Detrás de las cifras genéricas de damnificados y daños materiales que está dejando la tragedia del doblete sísmico del pasado 24 de junio, hay otra emergencia desgarradora que se escribe con nombres de infancia.

El caso de Amaia Landaeta, de 6 años, es solo uno entre las decenas que hoy enlutan a las familias en el litoral central venezolano. Se viralizó que Amaia fue rescatada con vida de entre los escombros de su hogar, en el sector de Punta de Mulatos. 

Testigos y brigadistas dijeron que la pequeña presentaba politraumatismos, por lo que fue evacuada de emergencia en una ambulancia con destino al Hospital de Pariata, en Maiquetía. Para su madre, la noticia del rescate fue un milagro; sin embargo, ese alivio duró poco y marcó el inicio de una dolorosa cadena de incertidumbre.

Amaia no figuraba en ningún listado de salud y su paradero se convirtió en una incógnita, mientras su fotografía comenzaba a multiplicarse en las paredes de hospitales, plazas, refugios y parques. La búsqueda terminó de la peor manera: la niña fue hallada sin vida el viernes 3 de julio en la morgue provisional instalada en los silos del puerto de La Guaira, luego de que sus propios familiares lograran identificar el cuerpo.

Foto: Mabel Sarmiento.

El abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Himiob, confirmó el hecho a través de sus redes sociales: “Con mucha tristeza informo que la niña Amaia Landaeta Machado (6) ya fue encontrada sin vida por su familia en la morgue ubicada en los silos del puerto de La Guaira”.

Esta tragedia evidencia una falla crítica en los protocolos de emergencia: la falta de un registro unificado que conecte de forma inmediata los puntos de rescate con los centros de salud. La vulnerabilidad estructural no solo desgarra a los hogares, sino que los deja en un limbo absoluto.

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Fracturados emocionalmente y a ciegas, los familiares deambulan por hospitales, morgues y refugios, o saturan las redes sociales aferrados a fotografías impresas o digitales, haciendo un rastreo boca a boca para saber si alguien ha visto a sus hijos.

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¿Qué dictan los estándares internacionales?

Los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables durante una emergencia y, por tanto, están expuestos en mayor medida a sus consecuencias:

• La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) —el principal marco internacional que guía la protección integral de la niñez en sus múltiples dimensiones— los reconoce como sujetos de derecho, más allá del mandato de protección. Este tratado destaca que poseen una serie de derechos inalienables e impostergables, y que es deber del Estado asegurarles una asistencia prioritaria en situaciones de desastre.
• El preámbulo de la CDN reconoce que, “por su falta de madurez física y mental, los niños y niñas necesitan protección y cuidados especiales”.
• La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924) estipula que deben ser los primeros en recibir socorro en caso de calamidad y deben ser protegidos contra cualquier tipo de explotación. 

Cuando se habla del “interés superior del niño” implica que toda decisión que les afecte debe considerar de forma primordial su bienestar y desarrollo integral, por sobre cualquier otro interés. 

De este principio se desprende la obligación de evitar la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, salvo en circunstancias excepcionales, debidamente justificadas y evaluadas bajo criterios técnicos, cuando dicha separación resulte estrictamente necesaria para proteger al menor de situaciones que vulneren sus derechos.

Foto: Mabel Sarmiento.

El protocolo versus el caos

Este protocolo, de acuerdo con lo que narran los familiares, no se cumplió. Hoy aparecen en medios de comunicación y redes sociales casos como el de Tiago Asthur Montilla Trujillo (10), de quien sus familiares tienen indicios de que fue rescatado con vida de las ruinas de la residencia Caribe y cuyo paradero aún desconocen; o el de José Gregorio Rojas Bandres, a quien aseguran haber visto en el Parque del Oeste.

De acuerdo con los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las directrices de UNICEF para la gestión de desastres, el traslado de pacientes —especialmente si son menores de 18 años no acompañados— debe seguir un estándar estricto de triaje y registro. 

