Muchas son las medidas que toman los gobiernos de Latinoamérica para evitar el contagio de la COVID-19. Pero, son pocos los Estados que han podido trazar estrategias preventivas que no afecten los derechos humanos de las personas. Tal es la posición de Line Bareiro, periodista de Paraguay, quien estuvo en un conversatorio de Tejiendo Redes Infancia, el 7 de abril.
Ella expuso que uno de los problemas de los Estados latinoamericanos, para enfrentar la pandemia, es que los mismos “no se construyeron como Estados sociales. Se proclaman Estados sociales de derechos, mas no destinan sus recursos para garantizar los derechos humanos de todas las personas”.
Varios ponentes especialistas en el área de derechos humanos participaron junto a Bareiro: Wendy Figueroa de Red Nacional de Refugios y Ana Lucía Díaz de Justicia para las Mujeres. El tema principal del webinar era el impacto de la pandemia COVID-19 en la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
En ese sentido, Bareiro expuso que está claro que los Estados deben minimizar las consecuencias negativas de la enfermedad en su población. Sin embargo, el resultado de imponer una distancia social o cuarentena, sin tener un sistema protector, es el agravamiento de los riesgos que se presentaban antes de la pandemia: la violencia contra las mujeres, niños y niñas.
La especialista comentó que gracias a la cuarentena se observó la disminución de la de violencia social y contaminación ambiental. Por otra parte, el maltrato doméstico sufrió un incremento bastante notorio sobre todo a mujeres jóvenes, niños y niñas. «El quedarnos en casa tanto tiempo, aumentó las agresiones hacia las mujeres, niños y niñas», confirmó.
Describió dos tipos de efectos en los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, la violencia directamente hacia ellos y en segundo lugar la que ocurre a un tercero, en este caso la madre. Esta última afecta también afecta directamente a los niños.
«Yo creo que hasta ahora no pudimos sacar buenas acciones de prevención no solo en la pandemia, no solo en esta circunstancia, sino en general. Llevamos solo 25 años de la primera norma que sirve en el mundo contra la violencia hacia las mujeres. Solo 25 años para un problema milenario», precisó.
