Bolívar.- “Yo pido el apoyo de todos ustedes en esta lucha que me toca enfrentar porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, esa gente no tuvo corazón con mi muchacho, se ensañaron con él. No es justo, ustedes conocían a mi hijo. Mi hijo echaba bromas, pero él no era malo, él era una persona alegre que le gustaba compartir con la gente, no se merecía esto”, expresa la madre de Luis Jaramillo, 15 años, en cuanto golpea la urna de color blanco durante el velorio previo al sepelio, un acto concurrido, convertido en protesta contra la violencia y en reclamo de justicia por parte de la comunidad.

El adolescente fue asesinado de un balazo en la espalda en febrero de 2026 en el sector La Manga Santa Juana de Tumeremo. En el video publicado en la red social TikTok por la cuenta de una usuaria local, con miles se seguidores, a la madre del Luis se le ve bajo la clavícula una cura hecha de gasa y adhesivo quirúrgico.

Tumeremo, localizada a 900 kilómetros de Caracas,  es la principal ciudad del municipio Sifontes del estado Bolívar y la capital administrativa del estado Guayana Esequiba, la vigésimo cuarta entidad venezolana creada vía Referendo Consultivo en diciembre de 2023 como parte de la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para defender el Esequibo, el territorio al extremo oriental del país que reivindican Venezuela y Guyana.

La referencia más común a este sector de Tumeremo es la manga de coleo, a un costado de la Troncal 10 ruta a El Dorado. Así se llama incluso la escuela, La Manga, en alusión al largo callejón de tierra entre barandas en donde lugareños y  foráneos a caballo compiten por la posibilidad de derribar al toro, deporte popular en los llanos de Venezuela y Colombia. 

Comunidad de La Manga Santa Juana exige a las autoridades justicia por el asesinato de Luis Jaramillo, indica el cartel hecho en papel bond, escrito a mano y sostenido por dos niños durante el entierro. “Mi Dios, mi hijo no tenía nada malo Señor, él solo quería trabajar Dios mío, él venía para su casa Señor,” exclama la madre mientras otro de los niños asistentes mira a los lados desconcertado, el mismo desconcierto que muestran los adolescentes al fondo. Dos de la docena de adolescentes visibles llevan la franela beige del liceo.

En el segundo video publicado en la red social TikTok, imagen que abre con el primer plano de un hombre con una guaya de oro en el cuello, otra mujer grita: “Esa gente no tuvo misericordia. Ese niño estaba trabajando para su mamá porque su mamá se dializa, no tiene riñones, está sobreviviendo con la misericordia de Dios y Dios va a hacer justicia porque ese niño no estaba en lo malo, estaba trabajando. Lo mataron por la espalda porque les dio miedo, cualquier niño les da miedo”, dice otra mujer al tiempo que golpea el féretro y mira a la cámara del teléfono. La gasa que lleva la madre de Luis, muy probablemente, protege el catéter conectado a la vía central empleada para realizar la diálisis.

“No morí, me mataron”, dice otro de los carteles, también sostenido por dos niños ya a punto de ser adolescentes en una publicación de una joven usuaria local en Instagram. 

Tumeremo se dio a conocer en la prensa nacional e internacional en marzo de 2016 a propósito de la Masacre de Tumeremo: el asesinato de 17 personas en un área minera en medio del enfrentamiento entre bandas por el control de un yacimiento, hecho ocurrido menos de un mes después de que el Gobierno decretara el Arco Minero del Orinoco, el súper plan extractivo sobre más 111 mil kilómetros cuadrados de la Guayana venezolana.

Una zona de riesgo

Un lideresa indígena, cuya identidad es omitida por motivos de seguridad, relató que el sitio en que asesinaron al muchacho es un área no indígena dentro del territorio del Pueblo Indígena Kariña, entre Tumeremo y Casa Blanca, esta última es una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Allí se abre un tramo de la Troncal 10 que lleva a la comunidad indígena Cafetal y a Bochinche, un sitio que comenzó como saque de madera.

Contó que hasta 2017 los indígenas kariña de la comunidad Cafetal salían a la Troncal 10 a vender casabe y otros productos de sus conucos. Pero, poco a poco, fueron desplazados por los mineros no indígenas que se apoderaron de la zona conocida como Bochinche.

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“Después, en 2018, ya la zona estaba tomada, inclusive Hoja de Lata, todas esas áreas que fueron antes comunidades indígenas son ahora minas tomadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN)  y el sindicato”, una expresión empleada al sur de Bolívar para nombrar a las bandas armadas que controlan los yacimientos ilegales de oro.

“Como a media hora, después de Casa Blanca, el ELN tiene su alcabala y más adelante, entre Cafetal y San Martín de Turumbán, hay dos alcabalas más del ELN”, explica. 

Un desafío que no se detiene

La presencia del ELN no es información desconocida u oculta. Desde 2018, Insight Crime indagó acerca de la presencia del ELN en 12 estados de Venezuela. En Bolívar, el ELN estaría en Roscio, municipalidad de Bolívar que colinda con Sifontes y en el propio Sifontes, en cuyas áreas mineras habrían incursionado, siendo ambos municipios tanto zonas de expansión como de trayecto hacia el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, el Esequibo. La infografía que ilustra el desplazamiento del ELN en Bolívar coincide con el área del Arco Minero del Orinoco.