Los manuales internacionales exigen que todo niño rescatado reciba una pulsera de identificación inalterable en la “zona cero” con un código único que se replique en la hoja de ruta de la ambulancia. Las directrices internacionales también obligan a tomar un registro fotográfico resguardado, huellas dactilares y rasgos particulares que debieron cruzarse en tiempo real con las solicitudes de búsqueda de las familias.

En La Guaira y también en Caracas, la velocidad del colapso sepultó el protocolo. “Las listas de muchos hospitales las hizo a puño y letra el personal de historias médicas, porque había que hacer eso de inmediato ante tanta gente preguntando por sus familiares”, relató un doctor del Periférico de Catia.

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Sin embargo, muchas de estas listas solo contenían nombres, edades y lugares de proveniencia; omitieron quién trasladó al paciente, si estaba acompañado por algún familiar en el sitio o el tipo de lesión que presentaba.

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A Emmanuel Gámez (10) también lo buscan desesperadamente. Su familiar, Euclides Yépez, relata que el niño fue visto en el Parque del Oeste Alí Primera, en Caracas. Desde entonces, Euclides acudía a diario a ese recinto a revisar las listas, sin éxito: “Me dijeron que a los niños que estaban solos se los llevaron a un colegio en La Bandera. Fui hasta allá y nada. Lo vieron jugando con los demás niños, pero perdimos el rastro. Su mamá sigue en Catia La Mar buscando a la abuela y a otros familiares; afortunadamente, sus hermanos de 12 años ya fueron rescatados”.

Emmanuel Gámez es buscado por sus familiares.

El pasado jueves 2 de julio, Euclides revisaba con paciencia las 28 hojas impresas que las autoridades pegaron en una de las entradas del parque. Ese día, los listados identificaban a 396 niños, niñas y adolescentes separados de sus hogares, la gran mayoría provenientes de La Guaira. 

A pocos metros de él, en otros muros del recinto, decenas de familiares repetían el mismo ritual: leer listas con la mirada cansada y ojear fotografías con la esperanza de hallar una pista.

Sin embargo, las pistas no siempre conducen a la verdad: pueden ser falsas o ser el resultado de una confusión.

Los hermanos Peña, Mateo y Matías, de 3 años, también aparecían en una de esas fotografías. Su papá, Luis Peña, no dejó de buscarlos. Los gemelos vivían en el edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) OPPE 25, ubicado en Caribe.

Su padre relató en varios videos difundidos en redes sociales que los niños fueron rescatados con vida de los escombros y trasladados en ambulancia hacia Caracas el pasado 25 de junio. Desde entonces no sabía nada de ellos, hasta este 16 de julio. 

El periodista Román Camacho informó en su cuenta de Instagram que los hermanos fueron hallados sin vida bajo los escombros de la torre G de la OPP 25. Junto a los gemelos también se encontraron los cuerpos de su abuela, su tío y dos primos. 

Una incertidumbre similar embarga a Eduardo Fernández, quien busca desesperadamente a su hermana Jenifer Fernández y a sus tres sobrinas: Ginandelo (6), Yeymary (3) y Mía, de tan solo año y medio.

Foto: Mabel Sarmiento.

Los murales de la angustia

Dentro del Parque del Oeste, las paredes, columnas y árboles se transformaron en murales de la angustia, estampados con avisos, números de teléfono y retratos. 

A un muro cercano al auditorio de la escuela Miguel Antonio Caro llegó Kevin, de 9 años, para mirar fijamente la imagen de Leslie Zaragoza.

“Ella es mi amiga, estudiamos juntos en Tanaguarenas. Estamos en cuarto grado. La última vez que la vi fue el lunes (22 de junio), estábamos en Educación Física”, dice con frases entrecortadas por la timidez y el impacto. Su hermana Nicole, de 13 años, completa la idea por él con una madurez dolorosa: “Perdimos a casi todos nuestros amigos”.

