Los niños venezolanos son el eslabón más vulnerable del éxodo. Niños, niñas y adolescentes que están bajo la custodia del Estado colombiano por múltiples causas, lejos de sus padres. Mientras la justicia colombiana allanó el proceso para su posible nacionalización y adopción, en Venezuela reina el silencio para ubicar a sus familiares.

Así lo reveló Paula Andrea Jiménez en su investigación sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en Colombia, que quedaron bajo la protección del Estado. El texto completo fue tomado del portal web Vorágine, especializado en contar historias relacionadas a la vulneración de los derechos. 

Hay una galería de fotos en la que puedes leer sus nombres completos y la edad que tienen. Hay retratos con gestos tiernos, sorprendidos, ojos inocentes, pero también hay miradas tristes. En algunos casos, en vez de fotos, una silueta de niña o niño sustituye sus identidades reales. A veces, estas imágenes no corresponden a sus edades actuales. La coincidencia de los dos apellidos en varios niños, niñas y adolescentes en esa página hace pensar que allí hay varios grupos de hermanos.

Es la galería que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que protege a la niñez en Colombia, deja ver de los niños, niñas y adolescentes migrantes de Venezuela que están abandonados en Colombia por múltiples razones. Se llama ‘Me Conoces, Niños Venezolanos’. Es inevitable preguntarse si habrá alguien buscándolos, extrañándolos o si en su país de origen las familias que dejaron sabrán que están solos, separados de sus padres o del núcleo familiar que migró de Venezuela.

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El 3 de noviembre de 2022, El Santuario, un pequeño pueblo en el oriente de Antioquia, se convertiría paradójicamente en una de las estaciones de otro calvario que Yenifer Maestre comenzaría a transitar. Después de más de nueve días atravesando Perú, Ecuador y parte de Colombia junto a sus dos niños y a su compañero, consiguieron refugio y comida en una casa de esa localidad para descansar y continuar el camino que habían decidido emprender de regreso a Venezuela.

La mañana de ese jueves, los cuatro se sentaron en la plaza del pueblo a esperar que aclarara el día para seguir el largo periplo. Cuando Yenifer corrigió con firmeza a uno de los niños venezolanos, una mujer que pasaba la reportó en una oficina del ICBF. Lo que sucedería no lo vio venir.

“Intentamos correr cada uno con un niño en brazos, pero no pudimos. Los niños gritaban y gritaban, pero se los llevaron en una camioneta”, señaló.

Las cifras silenciosas del éxodo

Las letras pequeñas de los decretos a veces pasan desapercibidas. Cuando el Gobierno de Iván Duque lanzó en 2021 el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), quedó plasmada en su marco de justificación una cifra de la que pocos hablan: los casi 6.500 niños, niñas y adolescentes migrantes que sufrieron vulneraciones a su integridad entre 2015 y 2020. Ante ese panorama, el Estado colombiano intervino y abrió los llamados Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, conocidos como PARD por sus siglas.

Sin embargo, hay un dato más perturbador. Los años siguientes, entre 2021 y hasta finales de marzo de 2023, las cifras de vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia migrantes venezolana se duplicaron y alcanzaron los 7.690 procesos, según estadísticas del ICBF. Es decir, entre 2015 y 2022 el Estado colombiano tuvo que intervenir para proteger a unos 14.172 niños y niñas migrantes o refugiados venezolanos por motivos como omisión o negligencia, la falta absoluta o temporal de sus responsables, actos sexuales, acceso carnal, alta permanencia en calle, por ser niños y adolescentes no acompañados venezolanos, trabajo infantil, violencia física y/o psicológica, situación de vida en calle, abandono, acoso sexual, víctimas de explotación sexual comercial, amenazas de reclutamiento inminente por grupos armados, entre otros.

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En mayo de 2022, el ICBF reconoció que 1.200 menores de edad migrantes estaban bajo su custodia, mientras que al 31 de enero de 2023 la institución aseguró que 1.082 niños, niñas y adolescentes extranjeros de nacionalidad venezolana o apátrida se encontraban en hogares sustitutos, casas hogar, centros de emergencia o internados de la institución.

Gracy Pelacani, investigadora sobre temas de niñez migrante y refugiada en Colombia, sigue con lupa el rastro que dejan las preocupantes cifras, pero también aquellas que no se ven. “Solo tenemos datos de niños y niñas migrantes de Venezuela y por alguna razón no es posible monitorear la nacionalidad de otros niños extranjeros que puedan haber ingresado a procesos administrativos”. Pelacani, quien también dirige la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, advierte también sobre el subregistro de la niñez no acompañados que entran a Colombia, los cuales, en su mayoría, son adolescentes.

