El año 2025 ha sido uno de los más difíciles para hablar de paz con algún convencimiento. La promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 (ODS 16) de la ONU, paz, justicia e instituciones sólidas para 2030, hoy se siente cada vez más distante. Los conflictos se han vuelto más complejos, extensos y violentos. No hay soluciones rápidas y, en muchos casos, tampoco voluntad política creíble para buscarlas. Los organismos internacionales que antes dirimían tensiones o abrían caminos de diálogo tienen menos fuerza, menos alcance, menos recursos y menos escucha. En ese vacío, la geopolítica avanza como una maquinaria que no se detiene a mirar a quién deja atrás. Y quienes quedan más desprotegidos son siempre los mismos: los niños, las niñas y los adolescentes, para quienes estas decisiones nunca fueron pensadas, pero cuyos efectos sí terminan marcando sus vidas.

La geopolítica —y especialmente los conflictos entre Estados— no sabe de niñez ni adolescencia. Sus prioridades y cálculos se hacen con base en mapas o recursos, no en vidas. Las tensiones diplomáticas, las disputas territoriales, las amenazas militares o los juegos de poder se discuten en mesas donde nunca hay espacio para los niños, niñas y adolescentes. No aparecen en los informes de seguridad ni en las declaraciones oficiales, aunque sean ellos quienes cargan con una parte silenciosa pero enorme de las consecuencias promovidas por los adultos. Para la geopolítica, los niños no existen: no votan, no negocian, no representan fuerza económica ni militar. Pero esa invisibilidad no los protege; al contrario, los deja expuestos. Cada vez que se cierran fronteras, se movilizan tropas o se rompen canales de cooperación, la niñez y adolescencia es la primera en sentir el impacto: escuelas cierran sus puertas, servicios públicos se paralizan, se normaliza la violencia, se instala la venganza, familias se separan y las comunidades viven con miedo. Nada de esto figura en los comunicados de alto nivel, pero ocurre todos los días.

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Desprotección en la región

Esta realidad es especialmente evidente en América Latina y el Caribe, donde la infancia vive una de las etapas más complejas de las últimas décadas, marcada por desplazamientos forzados, violencia, crisis institucionales y fracturas sociales que rara vez se incluyen en las discusiones geopolíticas. 

Para 2026, Unicef estima que 14,1 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe necesitarán apoyo vital, al verse afectados por el efecto combinado del desplazamiento forzado, la migración, la violencia armada y los desastres climáticos. 

La misma organización internacional expone que hay un aumento sostenido de niños, niñas y adolescentes en situaciones de movilidad: los niños representan ya cerca de una de cada cuatro personas migrantes o desplazadas, una proporción muy superior al promedio global. Señala también que el incremento de niñez no acompañada o separada alcanzó cifras récord en 2024, exponiéndoles a rutas extremadamente peligrosas como el Darién, donde enfrentan riesgos de explotación, violencia y desaparición. 

Mientras los Estados discuten fronteras y poder, millones de niños ven violentados sus derechos más básicos: identidad, familia, educación, salud y protección.

La región no escapa a una tendencia mundial alarmante. A finales de 2024, aproximadamente 48,8 millones de niños habían sido desplazados por conflictos, violencia o crisis humanitarias, la cifra más alta en la historia reciente, según Unicef. Este dato permite dimensionar la magnitud del problema: los conflictos contemporáneos no solo destruyen vidas en el presente, sino que comprometen el futuro de generaciones enteras. 

De acuerdo con el Centro de Migración Mixta (MMC), una fuente líder mundial de datos, investigación, análisis e información independientes y de alta calidad sobre la migración mixta, la niñez migrante en Sudamérica —incluyendo aquellos que viajan sin acompañamiento— enfrentan riesgos graves como trata, reclutamiento por grupos criminales y pérdida de identidad jurídica, en contextos donde los sistemas de protección están debilitados o desbordados. 

Sin duda, la región se encuentra en un punto crítico.

¿Qué podemos aprender?

La historia de la humanidad ha demostrado repetidamente el daño que producen los conflictos entre Estados, y aun así no hemos aprendido a evitarlos ni a superarlos colocando en el centro a los ciudadanos, especialmente a los niños, niñas y adolescentes. 

En estos escenarios, la infancia sufre primero los daños más evidentes: afectaciones a la salud y a la vida, interrupción de la educación, separación familiar y pérdida de seguridad. 

Pero también existen daños menos protegidos y casi invisibles: la imposibilidad de jugar, participar y opinar; la pérdida de espacios para defender sus derechos; el acceso limitado a mecanismos de justicia adecuados a su edad; y el silencio de su voz en decisiones que transforman su entorno. 

Estos impactos —unos visibles, otros invisibles— se acumulan y marcan trayectorias de vida que difícilmente pueden repararse. Ningún conflicto, ni interno ni entre Estados, puede justificar estas vulneraciones.

Ante conflictos interestatales, la primera pregunta no debería ser quién gana o quién cede, sino cómo se protege a quienes no pueden defenderse: los niños, las niñas y los adolescentes. 

Esto exige cambiar la lógica con la que se toman las decisiones. Antes de mover tropas, aprobar sanciones, cerrar fronteras o romper acuerdos, los Estados deberían preguntarse qué implican esas decisiones para la salud, la vida, la educación y la estabilidad familiar de la infancia.

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Pensar en una geopolítica centrada en la niñez puede parecer ambicioso, pero parte de ideas simples: que la protección de la infancia sea un criterio para medir la legitimidad de cualquier decisión de política exterior; que los acuerdos regionales incluyan cláusulas claras para proteger escuelas y hospitales; que existan corredores humanitarios para desplazamientos y mecanismos de cooperación para reunificación familiar; que la atención psicosocial deje de ser un lujo; y que la niñez no sea usada como argumento retórico sino como punto de llegada. 

Una política exterior responsable debería incluir evaluaciones obligatorias de impacto en la niñez para cualquier medida de seguridad, presión o cooperación. No es un gesto simbólico: es reconocer que detrás de cada decisión hay aulas, hospitales, comunidades y hogares donde los niños, niñas y adolescentes intentan vivir una vida que no debería estar marcada por el miedo.

En el caso de Venezuela, las prioridades se vuelven evidentes si miramos el país desde los ojos de un niño. Lo urgente no es solo resolver disputas políticas o resistir presiones externas, sino garantizar escuelas abiertas con maestros presentes, centros de salud que funcionen, vacunas, alimentación básica, protección frente a la violencia y espacios de contención emocional. 

Significa entonces que se deben blindar los servicios esenciales para la niñez frente a la lógica del conflicto: evitar que las tensiones diplomáticas, las sanciones o la confrontación interna se traduzcan en interrupciones escolares, migración forzada o comunidades fracturadas. También implica escuchar a las niñas, niños y adolescentes, abrir espacios para que expresen qué les duele y qué necesitan, y tomar en serio sus palabras al diseñar políticas públicas y respuestas humanitarias. Ningún país puede llamarse democrático o estable si normaliza que la infancia quede relegada para “más adelante”.

Es momento entonces de menos armas y más libros; menos discursos de enemistad y más esfuerzos compartidos, para que ningún niño, niña o adolescente tenga que cruzar una frontera huyendo ni aprender a vivir con la violencia como si fuera parte natural de su vida. Una geopolítica que se tome en serio a la niñez es, en el fondo, una geopolítica que decide no sacrificar el futuro en nombre del poder.