Miranda.- Un niño de sexto grado debería restar, sumar, multiplicar y dividir con facilidad. Sin embargo, a Daniel, que tiene 12 años y está en el último año de educación primaria, aún se le dificultan las operaciones básicas de matemáticas. No sabe calcular porcentajes y no logra sumar fracciones. Su comprensión lectora igualmente es baja y escribir un texto libre se le hace difícil, mucho más cuando la maestra le asigna un tema específico.

El niño cursa sus estudios en una escuela ubicada en la subregión Barlovento en el estado Miranda. Dos días a la semana, en horas de la tarde, recibe tareas dirigidas, pero aun así no logra mejorar su rendimiento escolar. Nakarit Romero, su mamá, está consciente de la situación y, en un esfuerzo por ayudar a su hijo, lo apoya con sus tareas, pero solo los fines de semana. Ella trabaja de lunes a viernes, y el poco tiempo que le queda libre lo dedica a los oficios del hogar.

Romero recuerda que durante la pandemia de covid-19 se suspendieron las clases presenciales y se aplicaron otras estrategias de educación. “La maestra de mi hijo comenzó a enviarle las tareas por Whatsapp, pero muchas veces no teníamos Internet en casa; tampoco saldo en mi teléfono, y eso dificultó la comunicación».

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Esta falta de conectividad impidió que el niño buscara información en Internet y casi nunca cumplió con la tarea. Su mamá cuenta que cuando se decidió el regreso progresivo a las aulas, luego de 15 meses, su hijo estaba desmotivado y le costó adaptarse de nuevo a la rutina diaria. 

Más adelante, las cosas empeoraron.“Luego de este receso obligado, comenzaron las protestas de los educadores por un sueldo justo y los muchachos perdieron más horas de clase. Todas esas interrupciones han tenido un impacto: han producido carencias educativas”, considera Romero. Estas acciones de calle y los paros de actividades se mantuvieron en el período escolar 2022-2023. En ese tiempo, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) contabilizó 3.185 protestas de docentes en toda Venezuela.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2023, la asistencia escolar irregular está afectando al 40% de la población de 3 a 17 años escolarizada, es decir, alrededor de 2.6 millones de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. 

Según la investigación, presentada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), las ausencias frecuentes están influidas por huelgas (30%) e inasistencia del personal docente (18%), enfermedades (19%), falta de comida en el hogar (8%) o escuela (2%) y fallas de servicios de electricidad (7%), agua (5%) y transporte (2%).

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Encovi reveló que, en esa fecha, el calendario escolar se redujo a dos o tres días por semana en las escuelas públicas y evaluó el rezago escolar, el cual expresa una brecha entre la edad del alumno y el grado escolar cursado.

Entre los niños y niñas con edades de 7 a 11 años aumentó el porcentaje de los que tienen rezago (de 32 % a 40 % en niños y de 34 % a 37 % en las niñas) respecto del nivel reportado en la encuesta de 2019-2020. Este indicador constituye un atraso en el nivel formativo y pone en entredicho la calidad educativa en el país.

«En emergencia»

El año escolar 2024 en Venezuela comenzó con una “educación en emergencia”. Así lo dice Brenda Castillo, madre de un niño de 8 años de edad que estudia en una escuela pública en los Valles del Tuy, estado Miranda.

En esta institución hay filtraciones y las clases se suspenden cuando llueve. A ello se suma que el agua no llega con frecuencia y los baños colapsan. 

Lo que se vive en ese plantel se repite en muchos otros.  Por ejemplo, en la Unidad Educativa «Niños de La Patria», ubicada en el sector Los Muñoz del Limón de Soapire, en Santa Lucía, municipio Paz Castillo, hay un déficit de pupitres y de escritorios. El centro educativo tiene una matrícula de 740 alumnos, desde la etapa básica hasta la media diversificada. Según el vocero de la comuna Los Muñoz, Enrique Córdova, los estudiantes y las maestras no tienen donde sentarse.

La representante Jhulmi Bolívar agrega que el área de cocina no cuenta con implementos para la preparación de los alimentos y se requieren una nevera, un frizzer, ollas y utensilios. 

El plantel también carece de material de oficina y mobiliario, presenta problemas de filtraciones, las paredes están agrietadas, el piso está dañado, las barandas de las escaleras muestran deterioro, el servicio de agua potable es irregular y la iluminación, precaria.

En los colegios de la subregión Barlovento del estado Miranda hay problemas similares. Roymer Durán, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en el municipio Acevedo, señaló que en la Unidad Educativa San Rafael existe una matrícula de 128 estudiantes, desde inicial a sexto grado, pero solo hay 48 pupitres.

“Los pizarrones también están dañados y, cuando llueve, los niños son enviados a sus casas, porque los salones se mojan, y pierden horas de clase”, refirió.

Durán señaló que, en una asamblea de educadores, decidieron trabajar de forma escalonada. La primera etapa tendrá actividades los días lunes y martes y la segunda, los miércoles y jueves, aunque las instituciones están abiertas toda la semana.

“Los docentes de Acevedo no pueden ir todos los días a las escuelas, porque el sueldo no les alcanza para gastos de alimentación, salud y transporte. Y si a esto le sumamos las fallas de servicio y de infraestructura en los colegios, podemos concluir que la educación va en retroceso”, señaló.

En opinión de Durán, el Gobierno no ha sido diligente en resolver el conflicto del magisterio, así como tampoco en acondicionar las escuelas para que sean espacios seguros, cómodos, con ventilación e iluminación adecuadas y óptimos servicios.

René Zapata, presidente de la FVM, seccional Tuy-Guaicaipuro, está de acuerdo con Durán y señaló que en esta subregión algunos maestros también están trabajando tres días a la semana, a pesar de que las autoridades de educación los amenazaron con sancionarlos.

Baja asistencia escolar

Sonia, una maestra que pidió mantener su apellido en reserva, está consciente de que los más perjudicados por esas deficiencias en el sistema son los alumnos, y, como Durán, sostiene que el Estado debe asumir su responsabilidad. “Estamos frente a una crisis educativa preocupante, porque el futuro de todo país es la educación. Mientras muchos educadores han emigrado por la situación económica; otros nos reinventamos con emprendimientos para subsistir, pero asistimos desmotivados a los colegios, a pesar de la gran vocación de servicio que nos mantiene de pie”, destacó.

Sonia contabilizó que, en el año escolar 2023-2024, de 25 horas de clases que corresponden cada semana, solo dictó un promedio de 10, debido a las protestas que realizaron y las condiciones de la escuela donde trabaja.