Brechas digitales. En Machiques de Perijá, un pueblo ubicado en la costa occidental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, Isayana le enseña “lo que pueda y como pueda” a sus dos hijos de 12 y 14 años. La empresa estatal de telecomunicaciones Cantv no presta servicio en la zona donde vive y depende de los datos móviles de Movistar para ayudar a sus hijos a hacer las tareas en las horas que tiene servicio eléctrico. Los apagones son frecuentes en el pueblo y todos los días se va la luz por seis horas.
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Antes de la pandemia por la COVID-19, Isayana tuvo que asumir la educación de Benjamin (14 años) porque asegura que el deterioro de la infraestructura del Instituto de Educación Especial Bolivariana Perijá hizo imposible su permanencia. El adolescente tiene una discapacidad cognitiva.
Su segundo hijo, Franchesco (12 años), estudia sexto grado de primaria en el Colegio Nuestra Señora del Carmen y la maestra creó un grupo de WhatsApp para mandar las tareas semanalmente. La madre afirma que las actividades educativas llegan a 75% de los representantes y el 25% restante queda por fuera porque no tiene teléfono inteligente ni internet.
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Su principal preocupación es que sus hijos reciban una formación deficiente: “Franchesco va a pasar a otra etapa y me preocupa que no tenga una formación completa en matemáticas”.
La pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos del mundo a cerrar las escuelas y a optar por la educación a distancia. Pero en Venezuela, el precario sistema de telecomunicaciones pone en peligro el derecho de miles de estudiantes.