Las alarmas con respecto a la presencia del ELN en Sifontes, específicamente en Bochinche, se encendieron ante la masacre de siete personas en la zona minera cercana al Esequibo y la desaparición de otras 16 personas en octubre de 2018. La intención del ELN, de acuerdo con el análisis de InSight Crime, sería expandir sus actividades criminales, arrebatándole a las mafias locales el control de la explotación ilegal del oro.

“Desde noviembre de 2017, las comunidades indígenas y los mineros nos han reportado la presencia del ELN en El Bochinche”, dijo Américo De Grazia, entonces diputado, a InSight Crime. Afirmó que hay una alianza entre el ELN instalado en las zonas mineras y las autoridades estatales, con la finalidad de desplazar a los pranes, es decir los líderes de los llamados sindicatos.

“El gobierno del presidente Nicolás Maduro está muy satisfecho con el trabajo que han hecho los elenos; les agradecen haber desplazado al pranato en el control de la minería ilegal. El gobierno percibe a los elenos como gente seria, con la que se puede negociar, y por ello actúan impunemente”, aseguró el diputado para el año 2018.

Según la Organización No Gubernamental SOSOrinco, ocho años después, la presencia del ELN en la zona sigue existiendo y creciendo. 

Mediante una publicación en Instagram, realizada en colaboración entre SOS Orinoco y la plataforma @VE360_, dedicados a compartir datos geoespaciales del territorio venezolano, evidenciaron en febrero de 2026 que el ELN está en las minas de la amazonía venezolana, algunas de ellas serían: Nuevo Callao, en Tumeremo, municipio Sifontes y Florinda, en Guasipati, municipio Roscio, los mismos mencionados por InSight Crime años antes.

La explotación de la niñez y la adolescencia

En septiembre de 2023, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello presentó el informe Situación de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado Bolívar: Sobre la Vulneración de Derechos y Formas de Esclavitud Moderna. Relatos de una Infancia en Riesgo.  Según las investigaciones de campo, realizadas entre el último semestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023, 1,300 niños se encuentran fuera del sistema educativo debido a su migración hacia las zonas mineras (Guasipati, El Callao, Tumeremo, Las Claritas, El Dorado y el Km 88) del estado Bolívar.

Los investigadores observaron que en las minas subterráneas, los niños, niñas y adolescentes suben o bajan personas o cargan sacos o tobos del material extraído; en las minas de aluvión usan la batea para lavar y separar el oro del material descartable; en los sitios de paso de los mineros, como las plazas, los niños, niñas y adolescentes hacen “alfombra”: limpian para extraer de polvorín puntos de oro. 

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El informe del CDH de la Ucab relaciona la presencia de los niños, niñas y adolescentes en las minas de Bolívar con la crisis humanitaria prolongada que enfrenta el país: los niños y niñas van a las minas de oro junto a sus padres y los adolescentes van con frecuencia solos a trabajar, para ayudar al sustento de la familia. El equipo investigador del CDH UCAB documentó la deserción del sistema escolar de 2.517 NNA en el estado Bolívar en el período 2022-2023. En la práctica la mina, en cuanto fuente de ingresos, a pesar del contexto, se convierte en una prioridad frente a la escuela.

El Informe recuerda que la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna)  precisa que la edad mínima para insertarse al campo laboral es de 14 años, “siempre que se adapte a su régimen de educación y curse autorización de sus padres, representantes o responsables por ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes quién a su vez será el ente encargado de supervisar que los empleadores cumplan con los requisitos de ley”.

¿Por qué los niños dan miedo?

De acuerdo con esta investigación, habitantes de los distintos municipios del estado Bolívar manifestaron su preocupación por el reclutamiento de adolescentes entre 15 y 17 años por parte de los grupos armados. Los investigadores del CDH contabilizaron 450 adolescentes de estas edades en labores vigilancia y supervisión, en esquinas y accesos a los pueblos mineros, lo que se conoce como gariteros y en actividades de extorsión.

“Los niños, niñas y adolescentes, en el contexto de la esclavitud moderna, no solo son víctimas directas o indirectas de esta abominable realidad, sino que además, esta situación los revictimiza de manera aún más profunda en el marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos”, sintetiza Relatos de una Infancia en Riesgo. 

Empujados por la necesidad, los niños, niñas y adolescentes se ven forzados a abandonar su cotidianidad -la familia, el barrio, los amigos la escuela- pero al llegar a las zonas mineras, lejos de solucionar sus urgencias, se someten a labores riesgosas y mal pagadas y a veces son reclutados por las bandas para dar la cara como vigilantes o cobrar de vacunas.

Se desconoce en qué trabajaba Luis Jaramillo, de apenas 15 años, pero vivía en una zona de alto riesgo y tuvo que salir a trabajar para ayudar a su madre enferma. Así, encontró la muerte.