Caracas.- En las zonas populares de Caracas, la relación entre los cuerpos de seguridad y los niños, niñas y adolescentes (NNA) dejó de ser una función de protección para convertirse en una de sometimiento y miedo. Lo que debería ser una presencia para garantizar el orden, se percibe en los barrios como una incursión arbitraria donde no existe el debido proceso ni la justicia.

El acoso policial recurrente ha provocado la destrucción del tejido social. Desde temprana edad, la niñez crece en un entorno de absoluta desconfianza hacia las instituciones que deberían protegerlos. Esta sensación de vulnerabilidad no solo es directa; ellos y ellas absorben las experiencias de sus pares y la narrativa de sus comunidades, donde el contacto con un funcionario genera un “terror horrible” por el riesgo de extorsión o violencia.

Testimonios recopilados para este trabajo dan cuenta de esa realidad: “Trato de no salir mucho ahora”; “he visto, cuando salgo del liceo, cómo la policía para y revisa a los muchachos”; “escuché decir a mi hermano mayor que una vez le dijeron que se quitara las medias”; “los funcionarios creen que todos somos delincuentes”; “a mi hermano se lo llevaron detenido y le estaban pidiendo dinero para dejarlo salir”; “las requisas son duras, le dan a uno en la cara, nos tocan las partes íntimas”; “se meten en nuestras casas”.

En las barriadas de Caracas, el juego de “policías y ladrones” ya no es tal: es una sentencia. Lo que comenzó en 2015 como operativos letales —la Operación de Liberación del Pueblo (OLP)— mutó en una “cacería” institucional (incluyendo la operación Tun Tun) que hoy sienta a adolescentes en el banquillo de los acusados bajo cargos de terrorismo.

Crecer bajo la sombra del Estado

El sonido de una puerta derribada a las 3:00 a.m. es el sonido del terror para las familias venezolanas. “Ya no son solo los delincuentes; ahora es el Estado el que entra por la fuerza”, comentó una madre que ha sido víctima de la violencia institucional.

Desde las ejecuciones extrajudiciales que marcaron el 2015 hasta la inédita ola de detenciones de niños, niñas y adolescentes en 2024, tras los eventos postelectorales, la violencia institucional en Venezuela —específicamente la ejercida por los cuerpos de seguridad— ha cruzado una línea de no retorno.

Aunque la Constitución Nacional afirma que los derechos humanos de la niñez y la adolescencia son obligaciones del Estado que deben ser cumplidas con prioridad absoluta, con la participación y corresponsabilidad de las familias y la sociedad, estos grupos siguen siendo víctimas de múltiples y prolongadas amenazas y vulneraciones de sus derechos a la vida y a su pleno desarrollo personal y social.

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de septiembre de 2025, reveló que al menos 220 niños, niñas y adolescentes, con edades entre 13 y 17 años, fueron detenidos en el marco de este patrón de represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024:

“Durante su reclusión, y sin tener en cuenta ni su edad ni el interés superior, los niños y niñas fueron sometidos a incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual y violaciones al debido proceso”.

Esa es la crónica de un país donde tener 16 años y estar en la calle en el  momento equivocado puede significar una celda común, un juicio sin defensa y una etiqueta de “terrorista” que ninguna ley de protección o de amnistía alcanza a borrar.

Legalidad y arbitrariedad

¿Cómo se puede diferenciar legalmente una “inspección de rutina” de un acto de hostigamiento o acoso basado en el perfilamiento racial o social? Existen investigaciones muy recientes (2024-2026) que documentan un cambio en el patrón de acoso y violencia policial, especialmente tras los eventos políticos de mediados de 2024. Destaca detenciones arbitrarias y abusos en los procesos de adolescentes varones de barrios de escasos recursos en Caracas (Petare, Catia, El Valle). Muchos fueron acusados de delitos graves como “terrorismo” o “incitación al odio” sin acceso a defensa privada. 

Además, se ha reportado el uso de aplicaciones tecnológicas estatales para fomentar denuncias entre vecinos, lo que aumenta el acoso policial preventivo en las zonas populares.

“Nuestros muchachos sufren agresiones por parte de los cuerpos policiales. Los amenazan con ‘sembrar’ evidencias (drogas o armas). Esa es una práctica rutinaria y naturalizada en las alcabalas y operativos dentro de los barrios”, comentó Ivonne Parra, integrante de Madres Poderosas.

