Alejandra, de 13 años, despertaba todos los días en un hogar costero en Falcón, en el centroccidente venezolano, al cuidado de sus abuelos. Su madre migró a Curazao en mayo de 2018: tomó una lancha rápida rumbo a la isla, a 65 kilómetros de distancia, y no puede volver. Pasaron siete años y Alejandra se sentía desanimada, no deseaba compartir con sus amigos del liceo y sus calificaciones desmejoraron. Ella no era así. Mientras sus padres estaban en Falcón, practicaba danza, deportes y tenía muchos amigos.

En un principio su mamá le enviaba dinero desde la isla para comprar la comida con su abuela, pagar sus clases de danza y costear cualquier gasto escolar. A Alejandra no le faltaba nada mientras recibía su remesa. Pero la separación física de su madre empezó a influir en su estado de ánimo. Intentaba disimular su tristeza, pero su abuela se daba cuenta. El celular que le prestaban para hablar con su madre se convirtió en un objeto de ansiedad. Si sonaba, se iluminaba su rostro; si no, se hundía en el mutismo.

Como ella, más de 800 mil niños y adolescentes en Venezuela han sido dejados atrás por padres migrantes, según datos de Cecodap. Menos del 4 % ha recibido atención psicosocial.

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Un día, encerrada en su habitación, Alejandra tomó una hojilla. La sostuvo en la mano, temblando. “Llévenme con mi mamá, por favor”, gritaba entre lágrimas mientras su abuela intentaba abrir la puerta. Desesperada por la salud mental de su hija, la madre de Alejandra tomó una decisión desesperada: le pagó mil dólares a un grupo de personas que organizaban viajes clandestinos desde Falcón hacia Curazao para que la llevaran. La madre, sin papeles y aún indocumentada en la isla, no podía regresar por ella, y esa fue la única forma que encontró de reunirse con su hija.  

Durante casi tres semanas, Alejandra estuvo escondida en una casa al cuidado de los organizadores del viaje. Su madre la llamaba todos los días e intentaba tranquilizarla. La niña dormía junto a otras personas que también viajarían. 

Zarpó el 29 de marzo de 2024 de madrugada, en una embarcación rápida junto a otros 28 pasajeros. Iban callados, sin luces. El motor rugía con fuerza. Alejandra recuerda ese trayecto como un túnel interminable de agua, miedo y frío. Iba sin chaleco salvavidas. En el camino, lloraba y hasta vomitó varias veces. 

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Cuando estaban a pocos metros de la costa de Curazao, el que hacía de capitán les ordenó saltar al mar para no ser capturados por la Guardia Costera de la isla. Al hacerlo, Alejandra tragó agua y sintió que algo le arañaba. Nadando, llegó a la orilla, cansada y asustada. Tuvo que esconderse por horas detrás de unos matorrales, esperando que alguien la buscara.  

Entonces llegó la policía y los descubrió. Alejandra fue capturada junto a 13 adultos. La llevaron a un centro de detención temporal y luego, al ser menor de edad, la trasladaron a un orfanato destinado a adolescentes migrantes. Durante cuatro días permaneció aislada, sin visitas y sin contacto con nadie. Recuerda que la trataron con frialdad y que le dieron comida que no deseaba probar porque olía mal. 

La policía le permitió una llamada, que aprovechó para informarle a su mamá que estaba detenida. Al día siguiente, la forzaron a acusar de tráfico de personas al capitán y sus ayudantes. “A mí me juzgaron por tráfico de personas, pero yo no la traje para hacer cosas malas con ella. La traje por un mejor futuro que no tenía en Venezuela”, cuenta su mamá. 

Alejandra, más de un año después, vive en condición irregular en Curazao con su mamá. Sin embargo, puede asistir a la escuela, su salud mental ha mejorado y asiste a clases de papiamento, el idioma oficial de la isla. Su madre trabaja limpiando casas sin contrato y ambas dependen de trabajos informales para sobrevivir. 

En los últimos dos años, la nueva normativa en la isla establece que cualquier embarcación con niños a bordo puede ser considerada como parte de un esquema de tráfico, sin importar si viajan con sus padres.

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Jennifer Sifontes, presidenta de la Fundación Venex Curazao, lo ha documentado. “A niños, niñas y adolescentes los encierran en celdas. A veces, con jóvenes que han cometido delitos aquí”.

Los testimonios recogidos por la organización Venex revelan que muchos padres venezolanos establecidos en la isla pagan más de mil dólares a intermediarios anónimos para traer a sus hijos por vías clandestinas. 

En 2024, dos adolescentes falconianos fueron detenidos en Curazao tras ser interceptados en una lancha. Fueron trasladados a un centro de detención juvenil, donde compartieron espacio con adultos. Escaparon, pero fueron recapturados y deportados en octubre, luego de semanas incomunicados en un área de máxima seguridad.

Antonia*, trabajadora social y abogada, ha seguido de cerca este fenómeno: “Después de aquel escándalo de seis niños retenidos en Curazao, la situación no ha cambiado», dice. “Sólo se ha vuelto más silenciosa”.

Cuenta que a finales de 2023, cinco niños fueron interceptados por las autoridades curazoleñas al llegar en una lancha, fueron llevados a un internado, donde los separaron de los adultos que los acompañaban. “Los entregaron solo a sus padres, después de comprobar afiliación con actas de nacimiento y cédulas”. 

Según estimaciones de Antonia, al menos una de cada dos lanchas que zarpa hacia Curazao traslada menores de edad. 

Para ella, exponer a un adolescente a un cruce marítimo irregular es un delito: “No es reunificación familiar. Un niño no tiene capacidad para discernir. Va ilusionado, sin saber que puede morir en el intento”.

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La ruta clandestina a Curazao se ha convertido en una alternativa peligrosa, alimentada por la precariedad, la desinformación y el debilitamiento de las instituciones encargadas de proteger a niños, niñas y adolescentes.

UNICEF exige a los Estados evitar la detención de menores de edad por razones migratorias, garantizar la unidad familiar, y ofrecer vías seguras y legales de reunificación y protección. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular insta a que los Estados garanticen tutela legal, atención psicosocial, educación, salud, y procesos adecuados de reunificación familiar.

Antonia lo tiene claro: “Esto no es solo un problema legal, es una tragedia humana que nos está explotando en silencio”.  

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*A petición de los entrevistados, los nombres fueron cambiados por su seguridad.