La situación de los derechos de los niños en el país, expresada por el gobierno de Nicolás Maduro, en el Examen Periódico Universal (EPU), dista mucho de la realidad en Venezuela. Así lo declaró Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, durante el espacio en vivo de la organización, CecodapLive, este miércoles 26 de enero.
Durante el debate del EPU, realizado un día antes, la delegación de Venezuela, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se aseguró que en el país existe un plan nacional de derechos del niño, con el fin de garantizar programas de protección para esta población. Trapani explicó que la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) es de larga data en Venezuela, por lo que escuchar al Estado venezolano hablar sobre avances en los sistemas de protección de la niñez y adolescencia es una inconsistencia.
“El país que los representantes del Estado venezolano presentó dista mucho de la realidad. El hecho de que se afirma que el 93% de las escuelas públicas reciben un programa de alimentación hace que nos preguntemos sobre cuál es la base para afirmar esto; pues el reporte que tenemos las organizaciones es completamente diferente», indicó.
Mostró su asombro sobre la declaración del Estado sobre la existencia de un plan nacional de derechos del niño. «Esa fue una de las sorpresas. Eso no es cierto. El último plan conocido y público fue el Plan del Idenna 2009 – 2013. Después de esto no hubo plan especial en materia de niños y adolescentes. De hecho, el plan de derechos humanos en el que las autoridades aseguraron que se cumplió completamente ordena la elaboración y ejecución de un plan en protección para la niñez que no se cumplió, ni se formuló. Hay inconsistencias», sentenció.
Trapani narró que una de las brechas importantes entre las declaraciones del Estado venezolano ante el Consejo de los Derechos Humanos y la realidad del país es en la temática de la violencia y salud: “Por ejemplo, las autoridades afirman que hay un programa de salud de cobertura completa en los hospitales del país, es incongruente hablar de una cobertura total, sobre todo, tomando en cuenta que, desde 2017, los programas de trasplantes de órganos está paralizado; hay muchos niños que necesitan un trasplante. Se afirmó que hay un curso de formación a funcionarios policiales para evitar las ejecuciones extrajudiciales, y nosotros junto con el Observatorio Venezolano de Violencia encontramos entre 2017 y 2020 más de 500 ejecuciones a niños y adolescentes».
Trapani tomó un momento de la entrevista para explicar el funcionamiento del EPU. Dijo que este método internacional está a cargo de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que recibe informes de la Oficina Alta Comisionada de Derechos Humanos, comités del organismo internacional, sociedad civil organizada y también del Estado evaluado.
«Lo importante es que no solo los avances legislativos o las declaraciones permiten verificar el Estado está efectivamente garantizando los derechos de la población. Hay que saber leer entre líneas estos mecanismos y sobre todo esperar cuál es la reacción de Venezuela en cuanto a las recomendaciones, cuáles acepta y de cuáles toma nota», apuntó el abogado.
Aprovechó para aclarar que aunque los representantes del Estado alegaron que las sanciones de Estados Unidos hacia el país son las que han generado la violación de derechos humanos, las organizaciones civiles han recopilado data que demuestra que la afectación de los derechos del niño tiene varios años, incluso antes de esas sanciones.
«Hay suficientes denuncias y documentación que daban cuenta de la violación, es un acumulado de errores y omisiones. Cuando se publicó la información del Estado ya veíamos las inconsistencias con los parámetros mínimos de garantía. Tenemos una dificultad de reconocer los problemas. Es importante que los Estados puedan reconocer, asumir, facilitar y motivar las recomendaciones. De nada sirve excusarse y atribuir los problemas a factores externos», dijo.
Este año la protección de los derechos del niño fue mencionada por 21 de 116 países que estuvieron presentes en el diálogo interactivo. En ese sentido recordó que hay recomendaciones del ciclo anterior y otros órganos de tratado. Aseguró que, por ejemplo, las recomendaciones del tercer, cuarto y quinto informe del Comité de los Derechos del Niño no han sido implementadas en el país.
Migración forzada de niños
Uno de los ejes principales de las recomendaciones hechas por los Estados miembros del Consejo de los Derechos Humanos al Estado venezolano estaba relacionado a la migración de niños, niñas y adolescentes. Fueron nueve los Estados que elevaron recomendaciones para proteger a la infancia en procesos migratorios; sobre todo de los peligros relacionados con la esclavitud moderna.
Para Trapani, la migración de un niño, solo o acompañada, puede terminar en una situación de trata de personas, lo que es una manifestación de la esclavitud moderna. Para evitarlo es necesario adaptar las recomendaciones sobre la creación de mecanismo de protección para la niñez no acompañada durante los procesos migratorios.
Detalló que el hecho de que varios países recomienden mejoras y nuevos sistemas de protección y documentación de la niñez migrante y la niñez no acompañada demuestra que hay un consenso de que es un problema global que afecta a los países receptores y de tránsito. “Los Estados quieren ver cuál es el impacto del ejercicio del derecho para NNA migrantes”, agregó.
Señaló que la falta de datos, así como mecanismo de protección, prevención y de acompañamiento a víctimas de trata de personas dificulta crear e identificar planes para solventar el problema. “Es muy difícil saber o hacer referencia de la magnitud del problema de la trata sin datos oficiales”, sostuvo.
Salud mental ausente
La falta de recomendaciones relacionadas a la salud mental, en especial, la de NNA fue un tema ausente durante el debate del EPU. “Desde Cecodap hemos priorizado el tema de la atención psicosocial como uno de los ejes principales de atención, debido a que la pandemia del COVID-19 nos dejó que el tema es de gran relevancia en este contexto”, enfatizó Trapani.
Cecodap, junto a la Redhnna, envió nueve informes que detallan la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entre los informes temáticos, se destacó el de salud mental, con base en los datos obtenidos por el Servicio de Atención Psicológica, Crecer sin Violencia, de la ONG.
Trapani concluyó que este tercer ciclo del EPU puede plantear una hoja de ruta de diálogo y acción. “Lo importante no es solo lo que pasó ayer (25 de enero) en el EPU, sino los siguientes pasos. Que el Estado cumpla con las recomendaciones expresadas y que no queden en un archivo. La idea es que, para el próximo examen, no veamos las circunstancias y violaciones de derecho agravadas”, dijo.