Mariana perdió su consulta. Tiene siete años de edad y hace dos fue diagnosticada con leucemia linfática aguda (LLA), por lo que cada dos meses debe hacerse chequeos médicos. La cita de este 11 de septiembre era especial. Iniciaría su tratamiento para la hepatitis que contrajo durante las transfusiones. Pero ella no l legó ¿Por qué? La estación de servicio de su localidad no le surte gasolina a su familia. «Nos dicen que la reserva es solo para emergencias», indicó Mauricio Navas, padre de la niña.
Cuando Mariana se convirtió en paciente fija del servicio de Hematología del Hospital José Manuel de los Ríos, Mauricio tomó la decisión de cambiar la residencia de su familia. Viajó desde Camatagua, estado Aragua, a Caracas. Gracias al apoyo familiar, encontraron un apartamento para vivir, mientras Mariana es atendida en el principal hospital infantil del país.
La familia dejó la casa en el municipio Camatagua, aunque cada cierto tiempo viajaban al estado vecino. En medio del confinamiento obligatorio y la prohibición de circulación como medida sanitaria para prevenir contagios de COVID-19, Mauricio no pudo regresar con la misma frecuencia.
«Comenzaron los rumores de que iban a invadir la casa. Por eso viajamos hasta Camatagua», explicó el padre de Mariana.
La búsqueda
Desde el martes 8 de septiembre, Mauricio busca convencer al dueño de la estación de servicio de la localidad para que le surta el combustible.
«Esa bomba es la más cercana, la otra queda a unos 10 o 20 kilómetros. El dueño me dice que la reserva que tiene es para casos estrictamente de emergencia. Como si la vida de mi hija no lo fuera. Me sugirieron que me fuese en autobús», contó Mauricio.
Esa fue la primera vez que el padre de Mariana se acercó a la gasolinería. El encargado le pidió un informe médico firmado por personal del hospital local. Así lo hizo y lo llevó, pero no sirvió de nada. Aún se negaban a llenar su vehículo.
Al día siguiente, Mauricio habló con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ellos le indicaron que fuese a la Alcaldía. En la sede municipal, una trabajadora le indicó que se regresara a la gasolinería, porque ella iba a ir al sitio a hablar con los dueños. Estuvo casi cuatro horas esperándola y nunca llegó.
El 11 de septiembre, aunque ya no había forma de llegar a tiempo a la consulta, él acudió de nuevo a la Alcaldía. Pidió hablar con Eiling Celis, autoridad máxima municipal, pero ella no se encontraba.
«Algunas personas me han ofrecido que compre en dólares la gasolina, pero cómo hago si hasta me ha tocado vender peroles como los buhoneros», dijo Mauricio.
Un día después, el 12 de septiembre, el padre de Mariana regresó a la Alcaldía, pero Celis tampoco estaba. Además, llegaron los resultados de un examen de orina que confirmaron lo que temía: Mariana ahora padece de una infección agresiva en la orina; lo que se suma al diagnóstico de LLA y hepatitis. «El médico del hospital de Camatagua me indicó que la niña debe ser hospitalizada. Nos urge llegar a Caracas», agregó.
Protección a Mariana
Desde agosto de 2019, Mariana forma parte de los pacientes protegidos por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre los pacientes del hospital J. M. de Los Ríos pesan dos medidas cautelares dictadas por la CIDH. Las primera fue emanada en febrero de 2018 para el servicio de Nefrología, en el que habían muerto 12 niños. Y desde el 21 de agosto de 2019, esas recomendaciones de la CIDH se extendieron a 13 servicios más, entre ellos Hematología. Pero a la fecha, las autoridades han hecho caso omiso a las exigencias de la comisión.
Las voces que no se oyen en pandemia
Mariana y Mauricio no están solos. Lo que ellos viven ya ha pasado a otras familias en la cuarentena. Según Efecto Cocuyo, un niño de la etnia Yukpa murió luego de ser mordido por una serpiente mapanare y no poder haber sido trasladado a tiempo a un hospital, debido a la falta de gasolina.
Este suceso ocurrió el 11 de mayo en la comunidad de Santa Catalina, Sierra de Perijá, en el estado Zulia, mientras el pequeño trabajaba la tierra junto con su familia.
En abril, otro niño de un año murió deshidratado en el municipio Torres, estado Lara. Por falta de gasolina, sus padres no pudieron trasladarlo del caserío Puricaure al Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora.
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