Carlos Alfredo Hernández Hurtado tenía 17 años de edad cuando fue ejecutado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) la mañana del 8 de enero de 2021. Ese día, en La Vega se generó la mayor masacre registrada en el año, con 23 víctimas fatales según organizaciones no gubernamentales.
La mañana que fue asesinado, Carlos salió a un abasto cercano a su hogar en la calle Independencia. «Eran las 11:00 am. Se había levantado tarde, porque esa semana no le tocaba trabajar. Le había pedido que comprar el queso para el desayuno, porque yo no estaba. Los vecinos me dicen después que en la calle, estaba las Faes, llevándose a cualquiera que veían feo”, relató Carmen Hurtado, madre de Carlos, , a la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez (Agencia PANA).
En la calle lo golpearon. No verificaron su identidad y obviaron que era un adolescente. Se saltaron el protocolo policial, lo arrodillaron y le dispararon en el pecho. Los vecinos relataron a Carmen que su hijo pedía ayuda, pero nadie se atrevió a defenderlo. “Las Faes decían que mi hijo era un garitero (un vigilante del barrio), eso era mentira. Ellos lo mataron malamente”, agregó.
Fue trasladado sin signos vitales hasta el hospital Pérez Carreño, en La Yaguara. Su acta de defunción asegura que falleció por shock hipovolémico causado por un impacto de bala en el pecho. Es decir, en menos de un minuto perdió demasiada sangre, tanta que al llegar al hospital no pudo ser salvado.
En las actas policiales la historia es otra. Su muerte fue catalogada como resistencia a la autoridad. Nueva pieza de la neolengua policial con la que sentencian al fallecido a una condena sin juicio. El obstáculo para el derecho a la justicia y la verdad. Para el Estado, Carlos era otro delincuente. Un número para demostrar su efectividad contra las bandas delictivas de la ciudad.
Si sus familiares no hubieran relatado su versión de los hechos en las redes sociales y ante la opinión pública la imagen del adolescente hoy sería distinta. Hubiese quedado marcado por el estigma de una sociedad que juzga a todo aquel que muere en manos de un policía: un malandro más.
Durante la masacre, cuatro adolescentes, todos de 17 años de edad, fueron víctimas de la brutalidad policial. Junto a Hernández fallecieron: Jonathan Useche, Jonathan Efrén Durán González y Luis Alejandro Ramírez.
Entre el deber y la realidad
Este 24 de marzo de 2021 se celebra en el mundo el Día Internacional del Derecho a la Verdad, para recordar que la verdad y la memoria son pilares fundamentales para la reparación integral de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
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La Organización de Naciones Unidad (ONU) invoca el derecho a la verdad a menudo en el contexto de las violaciones manifiestas a los derechos humanos, en las que el Estado debe reparar integralmente a las víctimas y dar información sobre los hechos que llevaron a la muerte de personas en contextos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, u otra violación grave.
“Las víctimas y los parientes de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, secuestro de menores de edad o torturas exigen saber qué y cómo sucedieron los hechos”, se lee en el sitio web oficial de la ONU.
Han pasado 75 días desde la masacre de La Vega. Ni las autoridades gubernamentales ni los entes policiales dieron información sobre lo ocurrido durante los operativos. De hecho, fueron los familiares de las víctimas los que dieron detalles de la matanza ocurrida.
La muerte de los cuatro adolescentes cumple con cinco de los 16 patrones de actuación de la policía para cometer ejecuciones extrajudiciales; según la investigación, Las Faes matan con patrocinio del Estado, publicada por la organización defensora de los derechos humanos, Proiuris.
- Eran hombres jóvenes.
- Vivían en un barrio pobre.
- Todos recibieron disparos en el pecho.
- No se le suministró un socorro efectivo.
- Dicen que fueron asesinados mientras se enfrentaban.
Sin investigación
El luto de las familias y la impunidad es una sombra que envuelve a las víctimas sobrevivientes de la masacre de La Vega. Hasta el momento ninguna autoridad del Estado se pronunció sobre los hechos. El silencio de Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, marca un precedente preocupante para las víctimas que buscan justicia.
“Lo único que buscamos es justicia”, exclamó Carmen. Ella, madre de dos hijos, trabajadora pública, aún no entiende cómo la vida de Carlos se acabó antes de sus 20 años.
“Mi hijo dejó los estudios para ayudarme con los gastos de la casa. Era algo temporal. Él tenía pensado inscribirse en la Academia Militar para ser Guardia Nacional después de que cumpliera 18 años”, señaló Carmen.
Ella se asombró cuando descubrió que no había investigación por el homicidio de su hijo. Para activar su derecho a la verdad ella tuvo que denunciar el hecho, aunque la noticia de la Masacre de La Vega fue mediática. “Tuve que ir a la fiscalía para meter la denuncia. No me dieron ningún papel. Al menos me atendieron bien, pero ya pasaron dos meses y ni una llamada he recibido”, agregó.
Estos casos deben ser investigados por fiscales de derechos fundamentales, así como por fiscales con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.
Para ella la palabra justicia incluye que Venezuela conozca su versión de los hechos y que el gobierno admita, de una vez, que los hombres de las Faes asesinaron a su hijo.
“Mi hijo era un chamo sano. Ni siquiera vivía en La Vega. Se había mudado dos años antes a Altagracia de Orituco, a una casa que tengo allá. Esa semana, aquella en donde fue asesinado, estaba ayudándome a buscar las cosas para terminar la mudanza”, confesó.
Adiós a ocho adolescentes, a sus 17 años
La organización Monitor de Víctimas registró ocho muertes con signos de que fueron ejecuciones extrajudiciales durante el 2020. Todas ocurridas durante la cuarentena social, consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Todas en los cincos municipios del Área Metropolitana de Caracas.
Los fallecidos fueron identificados por sus familiares como: Jeferson Jesús Delgado Negrín, Rainer José Ospino Méndez, Jhostin Hernandez, Abraham Hernandez, William Toro Hernández, Jainer Antoan Rodriguez Hurtado y Henry Emir Monsalve Moreno. Todos de 17 años de edad.
Siete de los fallecidos fueron víctimas directas de funcionarios de las Faes. Solo uno fue víctima del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Cuatro de los casos ocurrieron en la parroquia Sucre de Caracas, dos en El Valle; las otras dos ejecuciones ocurrieron en Petare, Miranda, y Caricuao, respectivamente.
En todos los casos el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que los adolescentes fallecidos eran miembros de bandas delictivas. No se mostró investigación que apuntara a esta versión.
