Sociedad civil: Sin protección a la niñez no se rompe el ciclo de la violencia en la Cota 905

Un nuevo episodio del conflicto armado en la Cota 905, La Vega y El Cementerio concluyó con 33 muertos y 25 personas detenidas. Se trató de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro, un procedimiento policial vendido por el Gobierno como mecanismo de seguridad ciudadana para controlar la delincuencia en los sectores del oeste de Caracas.

Las cifras de fallecidos y detenidos fueron reseñadas por Monitor de Víctimas. La iniciativa periodística logró recopilar los testimonios de los familiares para identificar a las personas que murieron en este operativo. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas comenzaron a salir a la luz, luego de los tres días de enfrentamiento entre la policía y miembros de la megabanda de «El Koki».

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La Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA) entrevistó a especialistas en el área de seguridad ciudadana y derechos humanos; así como a miembros de la sociedad civil local con una sola pregunta: ¿un operativo policial es suficiente para bajar los índices delictivos de la zona?

Los expertos coincidieron que la presencia policial en las zonas de vulnerabilidad solo genera incertidumbre, debido a que históricamente, muchos funcionarios de seguridad del Estado aprovechan la situación para maltratar a la población civil y violentar sus derechos fundamentales.

Aún no hay tranquilidad

Entre la autoridad legal e impuesta. El padre Alfredo Infante, vicario de la parroquia La Vega, conoce de primera mano las consecuencias de las incursiones violentas efectuadas por los funcionarios de seguridad del Estado, así como la libre maniobra de las bandas delictivas en el sector.

Enfatizó que la violencia en La Vega, la Cota 905 y El Cementerio, no solo deja víctimas fatales; también afecta el desarrollo de una vida digna para los habitantes de los sectores, específicamente para los niños, niñas y adolescentes que están en la línea de fuego, tanto de la policía como de la delincuencia.

“No hay tal tranquilidad. Lamentablemente, la presencia actual de los funcionarios de Estado, por su modo de actuar, no garantiza la tranquilidad de la comunidad. Genera incertidumbre a los habitantes, porque no se sabe cuál será el comportamiento de los funcionarios”, explicó Infante.

Destacó que el desenvolvimiento de los policías en la zona apunta al maltrato de la comunidad. “Hablamos de robos de los aparatos eléctricos, ejecuciones extrajudiciales. Pareciera que hay una visión de que toda la gente es enemiga. Por otro lado, mientras no se ataquen o focalicen en las causas estructurales que genera la violencia no se hará nada”, agregó.

La educación en la zona está en un paro técnico. Aunado a la pandemia y la emergencia humanitaria compleja, los niños deben enfocar esfuerzos en proteger sus vidas cuando los tiroteos comienzan. “El sistema educativo estaba en coma. Se debe garantizar la recuperación de la disciplina educativa. Se tienen que hacer programas donde se recupere la normalidad del sistema. Además, se deben crear políticas integrales en el sector para la recuperación de los espacios; sino solo estaremos en un vaivén, en donde en cualquier momento volverá la delincuencia organizada y quedemos en un estado cíclico de violencia”, puntualizó.

Infante explicó que, si bien la situación de violencia en las zonas populares es reversible, se necesitan verdaderos cambios en la política bélica de la seguridad ciudadana. Uno de los más importantes es dar importancia a los derechos humanos y el interés superior del niño y la niña.

Prioridad a la niñez

Para Carla Serrano, socióloga y secretaria general de la Red de Derechos Humanos para los Niños Niñas y Adolescentes (Rehnna), la prioridad de los derechos de la niñez y la adolescencia no parecer ser uno de los puntos clave en las políticas del gobierno de Nicolás Maduro para atender el conflicto armado en la Cota 905, La Vega y El Cementerio.

“Muchos niños quedaron rehenes en esta situación de violencia. No me quiero ni imaginar todo lo que sufrieron durante esas 48 horas de tiroteo en la Cota 905. Está claro que el Estado deber ratificar su labor y ser consciente de que son garantes de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al suscribir la Convención de los derechos de los Niños”, explicó.

Serrano enfatizó que la violencia vivida en las zonas controladas por las megabandas, no solo enmudece a las familias, sino que las paraliza. “La violencia te petrifica. Es obligación del Estado restituir los derechos de los niños. Prestarle atención psicosocial, garantizar indemnizaciones, responder a las familias que estuvieron atrapadas en todo este ciclo de violencia”, sostuvo.