¿Qué sucede del lado venezolano?

El Gobierno venezolano insiste en negar y subestimar los más de 7,2 millones de migrantes y refugiados, según la plataforma interagencial R4V, que han huido tras la emergencia humanitaria compleja, de los cuales Colombia da cobijo a casi 2,9 millones, de acuerdo a Migración Colombia con corte a octubre de 2022. La nueva Cancillería colombiana parece ir en una onda discursiva similar: ha puesto en duda las cifras del éxodo (cifras avaladas por la ONU y por las autoridades migratorias de los países de acogida) y quiere que Nicolás Maduro participe en el censo.

El restablecimiento de relaciones entre ambas naciones desde agosto de 2022 sigue sin poner el componente humano en el tapete. La reactivación de las relaciones consulares avanza lentamente para atender las innumerables demandas y necesidades de sus connacionales en ambos lados de la frontera. A finales de abril de 2023 se anunció la reapertura del consulado de Venezuela en Cúcuta, el primero de los ocho que llegaron a  funcionar en el país.

El silencio y la negación de información de acceso público en Venezuela ponen un manto oscuro sobre la gestión migratoria en temas de niñez y adolescencia. Solicitamos por varias vías conocer la estrategia del Estado venezolano en la atención a la niñez migrante en estado de vulnerabilidad en terceros países de acogida pero hasta la fecha de la publicación de este reportaje no hubo respuestas de ninguna autoridad. Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el Idena (Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) quisieron responder las innumerables inquietudes al respecto.

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Sin embargo, desde hace dos años la Cancillería venezolana mantiene un convenio con una organización llamada Asonacop para atender a niños, niñas y adolescentes en el exterior. Hasta la fecha, reconocen en su página web que han repatriado y reunificado “más de 81 niños venezolanos que estaban institucionalizados en territorio extranjero”, sin especificar la procedencia del país de acogida.

Del lado colombiano, desde que se anunció el micrositio web Me Conoces, Niños Venezolanos’, la promoción de la búsqueda de sus familias  quedó en la reseña que hicieron los medios en su momento. Al consultar sobre los procesos de repatriación y reunificación, el ICBF asegura que mantiene un convenio desde 2019 vigente hasta 2024 con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) para restablecer, mantener el contacto entre familiares y procurar la reunificación familiar en Venezuela (RF) de niñez no acompañados y separados provenientes de dicho país y que están en Colombia bajo un PARD. Reconoce que “a la fecha el CICR Colombia, en apoyo del CICR Venezuela, ha restablecido el contacto de 74 niños, niñas y adolescentes” y que “el restablecimiento del contacto familiar sucede como consecuencia de la búsqueda y localización exitosa de familia en Venezuela”.

El ICBF también reveló que, tras una reunión con la Cancillería colombiana y Unicef, se comprometió a presentar una propuesta de ruta binacional de reunificación familiar con el fin de tramitarla con la Embajada de Colombia en Venezuela y establecer los canales oficiales de comunicación con el país vecino para, de esta manera, determinar las posibilidades y condiciones de retorno de las niñas, niños y adolescentes a su país de origen.

Para que el ICBF le otorgue a Yenifer la custodia de sus hijos nuevamente, ella debería contar con una vivienda en condiciones mínimas. La familia solo estaba en tránsito por Colombia camino a su país, no están regularizados, ni tienen estabilidad laboral y mucho menos poseen vivienda.La única opción de esta madre es recurrir a la familia del padre biológico de los niños se encuentra en Venezuela.  Mientras tanto, en Puerto La Cruz (oriente venezolano) ha sonado el teléfono en casa de los abuelos paternos de Elián y Jesús. Es el ICBF que ha hecho una videollamada.

La defensora de familia que lleva el caso hace las entrevistas para constatar cómo vivían y que ambos puedan asumir la custodia de sus nietos por petición de Yenifer. Solo esperan el momento en que sean citados a Colombia para recibir y llevarse los niños de vuelta a Venezuela. Han comenzado a reunir el dinero para movilizarse.

“Los niños no pueden ser separados de su núcleo familiar únicamente por condición socioeconómica y en particular porque el núcleo está en una situación de pobreza, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que también lo deja muy claro”, remarca Gracy Pelacani.

Puedes leer el reportaje complento en la web de Vorágine.co