Panorama que develan las organizaciones sobre los derechos de los niños en Venezuela

El espacio para revisar la garantía de los derechos humanos en Venezuela fue aprovechado por las organizaciones que tienen como foco de acción a los niños, niñas y adolescentes (NNA). En total fueron nueve informes los que este grupo presentó para el Examen Periódico Universal (EPU) al Estado.

En un resumen ejecutivo que realizaron relatan que entre las 80 recomendaciones aceptadas por Venezuela en 2017, cuando se realizó su segundo ciclo del EPU, pocas fueron físicamente materializadas. “Lamentablemente, más que avances, solo pueden reportarse dilaciones y retrocesos en la implementación de estas recomendaciones, lo que se traduce en falta de atención prioritaria a NNA como población vulnerable en la difícil situación económica, social y política del país”, apuntan en ese documento.

Para este ciclo, la sociedad civil organizada presentó frente al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), sus preocupaciones por las falencias del Estado para resarcir los derechos de la niñez y adolescencia venezolana.

Entre las demandas de este grupo de organizaciones se encuentra el desmantelamiento del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINA) a través de la creación de algunos órganos paralelos y que no existía un plan de protección a niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual, ni un programa nacional de educación sexual integral.

También detallan que el castigo físico y humillante había sido reportado por niños, niñas y adolescentes y recomendaron diseñar e implementar una política pública en materia de salud mental dirigida a la protección de niños, niñas y adolescentes.

Otras comunicaciones reportaron:
– Violencia y muertes violentas de NNA.
– Obstáculos para acceder a la justicia especialmente para los NNA.
– La deteriorada situación en el Hospital J. M. de los Ríos para la atención de NNA y sobre casos de muertes evitables. Al igual que el progresivo deterioro de la situación de la mortalidad materno-infantil en el país, con énfasis en los pueblos indígenas.
– Las dificultades en el registro de identidad que había afectado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
– Las desapariciones o muertes de adolescentes que habrían sido víctimas de redes de trata.
– El problema del elevado número de embarazos adolescentes, a pesar del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia.

Salud mental de niños, niñas y adolescentes en Venezuela

Cecodap y Redhnna hacen énfasis en que la emergencia humanitaria compleja (EHC) que vive Venezuela ha supuesto un impacto devastador a múltiples niveles en todo el territorio nacional. La salud mental es el gran ausente dentro de los indicadores que miden esta afectación, así como en las respuestas estatales y humanitarias.

Aseguran que quienes padecen en Venezuela alteraciones de salud mental viven un impacto a dos niveles:

  • El primero, en relación a vivir los efectos de “tensiones anormales” en su vida y las concurrentes vulneraciones a sus derechos humanos.
  • El segundo nivel es la desestimación de la gravedad de los efectos de alteraciones de salud mental por quienes deben responder para abordar el impacto traumático causado por la EHC y contribuir a reparar o mitigarlo. De tal suerte que, al no considerarse prioritario, se propician situaciones que incrementan el daño a niveles que trascienden lo material.

Ambas organizaciones plantean que la situación de la salud mental en Venezuela es sumamente precaria en especial cuando se trata de NNA. Cuando relrelatan las razones para soportar esta afirmación indican que no se dispone de cifras oficiales, datos nacionales y mucho menos instituciones suficientes, operativas y en capacidad de brindar la atención psicosocial que requieren NNA, así como sus familias para abordar los efectos de la emergencia.

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En ese sentido, algunas de sus recomendaciones en esta área son:

  1. Diseñar e implementar una política pública en materia de salud mental dirigida a la protección de NNA y sus familias.
  2. Adoptar medidas que permitan garantizar servicios de atención psicosociales con especial énfasis en la población de NNA con condiciones psiquiátricas.
  3. Fortalecer las capacidades del sistema educativo para la promoción de la salud mental.
  4. Implementar planes que permitan desarrollar servicios de atención psicosocial primarios dentro del sistema educativo a fin de facilitar el acceso.
  5. Priorizar la prestación de los mismos en las provincias del país, dado que es donde se aprecia mayor vulnerabilidad de la población de NNA.
  6. Fomentar la creación de programas de fortalecimiento familiares que permitan ofrecer soporte psicosocial a las familias, que les permita a padres, madres y cuidadores desarrollar recursos de afrontamiento necesarios para hacer frente a las problemáticas cotidianas y promover la protección de la salud mental para NNA.

Puedes leer el informe completo aquí.

Vulneraciones a los NNA en pandemia

Una característica fundamental de todo derecho es disponer de los mecanismos, procedimientos e instituciones para denunciar cualquier supuesto de amenaza o violación. Así lo afirman Cecodap y Redhnna en uno de los documentos presentados para el EPU.

El informe estuvo basado en datos que recogió Cecodap con la gestión de casos, que permitió identificar las principales vulneraciones a los derechos de NNA ocurridas entre el mes de abril del año 2020 hasta el mes de abril del año 2021 en 12 estados del país. En ese tiempo se atendieron 413 personas.

