Son 1.120 niños, niñas y adolescentes (NNA) que no están. Diariamente la violencia se llevó a tres de ellos. La menor tasa de homicidios por cada 100.000 niños registrada por estados fue de 30. Éste número supera tres veces a la tasa de mortalidad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como epidemia. En Venezuela, las muertes violentas de nuestros niños son más que una epidemia.
Estos datos están registrados en el informe Muertes Violentas de niñas, niños y adolescentes Venezuela (2019), parte del Informe Somos Noticia que anualmente publica Cecodap. La investigación de este documento estuvo a cargo del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) que tiene académicos en ocho universidades del país.
Aunque año tras año la calidad de datos que pueden conseguir los investigadores baja, el grupo pudo determinar que al menos 1.120 personas menores de 18 años murieron en condiciones violentas. El director del OVV, Roberto Briceño León, advirtió que de la totalidad de muertes por las mismas razones en el país hubo más de 3.036 casos que no se pudo determinar la edad. «Por la experiencia que tenemos, en ese grupo debe haber niños, niñas y adolescentes», apuntó.
Miranda ocupa el primer lugar en magnitud de la violencia homicida contra niños, niñas y adolescentes con 79 homicidios. Destaca la mayor vulnerabilidad y riesgo de los adolescentes. Es un dato muy relevante advertir la mayor proporción de estas muertes en esta entidad en comparación con cualquier otra; información que no es novedosa porque Miranda incluye municipios sometidos a la violencia delictiva por larga data y además es el segundo estado más poblado del país.
Con estos datos se observa que ni están protegidos los adolescentes, ni los niños reciben los cuidados, resguardo y vigilancia que requieren para evitar daños y lesiones que puedan resultar irreparables. Son cifras inaceptables que expresan cómo la violencia que nos azota no parece tener límites. Pareciera que no son suficientes las barreras morales, ni hay contención en los perpetradores de esta violencia letal. Tampoco es visible la justicia en términos de una investigación expedita o sanción a los responsables de los hechos violentos que involucran a los niños, niñas y adolescentes.
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Incremento de «muertes en averiguación»
En 2018, las muertes en averiguación fueron 357. Para el año pasado se registró un incremento de 150% en esta categoría. Esta tipología se refiere a aquellos casos en los cuales la administración de justicia conoce del caso, pero no tiene una conclusión sobre el hecho y por lo tanto hay dudas sobre si se trata de un homicidio, un suicidio o un accidente.
«Las familias tienen derecho a la verdad y justicia. Si no se determina la causa de muerte difícilmente se garantizan lo primero. Tenemos que preguntarnos qué pasa con el sistema de justicia, la Fiscalía, los órganos policiales de investigación», apuntó, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.
En 2019 quedaron por determinar 539 muertes de niños, niñas y adolescentes. En estos casos el Ministerio Público tiene la competencia legal de hacer efectiva la investigación que corresponda para esclarecer los hechos, garantizando así que haya justicia y el caso no quede impune. En nuestros estudios, nosotros excluimos de las muertes violentas los casos que se presumen y son catalogados como accidentes, y solo incluimos aquellos en los cuales hay sospechas fundadas de la ocurrencia de una muerte violenta oculta tras la clasificación de “accidente”.
«Hay 539 muertes de niños en averiguación. Uno se pregunta dónde está el Ministerio Público para investigar estas muertes. También hay que someter a escrutinio la cantidad de muertes de niños por causas naturales», dijo Gloria Perdomo, investigadora del OVV, en la presentación del informe este 5 de mayo.
Resistencia a la autoridad
El registro de muertes por supuesta resistencia a la autoridad permanece en 2019. Esta vez, aunque menos que en 2018, se pudieron encontrar 68 muertes en manos de funcionarios policiales. El año anterior hubo 287 casos.
El OVV resaltó que esta “resistencia a la autoridad” es una categoría que utilizan en Venezuela los cuerpos policiales para publicar cifras referidas a personas muertas en situaciones de “enfrentamientos a la autoridad”. Según la denominación legal, estas muertes se corresponden con hechos en los que hubo confrontación, en las que e supone que hubo amenaza a la vida de las personas, estaba en riesgo la integridad física de los presentes.
Roberto Briceño León indicó que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) aparecen como como cuerpo de seguridad del Estado que causa más muertes de niños y adolescentes por resistencia a la autoridad.
«No podemos tener una óptica belicista, como si fuesen a enfrentarse a enemigos en una guerra. Si esos adolescentes están investigados lo que toca a las autoridades policiales es ubicarlos y presentarlos en tribunales. Las muertes por resistencia a la autoridad lo que demuestra es falta de profesionalismo, falta de compromiso con los derechos humanos. Debemos exigir que la categoría «resistencia a la autoridad» desaparezca de las estadísticas y se contabilice como homicidio», manifestó Perdomo.
En ese sentido, Briceño León recordó que la calidad de los datos registrados en el país no es la óptima. «En el caso de la resistencia a la autoridad ¿son registros erróneos?, o ¿están siendo así registradas porque se considera que la muerte por la autoridad policial tiene esta denominación, independientemente de si hubo o no un enfrentamiento? ¿Cómo habrá sido registrado el caso en que una niña de seis años resultó muerta en Delta Amacuro por los disparos de una comisión de la Guardia Nacional contra los indígenas que venían en una embarcación? (6 de mayo 2019); ¿Puede ser calificado como resistencia a la autoridad, el caso del niño de 10 años muerto por efectivos de la Cicpc que perseguían a unos delincuentes? (28 abril 2019, Portuguesa)», expuso.
