La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su preocupación por las denuncias sobre la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela. Así lo afirmó en un comunicado publicado el 6 de abril de este año. Asegura que esta situación impacta de forma desproporcionada en las mujeres y gestantes de todas las edades durante el embarazo y parto. En este sentido, la CIDH insta al Estado a eliminar las barreras de jure y de facto que impiden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a revisar su legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
La CIDH recibió información sobre graves fallas y carencias en la prestación de servicios de salud materna que reciben las mujeres embarazadas en el país, lo que podría configurar violencia obstétrica. En su visita a la frontera colombo-venezolana, realizada a comienzos de 2020, recibió testimonios de mujeres que manifestaron que, para recibir controles prenatales y para el parto, debían facilitar los instrumentos quirúrgicos y de profilaxis a los hospitales. Durante dicha visita, se observó cómo muchas mujeres venezolanas, en su mayoría jóvenes, migran con sus hijas e hijos de temprana edad o se desplazan en estado de embarazo con el propósito de atender a controles prenatales.
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Al respecto, la CIDH recuerda que las barreras en el acceso a servicios de salud materna o gestacional se pueden traducir en afectaciones al derecho a la integridad física, psíquica y moral de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todas las edades.
Adicionalmente, se resalta que la falta de acceso a servicios de salud y a insumos médicos, que sólo las mujeres y personas gestantes requieren, podría configurar una afectación al principio de igualdad y no discriminación.
La prevención está en riesgo
De otra parte, la Comisión recibió información señalando que las mujeres y las personas gestantes enfrentan cada vez más obstáculos para acceder a métodos anticonceptivos y de planificación familiar, como la escasez de varios métodos anticonceptivos en algunas regiones del país y el elevado costo para acceder a los métodos disponibles.
De acuerdo con un informe publicado en 2019 por organizaciones de la sociedad civil, en cinco de las principales ciudades de Venezuela el índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias osciló entre 83,3% y 91,7%. Esta situación —sumada a la legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo— puede contribuir al aumento de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos en condiciones inseguras; además de afectar la autonomía reproductiva y los planes de vida de las mujeres y las personas gestantes de todas las edades.
En este sentido, la CIDH encuentra preocupada porque el Estado de Venezuela no dé a conocer cifras oficiales sobre la mortalidad materna desde 2016.
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Pobreza y mortalidad
La Comisión ha señalado que existe una estrecha relación entre la pobreza, los abortos inseguros y las altas tasas de mortalidad materna. Como consecuencia de las carencias en la atención en salud materna y el escaso acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres y personas gestantes recurren a procedimientos peligrosos y clandestinos que ponen en alto riesgo su vida.
A su vez, subraya que la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes de todas las edades, como la vida, la integridad personal, la salud y a vivir libres de violencia y de discriminación.
Adicionalmente, se destaca que la violencia sexual tiene un impacto irreparable en las mujeres, niñas y adolescentes. Estas formas de violencia, su magnitud y su impunidad, tienen efectos negativos en su salud reproductiva y, frecuentemente, resultan en embarazos no deseados y de alto riesgo, en prácticas de interrupción del embarazo ilegales e inseguras o en maternidades forzadas.
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Recomendaciones de la CIDH
La CIDH llama al Estado de Venezuela a tomar medidas para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo educación sobre la materia con perspectiva de género, así como la disponibilidad de métodos de anticoncepción y anticoncepción de emergencia a las mujeres y personas gestantes de todas las edades.
Asimismo, recomienda al Estado revisar la legislación interna en materia de interrupción voluntaria del embarazo, de forma que se garantice el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, y a abstenerse de criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos que trabajen en favor de estos derechos.
La Comisión ha recomendado a los Estados diseñar protocolos de salud adecuados para atender a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y para disponer de la interrupción legal y segura de los embarazos resultantes de violencia sexual, con miras a impedir que se desarrollen embarazos no deseados y de alto riesgo para su vida.
Hace un especial llamado al Estado a dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas a las mujeres pacientes que se encuentran en las salas de parto y área de emergencias; así como los recién nacidos que están en el área de neonatología del Hospital Maternidad Concepción Palacios.
