La violencia es un fenómeno multidimensional. Desde hace más de una década, Cecodap se ha esforzado en registrar las diferentes manifestaciones de este fenómeno y cómo afectan a la niñez y adolescencia. En el más reciente Informe Somos Noticia, presentado junto al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), se detalla que entre 2017 y 2019, 3.738 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes (NNA) han ocurrido en el país.
Este 15 de septiembre fue presentado el Informe Somos Noticia, Capítulo Muertes por Causas Violentas de Niños, Niñas y Adolescentes. La investigación incluye un análisis de las muertes violentas de esta población desde 2017 a 2021, el incremento del suicidio infantil y recomendaciones para una política de seguridad que salvaguarde los derechos de los niños.
El OVV y CECODAP documentan 3.738 muertes violentas de NNA entre 2017 y 2019. De esta cifra de fallecidos, 917 (24,5%) eran niños y niñas y 2.821 (75,4%) eran adolescentes. Se detalla que 88% de esas muertes corresponden a niños y adolescentes masculinos.
El equipo de investigadores encontró que en Venezuela, ocurrieron 2.291 asesinatos de NNA en el trienio 2017 y 2019. También identificaron que entre las formas de la violencia que afectan a este grupo etario se encuentran las ocasionadas por los policías, pero que no se encuentran categorizadas como homicidios.
«Todas estas muertos son muertes que pudieron haberse evitado. Además nos llama la atención que tenemos un número alarmante de muertes a manos de cuerpos policiales”, indicó Gloria Perdomo, investigadora del OVV y Redhnna durante la presentación.
“Otro tipo de muertes violentas de NNA es ocasionado por la acción de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Esas muertes han venido siendo referidas por el gobierno como muertes por Resistencia a la Autoridad. Entre los años 2017 a 2020, por Resistencia a la Autoridad fueron asesinados 545 NNA, de los cuales, 26 tenían menos de 12 años. Este tipo de casos han sido usualmente informados como muertes que ocurrieron porque hubo “resistencia” o “enfrentamiento” y los funcionarios debieron defenderse. Si ese es el caso, se hace evidente una notoria incapacidad o falta de formación profesional y especializada de los funcionarios perpetradores, que se manifiesta en una actuación policial desproporcionada, lesiva y claramente violatoria de DDHH”, expone el documento.
Otra categoría revisada por el grupo de investigadores fue el de las “balas perdidas”. Aseguran que entre el 1° de enero y el 15 de junio de 2021, en los cinco municipios de Caracas, se contabilizaron catorce (14) casos de muertes por «balas perdidas», entre ellas, las de tres adolescentes (13, 16 y 17 años).
Responsables de las muertes violentas
En datos recabados por las investigadores de la Redhnna, quienes realizan un monitoreo de medios, para el 2020, 22% de las muertes de NNA por causas violentas tienen como agresor a un miembro de la familia, padrastro, madre, padre, abuelo u otro familiar.
Agregan que sólo en el año 2020, 17 NNA murieron por la acción violenta de un padrastro, madre, padre u otro familiar; 14 de los NNA fallecidos eran menores de 12 años (incluidos 8 de un año o menos) y tres eran adolescentes.
“Se incrementaron situaciones de violencia intrafamiliar. Hay conflictos por no tener suficientes alimentos para todos. Se registran maltrato, heridas, lesiones y muertes contra niños de muy corta edad”, denunció Perdomo en su presentación.
La pobreza y sus muertes
Se le conoce como violencia estructural. Esta manifestación de la violencia corresponde a la ausencia de estrategias por parte del Estado para contrarrestar las consecuencias de la extrema pobreza, privaciones de los recursos más básicos para garantizar la sobrevivencia y el deterioro de la calidad de vida.
El nuevo Informe Somos Noticia señala que se desconoce la cantidad de NNA que con alguna afección de salud fallecen por tener la desnutrición como causa asociada, o la de NNA que mueren por accidentes que ocurren por falta de mantenimiento o equipamientos apropiados de los servicios públicos.
“Los datos permiten estimar que un 38% de las muertes violentas de NNA en 2020 están asociadas a este tipo de muertes”, se explica en el documento.
Sigue el aumento de suicidios infantiles
Gustavo Páez, investigador del OVV en Mérida, expuso que entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2021, el OVV ha logrado registrar un total de 222 casos de presuntas muertes autoinfligidas (suicidios), a los que se adicionan 30 intentos de suicidio.
“Intuimos que las cifras presentadas en este informe solo representan una proporción de los casos que en realidad ocurren y los que solo logran ser conocidos por la sociedad”, apuntó Páez en la rueda de prensa para presentar el informe.
Dentro de aquella globalidad de casos identificados (222), 28 se corresponden con probables muertes autoinfligidas de NNA cifra a la que se le adicionan 5 casos de intento de suicidio, lo que totaliza hasta el último de agosto 33 hechos de violencia autoinfligida en NNA venezolanos. En otros dígitos, cada mes en promedio se registran en los medios venezolanos al menos 4 hechos de violencia de este tipo.