Las necesidades jurídicas incrementaron en los meses de julio (14%), septiembre (15%) y noviembre (14%) y se presume relación con la suspensión de actividades escolares, debido a la pandemia. Entre las violencias más reportadas se encuentran:

  • 40,55% estuvo relacionado al derecho a la integridad personal, es decir, situaciones de castigo físico, maltrato y abuso (sexual, físico).
  • 12% sobre el derecho a ser criado en una familia, casos relacionados a instituciones y convivencia familiar.
  • 11,88% sobre el derecho a la salud vinculado a tratamientos médicos (psicológicos, psiquiátricos y de salud física) y abuso sexual.
  • 9,79% sobre el derecho a la educación con énfasis en tratos discriminatorios y retiro de la escuela, por incumplimiento de pago.

Ante esta realidad la respuesta de las instituciones del Estado, con responsabilidad en la protección de los derechos del NNA, fue casi inexistente:

  • 40 casos remitidos al Consejo de Protección de NNA se registró que 65% de las solicitudes no fueron atendidas.
  • De 29 casos remitidos al Ministerio Público se registró que 59% de las solicitudes no fueron atendidas y el 41% fueron recibidas y tramitadas.
  • De 18 casos remitidos a otros organismos del Estado se registró que un 50% de las solicitudes no fueron atendidas.

“Al comparar el número de respuestas efectivas en la remisión de casos atendidos por parte del Sistema de Protección y por parte de las organizaciones de la sociedad civil, se evidenció que la sociedad civil presentó un 72% de respuestas efectivas, mientras que desde el Estado se alcanzó el 38% restante”, afirman.

Las organizaciones consideraron que si el Estado acata y cumple con sus nueve recomendaciones, esta categoría de derecho podría estar garantizada para los NNA. Destacan las siguientes:

Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan, difundan y garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La lógica para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia es evitar llegar a una situación de amenazas o violación a través de la implementación de políticas sociales básicas.

  1. Fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera de los órganos que integran el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
  2. Urge implementar una lógica de articulación entre organismos del Estado y la sociedad civil para la protección a los derechos de los niños.
  3. Disponer de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un sistema único de registro de casos permite caracterizar y diferenciar los supuestos de amenazas y violación a los derechos de los niños y priorizar acciones de prevención y atención.

Puedes leer el informe completo aquí.

Muertes violentas de NNA

En Venezuela no son públicos los registros oficiales que documentan las cifras sobre la mortalidad por causas violentas de NNA. Por esa razón, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y Cecodap se han dado a la tarea de recoger información al respecto.

Documentan 3.738 muertes violentas de NNA entre 2017 y 2019. De esta cifra de fallecidos, 917 (24.5%) eran niños y niñas, y 2.821 (75,4%) eran adolescentes. 88% de esas muertes corresponden a niños y adolescentes masculinos. La tasa de mortalidad violenta en esta población se eleva entonces a 91 por cien mil habitantes.

Del grupo de muertes reconocidos legalmente como homicidios se contaron 2.291. En su mayoría, tienen como presuntos causantes a individuos que participan en bandas criminales, pero también se incluyen casos en los que los victimarios son familiares directos.

Otro tipo de muertes violentas de NNA es ocasionado por la acción letal de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Esas muertes son catalogadas por el gobierno como provocadas por “Resistencia a la autoridad” (RA). Entre los años 2017 a 2020, por RA fueron asesinados 545 NNA, de los cuales, 26 tenían menos de 12 años.

Puedes leer el informe completo aquí.

Acceso a la justicia

Defensa Activa presentó para el EPU un informe con la situación que ocurre en los tribunales que ponen en jaque los derechos del NNA. A partir de entrevistas confidenciales con víctimas, testigos, representantes legales y en su mayoría con agentes del Estado (jueces, fiscales entre otros) pudieron detectar 13 irregularidades. Se mencionan algunas de ellas:

  • Reiterada comparecencia del NNA en el tribunal debido al diferimiento. Esto trae en consecuencia el agotamiento de esta víctima o testigo, quien no desea regresar al tribunal y que podría llevar a la impunidad.
  • No se cuenta con un personal capacitado (psicólogo, psiquiatra, entre otros) que sepan contribuir con la efectiva realización del acto.
  • No se toma en consideración la edad del niño ni el uso de implementos que permitan obtener su testimonio, como por ejemplo, juegos, colores y hojas, ente otras.
  • Falta absoluta de sensibilidad de las partes involucradas en el abordaje en cuanto a su lenguaje verbal y corporal en casos de NNA víctimas de delitos de naturaleza sexual.
  • Omisión del uso de tecnología (video grabación) que permita reproducir nuevamente el testimonio de un NNA.
  • Omisión de la seguridad en cuanto a la integridad física del NNA, al culminar el acto y salir de la sede del tribunal, ocurriendo casos en los cuales se encuentran en el área exterior de la sede con familiares de su agresor.

Puedes leer el informe completo aquí.

