El miedo a las represalias parece ser una constante que impide a las familias denunciar las violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su cuidado. Así lo resumió Carlos Trapani, Coordinador general de Cecodap, durante un Twitter Space realizado este jueves 2 de junio.

Trapani enfatizó que la falta de denuncia de situaciones que atentan contra los niños, niñas y adolescentes es parte de los hallazgos del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap (SAJ), del cual está a cargo, en su último informe publicado. “La denuncia acerca a las víctimas a comenzar con un proceso terapéutico que le permite reconstruir sus relaciones familiares y reparar los daños. Por eso es importante denunciar. La denuncia acerca a los niños y niñas a su derecho de justicia”, sostuvo.

Con base en el Informe Somos Noticias – Capítulo Vulneraciones de los Derechos de los Niños, publicado el 30 de mayo, Trapani destacó que el principal motivo de consulta del SAJ son las violaciones al derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes. Detalló que en esa categoría se encuentra el abuso sexual, el castigo físico y el acoso escolar.

“El segundo derecho más vulnerado es el derecho a la familia, el cual está relacionado a las instituciones familiares, convivencia familiar, responsabilidad de crianza y procedimiento de divorcios. Esto representa las tensiones familiares que no se canalizar, cuya consecuencias se expresar a posteriori, en el contexto de la violencia”, agregó.

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Enfatizó que el silencio de la familias, la comunidad, la escuela e, incluso, el Estado solo genera fracturas y retrocede el derecho a la reparación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia. “Se escucha mucho frases como ‘yo no me quiero meter en eso’. Lo que pasa es que si no denunciamos agravamos la situación de violencia que vive el niño”, detalló.

Apostamos a la prevención. Hoy en el #TwitterSpace hablaremos sobre la denuncia: entre el miedo y la incredulidad https://t.co/LF2u1QHQwi

— Cecodap (@cecodap) June 2, 2022

Destacó que las denuncias relacionadas a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes son de carácter público, por lo que es un deber tanto del Estado, como de la familia buscar solventar la situación. “No podemos llevar el ámbito de la resolución de la violencia a la privacidad de los hogares. Las violaciones de los derechos de los niños son de carácter público”, sostuvo.

Resaltó que es importante realizar esfuerzos de pedagogía en derechos del niño y derechos humanos en las academias de docentes, para fortalecer la importancia de la denuncia en situaciones que atente contra la integridad de los niños y adolescentes. “Pero, no basta con denunciar, también hay que fortalecer el rol del Estado que ayude con programas de salud mental, que empuje el proceso de denuncia y el acompañamiento del proceso. Todo esto para acabar con la desconfianza, la desinformación y la apatía ante estos casos”, dijo Trapani.

Detalló que, al fortalecer los programas de ayuda psicosocial, las personas víctimas de abuso, cuando eran niños, toman la iniciativa de realizar e impulsar denuncias contra sus agresores. “Esto aplica tanto para los adultos como para los niños”, agregó.

¿Requisitos?

Trapani explicó que los procesos de denuncia de situaciones que atenten contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes se pueden iniciar sin pruebas físicas, pero no desde el anonimato. “No se necesitan pruebas físicas para denunciar una situación que afecte a los niños, puesto que el proceso de denuncia es, en muchos casos, de carácter oral. El Estado tiene la obligación de investigar y verificar la información hecha por el denunciante”, agregó.

Enfatizó que las denuncias se deben hacer ante el Sistema de Protección, según la naturaleza del caso, si es administrativo o jurídico, los interesados deben ir al Consejo de Protección del niño, Consejos Municipal del Niño, Ministerio Público, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) o la Defensa Pública.

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“Desde Cecodap, el Servicio de Atención Jurídica orienta a las víctimas, tanto de forma oral o escrita, para que ellas puedan realizar las denuncias. En casos más complicado, donde la integridad de las víctimas está en riesgo, nos tomamos la tarea de fungir como denunciante. Sin embargo, debemos entender que las ONG no tienen poder coercitivo en situaciones donde el Estado debe ejercer una medida, tanto administrativa o penal”, sostuvo.

Detalló que el SAJ se encarga también de hacer enlaces con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para complementar el apoyo a las víctimas. “Si bien, este último año hemos visto una leve mejoría en la recepción de denuncias por parte de los organismo públicos, esto no significa la resolución o restauración del derecho vulnerado, las familias tienen que denunciar y el Estado cumplir con su rol para garantizar los derechos de las víctimas, en especial de los niños, niñas y adolescentes”, enfatizó.

La familia a la deriva

Las familias están a la deriva y abandonadas. Para Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, la frase representa una realidad para miles de familias en Venezuela, quienes sortean el escollo de la emergencia humanitaria compleja día a día.

“La familia está a la deriva debido a los pocos espacios que tienen para reconocer no solo los comportamiento violento, sino para modificar dichas conductas, no contamos con programas ni talleres. Y si vamos al interior del país, mientras más alejados de la capital, mayor desprotección hay”, indicó Trapani.

Sostuvo que la razón del abandono de las familias también está vinculada a las condiciones de vida que viven los venezolanos, “la destrucción del salario, el proceso de compras, la falta de vivienda dignas y todas las consecuencia son pagadas por los niños, niñas y adolescentes”.