Los investigadores lograron entrevistar a varios profesionales de la salud mental para determinar cuáles son los factores de riesgo asociados a violencia autoinfligida identificados en NNA. Encontraron 16 factores de riesgo que en distintas combinaciones “pueden explicar esta importancia relativa adquirida por las muertes autoinfligidas en NNA en los últimos años”.
- Manejo inadecuado de las emociones, impulsividad e irritabilidad.
- Disfuncionalidad familiar grave, con ausencia o poca comunicación entre padres e hijos (relaciones con poca reciprocidad), presencia de padres muy autoritarios, ausencia de padres. Sin fortalezas en la comunicación e intercambio de intereses.
- Presencia de sentimientos negativos (tristeza, incertidumbre, minusvalía, inutilidad, tormento por el aislamiento), casos de depresión.
- Poca comunicación entre pares (entre NNA) por lo general por algún estigma o bullying.
- Consumo de sustancias (alcohol y/o drogas) entre adolescentes o en el seno familiar.
- Ausencia de seguridad personal.
- Ruptura de la estructura familiar por migración de padres hacia el extranjero (cuidado de los NNA con otros familiares).
- Cambio de planteles educativos donde cursaban estudios (separación entre amigos y ruptura con el ambiente institucional acostumbrado).
- Interrupción de actividades extracurriculares por motivos económicos.
- Ausencia de apoyo en actividades educativas y falta de adaptación a la educación a distancia.
- Adicción al internet y redes sociales.
- Problemas o conflictos familiares o con su cuidador. Existencia de una cultura violenta como producto del entorno económico-social.
- Apatía por la persistencia de la pandemia y la cuarentena (cese de las actividades escolares y de actividades extracurriculares).
- Aislamiento social.
- Rupturas sentimentales (en adolescentes del sexo masculino), discusiones principalmente con las madres (en adolescentes del sexo femenino).
- Intentos de suicidio con patrones regulares similares a años anteriores donde diferentes factores de riesgo están relacionados con la crisis actual. “El intento suicida en los adolescentes es frecuente, es excepcional una semana sin un caso”.
Prevención en 11 recomendaciones
- Documentar indicadores sobre la situación de los derechos de NNA, con datos desagregados, por grupos de edad, sexo, distribución territorial (por estado y municipios). En ese registro, identificar causas de mortalidad y otros indicadores que permitan generar medidas y políticas apropiadas.
- Que el Estado cumpla con su deber de asignar recursos suficientes y de calidad para que se garantice la debida protección a NNA víctimas de violencia. Así mismo que se garantice el óptimo funcionamiento de servicios de salud, atención psicológica, orientación familiar, terapéuticos y pedagógicos.
- Garantizar la existencia de servicios y programas para que los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes puedan atender en forma apropiada las situaciones de amenazas, acoso, extorsión, maltrato y abuso en el ámbito familiar, institucional y comunitario.
- Fomentar campañas de información y sensibilización sobre el buen trato a los NNA, al igual que de difusión de los derechos humanos de NNA y de prevención.
- Formación de los funcionarios policiales en DDHH y garantizar que las instituciones y autoridades cumplan con el uso de la violencia como forma de represión. Es decir, no utilizar armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otros individuos, en un caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, cuando se evidencia una seria amenaza para la vida y sólo en un caso excepcional en el que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr el cumplimiento de la Ley.
- Que se cumpla los lineamientos de la actuación policial cuando se dirige a niños, niñas o adolescentes, víctimas de amenaza o de violación de derechos, víctimas o testigos de hechos punibles o en casos de adolescentes presuntos responsables de hechos punibles.
- Que el Estado “entre otras cosas, garantice que los niños de todo el país tengan acceso a una línea telefónica de tres dígitos gratuita e ininterrumpida” a los fines de exposición de denuncias e informes sobre casos de abuso.
- Las instituciones del sistema de administración de justicia deben ordenar medidas de reparación de los daños ocasionados a NNA y a sus familiares por la muerte violenta del padre, madre, u otro miembro de la familia.
- Desarrollar programas y servicios de apoyo y fortalecimiento a las familias para un apropiado desempeño de la parentalidad, la formación en habilidades para la vida, la promoción del buen trato, el respeto recíproco y el apropiado desempeño en la convivencia social.
- Desarrollar programas de formación en derechos humanos que fortalezcan actitudes y comportamientos de respeto y valoración de la dignidad.
- Diseñar e implementar programas, servicios y proyectos con presupuesto suficiente para atender a los NNA víctimas de violencia, maltrato, abuso sexual, embarazo en adolescentes, privados de cuidado parental, rehabilitación de diferentes tipos de adicciones, reeducación de adolescentes privados de libertad, víctimas de explotación sexual, solicitantes de refugio, refugiados, entre otros, con la calidad requerida y de acuerdo a lo establecidos en la LOPNNA.
