El Estado venezolano le dejó a las familias, comunidades y organizaciones no gubernamentales su deber de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, antes y durante de la pandemia del COVID-19. Para los expertos en la materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, Fernando Pereira, cofundador de Cecodap, Carla Serrano, de la Red de Derechos Humanos para los Niños Niñas y Adolescentes (Redhnna) y Gloriana Faría, de Aldeas Infantiles SOS, el Estado venezolano no solo dejó a un lado su papel como garante de la protección de los derechos, sino que delegó la responsabilidad a la sociedad civil, que actualmente no cuenta con el apoyo económico necesario para mantener la labor.
En el debate “Niñez en pandemia, encerrados con el agresor y sin la escuela”, auspiciado por el Diario Tal Cual, este miércoles 17 de noviembre, los expertos en la niñez y adolescencia concluyeron que luego de las elecciones del próximo domingo 21 de diciembre, los políticos electos deben enfocarse en garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.
El próximo 20 de noviembre se celebra el 32° aniversario de la Convención para los Derechos de los Niños, la cual fue firmada y ratificada por el Estado venezolano en 1990. Si bien en el país existen legislaciones en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, el deterioro de las instituciones democráticas, sumada a la emergencia humanitaria compleja y la pandemia del COVID-19 agravó la situación de vulnerabilidad en la que vive la niñez del país.
“Desde 2010 presentamos un proceso de deterioro en los derecho de la niñez, al sumar a la emergencia humanitaria que vive el país, esto se comió aquel sistema de protección, que se venía construyendo desde la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de los Niños Niñas y Adolescentes (Lopnna). Básicamente, los logros que algunas vez fueron palpables fueron revertidos”, relató Fernando Pereira de Cecodap.
Pereira enfatizó que la responsabilidad de garantizar a cada niño sus derechos corresponde a los gobernantes de todos los niveles. Pero, la apatía del Estado Venezolano, que delegó sus labores a la sociedad civil, dejó en evidencia la falta de proyectos, presupuestos y acciones en las alcaldías y gobernaciones.
“¿Los alcaldes saben cuántos niños en su territorio están en estos momentos fuera del sistema educativo? ¿Saben cuántos están en situación de calle o cuántos fueron dejados atrás por la migración? No hay capacidad de respuesta efectiva. Necesitamos que desde el nivel municipal hasta el presidencial reactive ese sistema de protección”, argumentó.
La prioridad son los niños
Para Carla Serrano, representante de Redhnna, los políticos electos en los próximos comicios electorales deben prestar especial atención en las necesidades de la niñez y la adolescencia y «no solo tomarse fotos con ellos como parte de su campaña».
“Desde el punto de vista político es bueno tomarse la foto para la campaña. Pero lo que necesitan los niños y sus familias es que se trabaje seriamente en la solución de sus problemas, relacionados a la violencia estructural, la salud, protección integral, en especial durante la pandemia que vivimos”, sostuvo.
Resaltó que actualmente son las organizaciones no gubernamentales las que han hecho esfuerzo en materia de protección de la niñez; sin embargo, sin el apoyo de políticas públicas, no es suficiente.
“No hay una autoridad pública que recoja información. Es más, no sabemos si los gobernantes y sus equipos recogen la información relacionada a los niños fallecidos. Si lo hacen, no las publican. No tenemos datos del sistema rector para la protección integral. No sabemos cuáles muertes son por enfermedades, por violencia o por fuerza policial porque no hay cifras desagregadas”, agregó.
Serrano enfatiza que el Estado venezolano tiene una deuda muy grande con la sociedad sobre la materia de protección de la infancia y la adolescencia. “Necesitamos que el Estado atienda la problemática. Necesitamos un ministerio, que solo está en papel en la Lopnna. Se tienen que crear campañas, fortalecer los consejos de protección, dotar a los programas de recursos. Después del domingo, los electos tienen que trabajar por los niños”, enfatizó.
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La pandemia lo agravó
Para Gloriana Faría, expresidenta del Consejo de Derechos de Niñas y Adolescentes de Chacao y actual miembro de Aldeas Infantiles, la pandemia del COVID-19 agravó la situación de violencia que viven los niños, niñas y adolescentes en el país. “No solo hablamos de la violencia física, también la sexual”, sostuvo.
Enfatizó que el derecho a la educación, a la salud y a la recreación de la población infantil fue mermado durante la cuarentena. “Muchas organizaciones como Unicef y Save the Children documentaron esta situación durante la pandemia. Los niños manifestaron estar expuestos a la violencia producto de las restricciones de la pandemia. Esto llevó a la vulneración de sus derechos. Las familias deberían de contar con programas dedicados al fortalecimiento de la convivencia. Es muy importante dotar a los sistemas de protección con recursos”, agregó.
Faría coincidió, con ambos expertos, en hacer un llamado al gobierno local, a los donantes internacionales, a gobiernos extranjeros y a los diferentes sistemas de protección internacional para que se sumen en el apoyo de las familias, en especial de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
“Al gobierno venezolano le enfatizamos que cumpla con su labor de garantizar el derecho de los niños y las niñas. No se justifica la violencia contra los niños. Las familias necesitan también el apoyo del Estado”, sostuvo.
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Una respuesta política
Pereira detalló que la respuesta para atender la situación de los niños en el país tiene que venir desde la política. “Es claro que la deuda con los niños continúa siendo política. En estos momentos muchos candidatos estarán pensando que el tema de la niñez no les atañe y esto es una equivocación. Se deben dar los recursos idóneos para enfrentar los problemas de la infancia en el país. Hablar de esta respuesta, es que se desarrollen políticas públicas con los recursos idóneos, porque hablamos de problemas con la P mayúscula”, agregó.
Así mismo, Faría enfatizó que los proyectos y gastos municipales para los niños y las niñas no se pueden quedar en solo pinta caritas y colchones inflables. “Cuando revisamos las memorias y cuentas de las alcaldías vemos que mucho del presupuesto destinados a los niños es para planes vacacionales. No. Esa no es la respuesta, sobre todo cuando aún vemos que hay niños en situación de calle, así como escasez de programas relacionados a la salud mental”, agregó.
Señaló que los concejales electos tienen que buscar fortalecer a las familias en los municipios, impulsar programas sobre la salud mental y discutir cómo emplear el presupuesto en diagnósticos que permitan documentar las situaciones a las que se enfrentan los niños y niñas en el país.
