Bolívar.- Son las 12:00 del mediodía, el calor es insoportable, y el movimiento de motos y personas no para. En la esquina de un punto conocido como La Zona, en El Callao, al sur del estado Bolívar, está una mujer acompañada de su hija adolescente y su hijo. Un hombre se acerca a conversar con ellas. Aunque la mujer tuvo intenciones de irse con él, aquel hombre pidió “los servicios de la adolescente”. La “transacción” se hizo a plena luz del día, ante la mirada de funcionarios de la Policía del Estado Bolívar (PEB).

“Eso aquí es más normal de lo que crees y con la crisis del país eso ha ido aumentando. Se ven chamitas entrando en ese mundo de la prostitución, las que trabajan en las currutelas (prostíbulos) deben ir cada jueves hasta la policía para mostrar su carnet de salud y listo”, comenta una habitante de la población minera. 

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Las adolescentes son engañadas. Al llegar a las zonas mineras la realidad es muy distinta a la que pensaban. Eumelys Moya, coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Ciudad Guayana, explica que el estado Bolívar no tiene una política para prevenir este tipo de violencia, más allá de las acciones focalizadas que realizan algunas organizaciones y entes del Estado.

“Hay un tema generalizado de violencia de género que detectas a través de los reportes en prensa, del monitoreo de medios, porque tampoco hay publicaciones oficiales que nos permitan ir determinando cuáles son los delitos más comunes ni identificar grupos particulares. Cada vez que vas a Fiscalía, vas a Consejo de Protección, vas a algún ente determinado que trabaje con temas de niños, niños y adolescentes, más allá de la materia, te dicen que ellos no tienen el permiso o la autorización para dar información al respecto, que eso es responsabilidad del ente superior”, detalló la especialista.

Moya detalla que no se tiene acceso a las cifras oficiales y detalladas, más allá de las generalizadas que da el Fiscal General, Tarek William Saab, en las que señala que se han atendido más de 3 mil casos que involucran la violación, explotación o la afectación de niños, niños y adolescentes, “pero no dice ni cuáles son los estados más recurrentes, cuáles son el tipo de delitos más frecuentes ni cuáles son los grupos o edades de estos niños o niñas que se están viendo afectados por esto”.

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Ejemplifica que en el estado Bolívar, los casos que se reseñan con mayor recurrencia en los medios regionales son los de abuso sexual:

“Y es un hecho público y notorio que los medios de comunicación tienen un acceso limitado ahora a la información porque la gente no da declaración por pena o temor, porque no saben dónde denunciar, porque los órganos también informan solo lo que en algún momento determinado pueden denunciar. Entonces, esa cifra, esa información, de alguna manera siempre va a constituir un subregistro. No obstante, siendo un subregistro, es recurrente ese tipo de casos”.

Moya resalta una cifra alarmante: “de cada cinco noticias, al menos tres involucran algún tipo de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes”.

Casos preocupantes

Detalló que desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAB han denunciado que para finales de 2023 y 2024 realizaron una investigación sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia. Les tomó un año alcanzar una muestra de 6.000 niños y adolescentes. 

En este estudio determinaron que 3.800 estaban con uno de sus padres, “y ese otro papá o mamá estaba o se había ido a las minas o se había ido del país en búsqueda de mejoras económicas”. 1.800 estaban al cuidado de terceros, un abuelo, un tío, un primo, un hermano; y 600 no estaban al cuidado de algún miembro de su familia.

“Cuando tú desentrañas esa cifra encuentras un tema de fragmentación del núcleo familiar. Estás hablando de niños y adolescentes que no están acompañados, pero ¿qué significa que un niño no esté acompañado? Es un niño por el que no se vela el estudio, la alimentación, vestido, el calzado, en fin. O sea, es un niño de autocuidado, de autoconcienciación, de autorreferencia, de autotodo. Eso es una distorsión, eso es una vulneración de derechos. Y eso es un delito, solo que la gente no lo entiende y no lo dimensiona como tal”, detalló la abogada.

Zonas mineras

Durante otro estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Moya halló que al menos 1.300 niños viven en zonas estrictamente mineras. “No necesariamente se dedican a la minería pero viven ahí y hay que plantearse qué significa para un niño, niña o adolescente, en sus condiciones y necesidades de desarrollo, el hacer vida allí. Ahí se presenta una distorsión, una variable que tiene que ver con la funcionalidad o la participación de los grupos armados, porque sabemos que la visión sobre ellos ha cambiado. ¿En qué sentido? Se han convertido en una especie de mamá para las comunidades porque han impulsado la inserción escolar con la reparación de escuelas y comedores, y con el impulso y el apoyo a la permanencia de los maestros en los centros educativos para que los chamos no se queden sin educación”.

En 2021, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB ya había registrado unas 3.500 mujeres víctimas de explotación sexual. Para entonces, los hallazgos vinculados a la población de menores de edad era preocupante: 25% de ellas eran niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. “Cuando fuimos en 2023, nosotros no pudimos precisar un número diferente de mujeres, no porque sean las mismas, sino porque unas salen, otras entran, y eso representa una dificultad para precisar los datos. Lo que sí entendimos es que entre las personas de género femenino en algún tipo de trabajo sexual han aumentado el número de niñas, y decíamos nosotros en ese informe que había subido el número de casos de 25% a 35%”. 

A la vez que subía el número de víctimas de explotación sexual, bajaba la edad en la que eran reclutadas. En 2021, las víctimas tenían entre 12 y 17 años, “cuando fuimos en 2023 había niñas de 7 y 8 años siendo explotadas sexualmente, además por montos absurdos, o sea, hay niñas que realizan trabajo sexual en las plazas por 80 bolívares a finales de ese año”, alertó Moya sobre un tema en el que cada vez hay más tabú en conversar.

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En estas zonas también hay casos alarmantes de sexo por supervivencia, es decir, a cambio de comida o a cambio de equipos tecnológicos, un problema que está invisibilizado.

Además, a partir de 2023 se comenzó a detectar grupos armados encargados de captar mujeres para llevarlas hasta las zonas mineras ubicadas al sur del estado. 

Historias de coacción 

Durante las investigaciones correspondientes al informe se reseñó la historia de una adolescente de 15 años acosada por un minero en la Plaza Bolívar de Tumeremo.

“Ella se negó [a estar con él] y fue amenazada de muerte por ese rechazo. La adolescente fue entonces obligada a trasladarse a la mina con el joven. Una vez al mes los miembros del sindicato le permitían bajar al pueblo para ver a su madre, pero siempre bajo supervisión”, reseñó.

También retienen a niñas en contra de su voluntad. Entre los testimonios hay casos de secuestros y presuntas desapariciones forzosas. A la adolescente de 15 años se le vio por última vez cuando un minero se la llevó bajo coacción. Rechazar a un minero o a un pran puede ser una sentencia de violación, violencia física o la muerte.

“La explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que en muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”, reseño el informe de 2022 de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre el Arco Minero del Orinoco.