Factores de riesgo
Los factores de vulnerabilidad de adolescentes, niñas y niños son diversos y diferenciados.
La mayoría de las víctimas habitan en barrios pobres urbanos en los que son precarias las oportunidades de acceder a los alimentos, a productos de primera necesidad y a los servicios más básicos.
Se trata de niños y niñas que crecen sin la presencia constante de un adulto. Las madres deben ausentarse buena parte del día para conseguir los alimentos.
En algunos casos las muertes de niños y niñas tienen relación con violencia doméstica. Se conocen casos de femicidio de adolescentes.
No existen servicios de protección o de apoyo ante situaciones de violencia, amenazas o privaciones que pueda afrontar esta población.
Un factor relevante es la existencia de armas y municiones en manos de población civil y de bandas delictivas. La presencia de grupos armados que parecen delinquir con garantías de impunidad, ante la ineficacia o inacción de los órganos de justicia para la investigación judicial y la sanción de quienes violan las leyes.
Es un problema de salud pública
«Nuestras principales recomendaciones están referidas al reconocimiento de la violencia contra los NNA como un problema de salud pública. Desde esta perspectiva, deberían ser adoptadas y efectivamente implementadas medidas que son prioritarias», manifestó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.
El contexto de violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes en Venezuela es una situación que ha sido ampliamente denunciada por organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y organismos de Naciones Unidas. Esta denuncia se hace a pesar de las dificultades que se impone desde el Estado en el acceso a información oficial, verificación de casos y acompañamiento a víctimas.
Son los niños, niñas y adolescentes las principales víctimas de violencia armada. No hay políticas públicas efectivas y eficaces que garanticen obligaciones son esenciales como la protección a la vida y a la integridad de todas las personas.
Son diversas las recomendaciones que se han formulado. En vista a los datos presentados en el presente informe, se formulan las siguientes::
1. Reconocimiento de la violencia contra los NNA como un problema de salud pública. La violencia tiene un impacto devastador en la vida de las personas. El posicionamiento de la violencia armada y la naturalización de una cultura de la muerte constituyen un problema de salud pública que comprometa la vida y el desarrollo de todos los ciudadanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Al ser un problema de salud pública, desde una perspectiva de derechos humanos, existen un conjunto de obligaciones para el Estado que resultan impostergables e irrenunciables. Eso incluye:
- El desarrollo de diagnósticos y bases de datos sobre hechos violentos actualizado, desagregados, confiables y de acceso público.
- El diseño e implementación de una política pública integral que permita abordar las distintas causas sociales, políticas e institucionales que estimulan la violencia.
- La implementación de programas y servicios para la prevención de la violencia y atención integral a las víctimas.
2. Respuesta humanitaria y necesidades básicas de la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Resulta necesario disminuir las brechas y las desigualdades predominan en la sociedad venezolana. Existe una vulneración constante en el ejercicio de derechos esenciales como la alimentación, salud y acceso a servicios públicos siendo alguno de los factores que estimulan la violencia. Mientras se incrementa las privaciones y las insatisfacciones de necesidades básicas no solo se compromete el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sino que incrementan los riesgos de recurrir al a violencia como una opción de supervivencia.
3. Sistema de información y recopilación de datos con enfoque basado en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Disponer de un sistema único de registro de hechos violentos contra niños, niñas y adolescentes permite diagnosticar la magnitud y el alcance de la violencia. La violencia como una realidad multicausal y multifactorial tiene diversidad de expresiones y variables que deben ser consideradas en el diseño de políticas públicas que contribuyan a tener resultados concretos y efectivos.
4. Fortalecimiento del estado de derecho y desarrollo institucional del sistema de protección. Es indispensable el cumplimiento estricto de marco jurídico y los derechos humanos para la vida en democracia. Un Estado frágil, ausente o cómplice de la violencia incrementa la vulnerabilidad de los ciudadanos. Es necesario aumentar las capacidades técnicas, operativas y financieras del sistema de protección para una adecuada intervención antes (prevención), durante (atención) y después (restitución) de un hecho violento que involucre a un niño, niña o adolescentes.
5. Fortalecimiento de capacidades especializadas y de calidad en materia de protección de NNA. Resulta insuficiente el diseño de protocolos de atención frente a la violencia contra los niños si el personal responsables en su implementación no se encuentra altamente capacitado. La atención frente a un hecho violento va más allá de una intervención policial y judicial, sino por el contrario debe ser entendido bajo un enfoque integral y transdisciplinario, siendo la capacitación y reentrenamiento constante una condición indispensable.
6. Efectividad en protocolos de prevención y atención a niños, niñas y adolescentes frente a un hecho violento. Es obligatorio disponer de mecanismos efectivas, accesibles, expeditos y uniformes en la prevención y atención de un hecho violento. Estos mecanismos deben garantizar, al menos, la restitución de los derechos, la rehabilitación y el acompañamiento psicosocial a las víctimas, la indemnización y la garantía de satisfacción y no repetición del Estado que los hechos violentos no se repetirán. Todo protocolo de prevención y atención debe ser sensible a la condición particular de los niños, al rol fundamental de las familias y a las diferencias basadas en género.
7. Fortalecer a las escuelas como espacios afectivos, formativos y protectores frente a la violencia. La función de los centros educativos y los docentes es fundamental para la prevención de la violencia. Las escuelas deben ser espacios de protección y de detección temprana de hechos violentos. El Estado debe apoyar y acompañar al docente en el desarrollo de metodologías y estrategias para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Un docente sensible a los derechos y las necesidades de la niñez y adolescencia constituye un factor determinante, que no solo contribuye a la educación de un niño, niña o adolescentes; sino, además puede salvarle la vida.