NNA con discapacidad sin atención

El acceso a entornos inclusivos para NNA con discapacidad es una gran deuda presente en América Latina y el Caribe. Por supuesto, Venezuela no se queda atrás y por eso la Fundación Vanessa Peretti, junto a la Confederación de Sordos de Venezuela elevó su informe a la EPU.

En él destacan que los NNA con discapacidad no cuentan con programas ni medidas de atención especializada. Además aseguran que:

  • Los NNA en Venezuela tienen muy poco nivel de participación y vocería en las convocatorias públicas.
  • Consorven y Funvape señalan que 49% de los NNA con discapacidad no tienen Registro Nacional de Personas con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
  • En materia de Educación, en 2021 se realizaron unas Mesas Técnicas entre 13 instituciones aliadas, quienes reportaron hallazgos importantes durante el tiempo de pandemia.
  • 90,9% de las organizaciones apunta que el Estado no garantiza el acceso a la educación de los NNA.
  • Los materiales instruccionales diseñados para los NNA que aún están inmersos en el sistema educativo no toman, en cuenta en el 63,9% de los casos, las adaptaciones necesarias según el tipo de discapacidad presente en las aulas diversas.
  • 24% de los NNA entrevistados no están incluidos en el sistema educativo venezolano y de este grupo 47% nunca han estudiado, 37% dejaron de estudiar hace más de 1 año y 16% dejaron de estudiar a consecuencia de la pandemia.
  • 37% de los representantes de los NNA con discapacidad entrevistados encuentran como principal dificultad el problema del transporte, 33% encuentran como principal dificultad para asistir a la escuela la falta de recursos económicos, 22% consideran la alimentación como dificultad para que sus NNA asistan a la escuela.
  • Venezuela cuenta con un solo programa televisivo conducido y dirigido a PcD, pero no presenta información para NNA. Tampoco las bibliotecas públicas disponen audiocuentos ni cuentos en formato braille.

Puedes leer el informe completo aquí.

NNA víctimas de esclavitud moderna

Un conjunto de organizaciones, entre las que se encuentra la Redhnna, visibilizó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que los NNA son particularmente vulnerables en Venezuela frente a la trata de personas y otra formas de esclavitud moderna. En el contexto de la EHC, los NNA pueden convertirse en proveedores, para satisfacer sus propias necesidades o las de sus familias incluyendo al sexo transaccional como mecanismo de sobrevivencia.

Explican que en zonas de frontera se ven involucrados con grupos armados irregulares y corren el riesgo de reclutamiento forzado, mientras que en zonas mineras aumentan las posibilidades de que sean sometidos a explotación laboral y sexual.

De igual forma, la coalición apunta que los NNA que quedan separados o no acompañados de sus padres durante el proceso migratorio tienen mayores riesgos de ser víctimas de redes de trata. Un 15,4% de los migrantes reporta la separación de NNA y sus padres producto de la migración de estos últimos. Esto quiere decir que hay una población estimada de entre 793.451 y 839.059 NNA que permanecieron durante 2020 sin el cuidado de uno o ambos padres, debido a la migración forzada.

Reseñan también que una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB en 2019, se señala que según fuentes oficiales entre 2014 y septiembre 2017 se registraron 69 casos de trata de personas de los cuales 7 fueron niños y niñas y 55 víctimas de explotación sexual sin especificar si eran NNA. Dichas cifras son objeto de debate al contrastarlas con datos aportados por otras organizaciones internacionales.

Este mismo informe refleja que, entre enero y junio de 2019, se registraron 11 casos de trata en Venezuela y 14 casos de tráfico de personas, estos casos involucraron un total de 69 víctimas de explotación sexual y laboral, todos menores de edad.

Se documentó que hubo 32 niños víctimas de trata en Venezuela, 17 de ellos eran explotados en Maturín, estado Monagas, ciudad en la que la trata de menores de edad se ha hecho frecuente. 12 de ellos fueron explotados sexualmente en el estado Carabobo. La investigación del IIJ-UCAB (2019) indica que el destino escogido por la mayoría de los tratantes es Trinidad y Tobago.

Puedes leer el informe completo aquí.

Otros informes presentados

  1. Situación de los derechos humanos de las personas con VIH. Puedes leer el informe completo aquí.
  2. Los derechos humanos en Venezuela. Puedes leer el informe completo aquí.
  3. Situación del derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes atendidos en Mapani Vzla durante el periodo 2020- 2021, en Barquisimeto Estado Lara. Puedes leer el informe completo aquí.
  4. Situación de los NNA hospitalizados y con patologías crónicas en Venezuela. Puedes leer el informe completo aquí.
  5. Situación del derecho a la salud de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela. Puedes leer el informe completo aquí.
  6. Situación de la institucionalidad e inversión pública para garantizar los derechos humanos de la niñez en Venezuela. Puedes leer el informe completo aquí.
  7. Obligaciones del Estado para con los y las adolescentes en conflicto con La Ley Penal en Venezuela. Puedes leer el informe completo aquí.

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