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Esta semana Claudia López, alcaldesa de Bogotá, dio a conocer un plan para identificar a los migrantes en su región. El propósito: reducir la tasa delictiva. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este tipo de políticas públicas en las que se califica a la población migrante como delincuentes “promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados”.
Por esta razón, el miércoles 18 de agosto, unas horas después del anuncio de López, la CIDH se pronunció al respecto y manifestó su preocupación. Conminó a las autoridades colombianas a adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen estigmatización y prácticas de intolerancia y criminalización sobre la base de la situación migratoria.
¿En qué consiste el plan?
La revista Semana, medio colombiano, publicó que el plan de la administración de López consiste en identificar a la totalidad de la población migrante que esté viviendo en Bogotá, mediante el preregistro, la identificación biométrica y la entrega de la identificación con la que podrán regularizar su estadía en la ciudad.
Según indicó la alcaldesa, hasta el momento hay un avance del 70% en el preregistro, el cual se ha hecho de manera virtual y en algunos centros de la ciudad. El objetivo es que de aquí al primero de septiembre todas las personas extranjeras puedan realizar este proceso, para que posteriormente puedan pasar al proceso de identificación biométrica.
Así mismo, la alcaldesa mencionó que ante la posibilidad de que quienes se dedican a delinquir no realicen el registro, estos sean forzados a hacerlo para poder ser judicializados o deportados del país. López agregó que se hará un trabajo especializado, entre la Policía Metropolitana de Bogotá y Migración Colombia, en aquellas estructuras criminales que tienen extranjeros como integrantes.
Y, a partir del primero de octubre, se pueda iniciar el proceso de la entrega de una identificación para todos estos ciudadanos, lo que permitiría darles la posibilidad de regularizar su estadía, pero también, en caso de quienes sean capturados por acciones criminales, puedan ser judicializados o deportados.
Familias venezolanas en la mira
En otras oportunidades, la alcaldesa de Bogotá ha sido criticada por sus posturas contra migrantes, específicamente los venezolanos. «No es la primera vez desafortunadamente que tenemos actos muy violentos de inmigrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos», afirmó la mandataria el 11 de marzo de 2021, ante la prensa. Sus declaraciones ocurren tras el asesinato de un policía, en un tiroteo al norte de la ciudad, a manos de presuntamente, de ciudadanos venezolanos.
En octubre de 2020, la autoridad local también dio un discurso contra los venezolanos: «No quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida a cuadritos. Tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí el que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido. Pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación”, dijo en un mítin político.
Según cifras de Migración Colombia, hay 337.594 venezolanos que se encuentran en la capital, que equivalen al 19,43 % del total de quienes están en Colombia (1.742.000 personas). Infobae publicó unas cifras de la Personería Distrital de Bogotá que apunta que del total de venezolanos en esta región, 50% viven en cuatro localidades: Kennedy, Suba, Bosa y Engativá.
El medio también usó datos del informe Retos y oportunidades de la integración migratoria: análisis para Bogotá, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en el que se resaltó que los comportamientos “xenófobos y aporofóbicos han aumentado desde que se han acentuado los imaginarios colectivos negativos hacia estos migrantes y la conflictividad social en torno a temas de seguridad ciudadana y desigualdad de oportunidades”.