Aunque el acceso a cifras oficiales es nulo, existe una tendencia preocupante de víctimas cada vez más jóvenes (entre 14 y 17 años). En las protestas de 2024, la Misión, reportó el caso registrado por ONG locales de dos adolescentes de 15 y 17 años detenidas por la GNB el 29 de julio, aunque ellas no habían participado en las manifestaciones. Los funcionarios de la GNB las agarraron por el cabello, las golpearon y les cubrieron la cara durante su arresto.

“En el comando de zona de la GNB donde fueron trasladadas, una de ellas fue obligada a bajarse el pantalón y fue manoseada en los genitales frente a otros funcionarios e incluso frente a hombres privados de libertad. Las dos adolescentes permanecieron una semana en un recinto que tuvieron que compartir con adultos, donde fueron golpeadas y maltratadas verbalmente con insultos sexistas”.

Mirla Pérez, profesora y directora del Centro de Investigaciones Populares (CIP), destaca que un primer abordaje sería tener en cuenta que, dependiendo del sector, habrá un determinado número de funcionarios policiales:

“¿Eso qué significa? Que los barrios, en su generalidad, no es que sean visitados frecuentemente por los organismos de seguridad, pero cuando entran a las comunidades no necesariamente es para garantizar el orden y actuar desde la justicia”.

Por tanto, sostiene que, desde la percepción del más joven, no hay una relación de justicia con los cuerpos de seguridad “porque lo que han vivido hasta ahora es arbitrariedad: no hay un cargo establecido, no hay un debido proceso”.

Para la investigadora, los adolescentes observan las experiencias cercanas. “Algunas veces no les ha tocado vivir estos eventos directamente pero, de modo indirecto, pueden conocerlo a través de la referencia de sus pares o de otras personas dentro de la comunidad. Por eso no se establece una relación basada en el debido proceso, sino en la referencia y la experiencia de la arbitrariedad”.

De ahí que, estima Pérez, al situarse en el espacio de la arbitrariedad, lo que esta población enfrenta es una situación de sometimiento, “porque según lo que el funcionario esté buscando lo va a relacionar con ese muchacho, lo va a vincular con algún delito local, y eso es lo que termina desencadenando los casos. No vamos a decir que en la totalidad, pero en la generalidad terminan desembocando en situaciones de injusticia”.

Como la vivida por Héctor*, de 17 años, quien estaba con dos amigos en una plaza ubicada en la parroquia El Valle. “No estábamos haciendo nada, apenas habíamos terminado de fumar un cigarro entre los tres y llegaron dos funcionarios motorizados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Ellos vieron la colilla en el piso recién apagada y aún así nos trataron como delincuentes. Nos llevaron al comando y nos metieron a un cuarto donde había más gente. Nos dijeron que llamáramos a nuestros padres, pero también nos querían sembrar drogas, nos decían ‘te agarramos con este paquete’”.

Héctor escuchó que a otros les pedían dinero en divisas. Sin embargo, a él y a sus amigos los dejaron salir una vez que se presentaron sus padres. “Antes nos pusieron a hacer una marcha y a cantar una estrofa del Himno Nacional”.

¿Dónde está la legalidad? ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está la infracción del adolescente que es sometido a este tipo de relación? Pérez señala que de allí nace la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad.

“También tendríamos que señalar que hay momentos críticos en los que se puede exacerbar o no. Por ejemplo, en situaciones de conflictos internos entre bandas, allí hay una exacerbación de la relación de los cuerpos de seguridad con el muchacho común. Aunque no todos están metidos en situaciones delictivas —siempre es un pequeño grupo y, como dice el refrán, el mal hace más bulla que el bien— cuando intervienen los funcionarios en estos conflictos no lo hacen buscando el orden, sino que nuevamente actúan desde el sometimiento al niño, niña o adolescente”.

Indica que en el año 2024 registraron situaciones de sometimiento por pensar distinto, porque los jóvenes tuvieron el valor de salir a la calle: “Eso también fue castigado y acentuó la arbitrariedad”.

Entonces, para la niñez y la adolescencia de las comunidades, si ya no era fácil el entorno social del barrio, sentir la amenaza de los cuerpos de seguridad “soplándoles en la oreja” tampoco ayuda a la cohesión social ni al desarrollo pleno.

“Me da miedo que salga, que vaya a una fiesta, que llegue tarde de clases, que juegue en la cancha. Cuando me dice que va con la novia a comer hamburguesas, me preocupo mucho. Me dice que no lo dejo vivir, pero tengo que cuidarlo mucho, es mi hijo”, dice Scarlet*, habitante de El Cementerio, parroquia Santa Rosalía.