La socióloga no es optimista con la implementación de este deber del Estado. Asegura que las políticas estatales, muchas veces bélicas, no permiten una recuperación o, al menos, una solución a la violencia en las zonas controladas por la delincuencia. “Se tiene que hacer una inversión pública de planes integrales que no se han hecho. Sobre todo, en el tema de niños. No hay un sistema de protección para la niñez en la Cota 905”, sentenció.

Recomendó al Estado venezolano documentarse sobre las soluciones hechas en otros países de la región, como México o Brasil. Trabajar a mediano y largo plazo en políticas públicas para contrarrestar la violencia no solo en la Cota 905, sino en todo el país. “Es probable que vuelva a generase una situación similar en el futuro”, recalcó.

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La tranquilidad no vuelve fácilmente

No es la primera vez que la psicóloga social Magaly Huggins habla sobre el duelo colectivo que queda, tras una matanza, conflicto bélico o ejecuciones extrajudiciales. “La tranquilidad no vuelve tan fácilmente a la Cota 905. Hay mucha gente dolida, golpeada y asesinada. Es injusto. Es un duelo comunitario, puesto que la muerte de una vecina, su hijo o algún otro allegado duele. No es tan sencillo garantizar esa ‘paz’”, explicó.


Huggins se mantiene escéptica ante la propaganda publicada por el gobierno de Nicolás Maduro, que asegura que la incursión en los barrios de la Cota 905 y El Cementerio fue un éxito rotundo. “De lo ocurrido en la Cota 905, solo creo la mitad de lo que dijo el Gobierno. Pienso que allí hay negociaciones para que no aparezcan las cabecillas de la megabanda. El problema es que los delincuentes que huyeron simplemente con llegar a otro barrio pueden reorganizarse para volver a tomar el control territorial”, sostuvo.

Entre las dudas que manifestó la también criminóloga se encuentra el porqué de que la mayoría de las armas incautadas por la policía fuesen de origen de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).

Puso sobre la mesa la arista política. “Esto parece más bien una ‘taima’ (pausa). Es una pausa porque vienen las elecciones. Una vez que todos los comicios electorales terminen, así como la época decembrina, no es de extrañarse que estas bandas delictivas vuelvan”, explicó.

Para Huggins, las autoridades del Estado ratificaron que “la vida de los venezolanos no vale nada para el Gobierno. Pareciera más bien operaciones para acabar con las personas, con los más pobres. Cómo creer que se resolvió el problema, cuando hay muchas dudas por parte de la información de las autoridades”

No basta con la presencia policial

Para Marino Alvarado, abogado y ex coordinador general de Provea, no basta con la presencia policial en la Cota 905 para tener el control del territorio y bajar los índices de la delictiva en la zona.

“No solo basta con garantizar el retorno del control de la zona por el Estado; debe hacerse una intervención integral, que le dé oportunidades a los jóvenes que viven en esas zonas, distintas a las que le ofrece la delincuencia. Se tienen que mejorar la calidad de vida. Si solo se enfoca en el tema de seguridad o presencia policial, cuando esto se abandone, los delincuentes retoman el territorio”, explicó.

Enfatizó que el Gobierno debe ser más transparente con la información dada sobre la Cota 905. “El gobierno debe dar cuenta de quienes son las personas que fallecieron. No hay trasparencia en la información. Se deben dar los nombres, y una breve circunstancia de la muerte. Las personas que fallecieron por las balas perdidas y los funcionarios”, dijo.

Denunció que luego de los hechos en la Cota 905, La Vega y El Cementerio, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, aun no se ha pronunciado ante las denuncias de maltrato y violaciones de los derechos humanos. “Está claro que hubo un enfrentamiento, debido a que hubo policías muertos en la línea de fuego. Sin embargo, también existen denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales”, agregó.

El futuro de estas zonas luego de los tiroteos de las megabandas contra funcionarios de seguridad- es aún incierto para Alvarado. Sobre todo, al comparar la situación con la primera Operación de Liberación del Pueblo, en esa misma zona, durante 2015.

“Este gobierno ha demostrado una enorme ineficiencia ante esta situación. No es de extrañar. Ya pasó en 2015. En ese año,  la Operación Liberación del Pueblo para nada impactó de forma positiva la presencia policial en la zona, puesto que cometieron una serie de maltratos contra la gente de esas comunidades. Ahora se puede volver a dar esa situación, con violaciones de los derechos humanos. Una vez que la policía salga del barrio, es probable que a los pocos meses, la delincuencia vuelva a retomar el espacio más fortalecida”, señaló.

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