Leslie también vivía en las residencias OPPE 26. Isnel Colmenarez, una allegada a la familia explicó que, aunque la madre de la niña falleció tras el desplome del edificio, ella fue rescatada con vida y, presuntamente trasladada al Hospital Domingo Luciani, en El Llanito, municipio Sucre del estado Miranda. Sin embargo, denunció que en ese centro asistencial no figura en los listados de fallecidos ni de ingresados.

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Según estimaciones de UNICEF, al menos 680.000 niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia humanitaria urgente tras los terremotos que han azotado a Venezuela, una cifra macro que cobra rostro en cada esquina del litoral central.

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Otro niño reportado como desaparecido es Gian Kaldirez (8). Su familiar, José Aponte, relató que se encontraba en el sector Los Cocos de La Guaira al momento del sismo. Tras recibir informaciones extraoficiales de que fue rescatado y evacuado hacia un centro hospitalario en Valencia —específicamente al hospital de Naguanagua—, su abuelo viajó hasta el estado Carabobo solo para encontrarse con otra lista vacía. El paradero de Gian, al igual que el de cientos de niños de La Guaira, sigue diluido en el mapa del caos. No se sabe si incluso podrían haber fallecido.

Foto: Mabel Sarmiento

Respuesta insuficiente 

Para Cecodap, la situación preliminar descrita evidencia que la emergencia produjo una afectación significativa de las capacidades humanas, materiales y operativas del Sistema de Protección, especialmente en La Guaira. 

Sin embargo, en su informe preliminar publicado el 28 de junio, sostiene que la información recabada también muestra que, pese a estas limitaciones, los Consejos de Protección, Consejos Municipales de Derechos y organizaciones aliadas lograron mantener una respuesta básica de protección, activar mecanismos de verificación y evitar, un escenario de separación masiva de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los principales hallazgos del informe es que la desinformación se convirtió en un factor de riesgo durante la emergencia. La circulación de versiones no verificadas sobre niños, niñas y adolescentes abandonados o no acompañados generó alarma social y pudo distorsionar la respuesta institucional y humanitaria. “Por ello, la gestión de información debe ser asumida como una medida de protección, mediante procesos oportunos de verificación, clasificación y comunicación pública”.

La organización también estima que la respuesta del Sistema de Protección ante desastres sigue siendo insuficiente. “La ausencia de protocolos municipales, programas de localización familiar, rutas estandarizadas y equipos completos demuestra que el Sistema no cuenta todavía con una preparación homogénea para responder a emergencias de gran magnitud que afecten simultáneamente a varios territorios. 

Considera que la emergencia reveló ciertos vacíos normativos y operativos para actuar en contextos de desastre y que persisten riesgos de protección en el mediano plazo, aunque no exista separación masiva inmediata. “En las próximas semanas pueden aparecer situaciones de violencia, explotación, trata de personas, desaparición, institucionalización prolongada, afectaciones psicosociales, pérdida de documentación, abandono escolar o dificultades de reunificación familiar”.

Propone, entre varias recomendaciones, establecer un mecanismo nacional de coordinación para la protección de niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, conformar un espacio permanente de coordinación entre Idenna, Consejos de Protección, Consejos Municipales de Derechos, Ministerio Público, Tribunales de Protección, Defensoría del Pueblo, autoridades de salud y organizaciones especializadas de la sociedad civil, con procedimientos estandarizados para la gestión de casos, intercambio de información, reunificación familiar y respuesta interinstitucional.

Familiares revisan las listas de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Foto: Mabel Sarmiento.

También llama a fortalecer la preparación del Sistema de Protección para responder a desastres y desarrollar y adoptar protocolos nacionales y municipales para la protección de niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, incluyendo procedimientos para la identificación, registro, reunificación familiar, medidas de protección, funcionamiento de refugios, articulación interinstitucional y capacitación periódica del personal del Sistema. 

Para la fecha, el número de fallecidos como consecuencia del doblete sísmico asciende a 4.829 personas. El gobierno aún no ofrece el parte discriminado que detalle cuántas de estas víctimas son niñas, niños y adolescentes.

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