Mérida.- Mientras en Caracas se debatía una Ley de Amnistía, en Mérida un padre y sus tres hijos clamaban por la libertad de la abogada Yurmary Ramírez. Desde que fue detenida en su hogar, el 4 de noviembre de 2024, la vida de esta familia se fragmentó.

El frío del páramo merideño cambió por el de las celdas de la Policía Nacional Bolivariana de El Valle, en Caracas, a más de 15 horas de distancia, donde se encuentra injustamente detenida.

Yurmary, madre de Isaac Daniel, de 11 años, y de los morochos Isamari Janiela y Janiel Andrés, de 5 años, enfrenta cargos de traición a la patria, asociación para delinquir y fuga de detenido.

Sin embargo, para su esposo, Yorman Sánchez, y para su defensa, el expediente no es más que una acumulación de hojas que no avanza. El juicio lleva un año paralizado y no han presentado pruebas que sustenten los delitos de los que se les acusa a ella, a Norelys Monsalve, a Luis Carlos Peña y a Tito Volcanes, todos vecinos del mismo municipio.

Una infancia marcada por la ausencia

Issac Daniel, el mayor de los hermanos, procesa la situación con la madurez que la crisis le ha impuesto, mientras los morochos navegan en la confusión.

«Papi, ¿mami ya no nos quiere?, ¿por qué nos abandonó?», preguntan. Para ellos su madre simplemente desapareció. A sus 5 años esa es la forma en la que ven el mundo, muy lejos de explicaciones complejas sobre delitos y palabras que probablemente escuchan por primera vez.

Lea también: Dos veces testigo: un adolescente, un padre y dos detenciones arbitrarias

Ante la dureza de la realidad, Yorman ha tenido que construir una realidad paralela. Les dice que su madre está «trabajando con los policías”. Es la única forma que él tiene para evitar que la angustia los consuma.

La última vez que los niños la vieron fue precisamente el día de su arresto. Presenciaron cómo agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se la llevaron. Una imagen que, según relata su padre, quedó grabada en la memoria de la familia y hoy se traduce en enfermedades y llanto constante entre sus hijos. 

Tras la detención de Yurmary, los niños han desarrollado crisis de salud recurrentes, cuadros de asma y afecciones que, en un entorno normal, serían tratadas con el apoyo de una familia completa. Hoy, su padre debe hacerlo solo.

Lea también: El pacto de Raúl: cuando una mentira sirve de escudo tras una detención arbitraria

Los niños no han recibido apoyo psicológico porque, relata Yorman, sus energías están enfocadas en lograr la libertad para Yurmary, en viajar cada semana a intentar verla y en trabajar para poder costear los gastos de traslado semanal que, desde Mérida a Caracas, superan los $70 solo en pasajes.

«Ha sido muy fuerte. Viajo 15 horas cada fin de semana para llevarle medicinas y comida, para ver si está bien, y luego regreso para trabajar y cuidar a los niños. Ella se la pasa enferma», relata Yorman con voz agotada.

Mantener el vínculo y la salud de Yurmary es una carrera de obstáculos. La abogada padece de colon inflamado, una condición que se ha agravado debido a las condiciones de reclusión en Caracas.

Entre la amnistía y el olvido

La situación de Yurmary Ramírez se produce en un contexto de alta sensibilidad política. En los últimos días de febrero, la Asamblea Nacional sancionó una Ley de Amnistía que ha generado tanto esperanza como frustración.

Aunque el gobierno ha anunciado la liberación de cientos de detenidos, organizaciones como Foro Penal denuncian que aún persisten cerca de 500 presos políticos en el país.

Muchos familiares, como los de Yurmary, han sido informados de que sus casos «no califican» para la amnistía o que los tribunales se niegan a recibir las solicitudes, práctica que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y diversas ONG han calificado como una «denegación de justicia». «Dicen que la ley no la abarca. Nadie nos atiende, nadie nos dice nada», lamenta Yorman.

El expediente de Yurmary, como el de muchos otros presos políticos, permanece en una suerte de limbo jurídico: tras un año de juicio, la defensa pública confirma que el expediente no ha tenido avances significativos.

La falta de respuesta en las audiencias, las peticiones ignoradas y la parálisis procesal son, según expertos en derechos humanos, mecanismos de presión que buscan el desgaste no solo del detenido, sino de su núcleo familiar. 

El caso de Yurmary Ramírez es reflejo de una realidad que la Ley de Amnistía no ha logrado opacar: la de los detenidos arbitrariamente que quedan fuera de los titulares y de las negociaciones. Su nombre, junto al de sus vecinos del municipio Rangel, engrosa una lista de ciudadanos atrapados en un engranaje diseñado del desgaste. «Esta ausencia de voluntad política prolonga una incertidumbre agonizante que constituye, en sí misma, una forma de tortura para las familias», se destaca en el informe El balance de la arbitrariedad (2014-2026).

Mientras el país intenta pasar la página, la familia Sánchez Ramírez se aferra a la fe y a la denuncia pública, recordando que detrás de cada expediente que no avanza hay niños, niñas y adolescentes esperando un abrazo se les sigue negando.