuerpo de seguridad detiene, interroga o expone a un NNA para presionar a un adulto, se anula su condición como titular de derechos y se violan sus garantías esenciales reconocidas en la Constitución, la Convención sobre los derechos del Niño y Ley para la Protección de NNA (Lopnna), que obligan al Estado a garantizar su dignidad y protección contra toda forma de violencia.

Trapani insiste en que el impacto sobre estas prácticas en los NNA es “devastador” por dejar marcas emocionales profundas porque son testigos, o víctimas, de la acción de la fuerza del Estado y los pone en situaciones de miedo, desamparo, inseguridad, desconfianza, pérdida de sentido de la justicia, ruptura de vínculos de confianza con los adultos y el propio Estado.

“A largo plazo contribuye a la normalización de la violencia como una forma de relación de la autoridad. Frente a esto el Estado tiene una función jurídica que es ineludible, que es garantizar que ninguna de sus actuaciones de carácter penal o de seguridad vulnere la integridad y dignidad del NNA”.

Agrega que cuando se instrumentaliza a la instancia se pierde la autoridad jurídica porque deja de proteger para iniciar procesos de daño que no son admisibles.

Foto Archivo (tomada de Crónica.Uno)

Protocolos de protección

El vocero de Cecodap explica que el Gobierno tiene una doble obligación de protección: Ejercer el poder punitivo con base en la ley y garantizar el bienestar de los afectados.

“Aquí no se trata de elegir entre justicia y protección. Ambas deben coexistir”.

En este sentido Trapani propone tres líneas de acción urgentes:

• Protocolos obligatorios de actuación policial y de protección cuando una persona detenida tiene hijos menores de edad a su cargo.
• Prohibición expresa y sancionable de toda detención o interrogatorio de niños motivado por vínculos familiares.
• Incorporación de la ética del cuidado como principio transversal en la formación de jueces, fiscales y cuerpos de seguridad.

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