Martha Tineo, abogada, defensora y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, vincula lo anterior con la corrupción de los sistemas policial y judicial venezolano, “que precisamente ha llevado a la destrucción del tejido social. Esa absoluta desconfianza que los ciudadanos tienen respecto a los cuerpos de seguridad del Estado se ganó, lamentablemente, por estas prácticas abusivas que se han convertido en un patrón sostenido y reiterativo”.

En definitiva, cree que esto ha dejado una grave consecuencia: la destrucción de la cohesión social. “Hay desconfianza ante las instituciones de seguridad y justicia. Hay desconfianza incluso entre las propias comunidades por la estigmatización. La violencia institucional y el acoso policial generan inseguridad y una sensación absoluta de vulnerabilidad”.

Tineo hace aquí un ejercicio común: “La ciudadanía en general, cuando se enfrenta a una alcabala o tiene un acercamiento con un funcionario, siente terror; sabe que está en riesgo de intimidación o extorsión. Hay una suerte de sensación de victimización frente al Estado en toda la población venezolana, con un efecto diferenciado en niños y adolescentes. Y no me refiero solo al ejercicio arbitrario del poder, sino a que usan estas prácticas como herramienta de control social desde el miedo. Lo vimos en su momento con las OLP”.

Sujetos de derecho 

En esos operativos se violan normas y principios básicos contenidos en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que establece que los cuerpos de policía deben extremar precauciones cuando la actuación policial esté referida a niños, niñas y adolescentes. 

También el artículo 78 de la Constitución nacional establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y que el Estado, las familias y la sociedad deben garantizarles prioridad absoluta.

Pero, ¿cuáles son las garantías existentes según nuestra legislación?

• En 2011 se publicó en Gaceta Oficial la Resolución Número 334 sobre normas de actuación policial cuando esté dirigida a niños, niñas y adolescentes (Gaceta Oficial 39.824).
• También existe el Decreto N° 2.765, mediante el cual se dicta el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
• La Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente (Lopnna) en el título V habla del Sistema penal de responsabilidad del adolescente es claro cuando dice que el sistema es el conjunto de órganos y entidades que se encargan del establecimiento de la responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en los cuales incurran, así como de la aplicación y control de las sanciones correspondientes.

Estos son la Sección de Adolescentes del tribunal penal, la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, defensores públicos, policía de investigación, programas y entidades de atención.

• El artículo 528 de la Lopna dice que el adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone.
• El artículo 529 señala que ningún adolescente puede ser procesado ni sancionado por acto u omisión que, al tiempo de su ocurrencia, no esté previamente definido en la ley penal, de manera expresa e inequívoca, como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado.

El adolescente declarado responsable de un hecho punible sólo puede ser sancionado con medidas que estén previstas en esta Ley.

Con estas normativas se debería garantizar un trato respetuoso a los niños, niñas y adolescentes, cuya ruta debe iniciar con la identificación y rango del adolescente, un aspecto que, de acuerdo a los testimonios contados líneas arriba, nunca ocurre.

Actualmente, niños, niñas y adolescentes viven con miedo, con desconfianza. Si van en grupo caminando por una acera y ven pasar una patrulla, se asustan, salen corriendo, se sienten vulnerables. Pero eso no debe ser la norma. 

Para que se pueda dar la reconstrucción del tejido social se requiere que el Estado asuma su responsabilidad por los abusos cometidos. Esto incluye medidas de reparación integral para las víctimas de violencia institucional y la creación de mecanismos de control ciudadano donde las comunidades puedan denunciar el acoso policial sin temor a represalias.

Ya hay experiencias que están encaminadas a esta exigencia, como es el trabajo de como la de Madres Poderosas, una organización que agrupa 13 casos de ejecuciones extrajudiciales, y que lucha para exigir justicia en los asesinatos de sus hijos, ocurridos en enfrentamientos simulados por organismos policiales.

La demanda es que los cuerpos de seguridad y también la sociedad en general reconozcan a la niñez y a los adolescentes como sujetos plenos de derechos, y no como objetivos de control social. De esa forma, puede disminuir el susto y la angustia en las familias, lo que va a permitir que crezcan sintiéndose protegidos, incluso por el Estado.

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*Los nombres utilizados son seudónimos a petición de la fuente para garantizar su protección.