La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como contra la Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina presidencial rusa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra contra la población infantil en Ucrania. 

La CPI publicó el comunicado este viernes 17 de marzo a través de su oficina de prensa. La Sala de Cuestiones Preliminares II, del tribunal internacional, determinó que el presidente Putin, junto a Lvova-Belova, presuntamente, deportaron y trasladaron de forma ilegal a cientos de niños, niñas y adolescentes a Rusia, durante la ocupación de Ucrania, en la guerra vigente. 

Ambos delitos están estipulados en el artículo 8, numeral 2, del Estatuto de Roma. “Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”, se lee en el comunicado.

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La CPI agregó que también existen motivos suficientes para creer que Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por la deportación y traslado masivos de niños y niñas a Rusia “directamente, junto con otros y/o a través de otros”. 

La Sala consideró mantener en secreto las órdenes de aprehensión para proteger a víctimas y testigos, así como para salvaguardar la investigación; pero, destacaron que la publicación del decreto permitirá la prevención de nuevos delitos contra la población infantil, durante la Guerra de Ucrania. 

“Consciente de que la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa, y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, la Sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría hacer pública la existencia de las órdenes de arresto, el nombre de los sospechosos, los delitos por los cuales se emiten las órdenes de arresto y las modalidades de responsabilidad que establezca la Sala”, señaló la CPI.

«Botín de guerra»

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, enfatizó que para el momento de estas deportaciones, los niños ucranianos eran personas protegidas en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra.

“Muchos de estos niños, alegamos, han sido dados en adopción en la Federación Rusa”, detalló Khan. Además, adviertió sobre cambios en la ley rusa, a través de los decretos presidenciales, para facilitar la adopción de los niños y niñas ucranianos a familias rusas.

“Estos actos, entre otros, demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país. Debemos asegurarnos de que los responsables de los presuntos delitos rindan cuentas y que los niños sean devueltos a sus familias y comunidades. No podemos permitir que los niños sean tratados como si fueran botín de guerra”, explicó Khan.

El gobierno ruso calificó la decisión de la CPI de “indignante e inaceptable”, así como desconocieron la jurisdicción del tribunal internacional.

“Rusia, al igual que varios estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal. En consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin valor para la Federación Rusa desde el punto de vista de punto de vista de la ley”, tuiteó este viernes el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov.