Hoy sufre La Vega, mañana quién

En cinco meses, ya casi medio año, las balaceras no han cesado en la parroquia La Vega. La frecuencia con la que ocurren estos episodios de violencia perdieron su efecto indignante. Incluso los audios, fotos y videos de hombres armados ya dejaron de asombrar a la opinión pública. Mientras tanto, ¿cuántas familias viven en angustia?, ¿cuántas personas ajustan su horario para que no coincida con los tiroteos?, ¿cuántos niños normalizan el conflicto armado? No lo sabemos.

Una de la razones por las que no lo sabemos es por la falta de información actualizada. Cada 10 años un censo nacional nos da números que permiten diagnosticar y planificar. El último fue en 2011. En ese momento, el Instituto Nacional de Estadística contabilizó que unas 440.000 personas viven en las parroquias afectadas por los tiroteos. Sí, son varias zonas aunque solo se habla de La Vega. Recordemos que las balas no deciden su trayectoria, que alcanzan un poco más de más de 6 kilómetros.  Según un reporte de Crónica.Uno las comunidades aterrorizadas son: El Paraíso, Santa Rosalía, San Juan y La Vega.

Todavía no sabemos si en 2021 el Instituto Nacional de Estadísticas está preparado para contarnos. Esta función del Estado quedó en el olvido de la agenda política y eso que en este año hay interés electoral para alcanzar el poder. La responsabilidad que sí permanece en el aire es la de hacer justicia.

Cuando un hecho violento se registra, uno como ciudadano espera que el responsable sea detenido. Eso nos da una sensación de victoria. Nos devuelve eso de «el bien siempre gana». Pero en Venezuela la historia es otra. Casi seis meses, al menos 27 homicidios —incluyendo los fallecidos por balas perdidas, según el registro de Monitor de Víctimas— y cientos de pruebas fotográficas y audiovisuales; todavía no se ha detenido ni a un cristiano.

Las balas suenan y las autoridades callan

Mientras decenas de personas sufren con los antojos delictivos de la banda local, ¿las autoridades dónde están? El 26 de abril, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), dijo que están en conversaciones con las organizaciones criminales que operan en la Cota 905 para que deponga su actitud hostil. Se refiere al mismo grupo que opera en La Vega, solo que desde diciembre de 2020 se desplaza entre ambos sectores de Caracas.

“Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal, que está ahí instalada, para que depongan su actitud y entreguen las armas”, dijo en su programa radial Cicpc al Día, transmitido también por un live en su cuenta de Instagram.

Nada esperanzador. La última vez que el gobierno «converso» con bandas delictivas fue en 2013 en Barlovento en el estado Miranda. De allí surgió el nombre de las «Zonas de paz», espacios territoriales en los que funcionarios policiales no podían entrar y en los que los jóvenes armados prometieron no delinquir. Especialistas lo llamaron un pacto de no agresión. No salió muy bien esa negociación. Dos años después, se activó un programa de mano dura para resolver el incremento de los homicidios en esas zonas y en otras del País. Lo conocimos como Operativo de Liberación y Protección del Pueblo.

El comentario gubernamental más reciente provino del mismo presidente de la República, Nicolás Maduro. El martes 8 de junio confirmó la teoría difundida por Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional: Voluntad Popular, un partido de oposición venezolana, es el músculo financiero de las bandas de La Vega.  Crónica.Uno reseñó las palabras de Jorge Rodríguez : “El hampa no mira carnet político, pero en su bolsillo y sus armas sí tienen color político. No es casualidad que gente de Leopoldo López y Juan Guaidó visiten y entreguen dinero a estas bandas criminales (…) Estamos investigando profundamente y en los próximos días van a ver fotografías y videos”.

El 12 de junio una operación policial ingresó a La Vega. Se desplegaron más de 1.400 funcionarios, dos de ellos resultaron heridos y hubo 38 detenidos; de acuerdo a las declaraciones oficiales de la vicepresidenta sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Carmen Meléndez. Sin embargo, al día siguiente, nuevos tiroteos se escucharon en la parroquia. Nuevos muertos por las balas.

En Cecodap monitoreamos todo esto. Así como lo hicimos con las balaceras en José Félix Ribas, barrio del este de Caracas en Petare, fijamos postura ahora: exigimos a los cuerpos de seguridad del Estado la protección a los niños y familias de la comunidad de La Vega y zonas adyacentes. Es inadmisible que toda una comunidad viva en tensión y miedo permanente por el control territorial de una banda armada. No podemos resignarnos a la incapacidad del Estado. Exigimos que se le devuelva la seguridad y el sosiego a una comunidad que tiene derecho a vivir en paz.

No nos olvidemos tampoco de que un Estado no solo debe prevenir estos hecho, ni solo frenar la acción armada. Es urgente implementar acciones inmediatas para dar respuestas a los  daños emocionales que representa vivir en una zona de conflicto y adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que estos hechos no se repitan.

Una voz sensata

El sacerdote jesuita Alfredo Infante hace vida como párroco de «San Alberto Hurtado y José Gregorio Hernández» en La Vega. Además es coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla. Su voz ha servido como bálsamo entre tanta violencia. Su último comunicado hizo énfasis en varios puntos:

– Solidaridad con los familiares de quienes han perdido la vida en medio de las balaceras. Pidió redoblar los esfuerzos para preservar los espacios de convivencia en la comunidad.

– Pidió deponer sus actos a los jóvenes armador y recordar que los vecinos no son escudos humanos y que la vida es sagrada.

– También pidió a los miembros de los cuerpos de seguridad no convertir la comunidad en un campo de batalla y no disparar indiscriminadamente contra la población civil.

– Reiteró que la mayoría de los habitantes de La Vega son personas pacíficas y responsables y que aspiran y merecen ser tratados como ciudadanos de primera, no como ciudadanos de segunda.

Un adolescente menos, una oportunidad menos

La pandemia sorprende a los medios de comunicación en una dura situación económica. Las restricciones para el movimiento obligó a los periodistas a relatar la historia de la calle desde sus casas. Hay ángulos del conflicto armado de La Vega inexplorados por el gremio. Sin embargo, algunos medios hacen el esfuerzo por visibilizarlos y eso es ganancia. Dejar constancia de que esta guerra no oficial ya le restó al país seis adolescentes es el comienzo de una investigación periodísticas. La Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia puso el foco en los primeros cuatros, que murieron en un presunto enfrentamiento en La Vega. Los más recientes:

– Según una publicación del Monitor de Víctimas reseñada por Crónica.Uno el sábado 29 de mayo fue asesinado Weini Loyo, de 16 años, a quien se presume que un grupo de hombres le insistía para alistarse al grupo armado que opera en la zona, pero él se negó a esa propuesta. Presuntamente el adolescente era hijo de un supuesto integrante de un colectivo de La Vega. Otra versión, indica que los delincuentes lo sometieron durante varias horas y obligaron a su padre a subir a La Vega, pero esto no sucedió. Extraoficialmente se dice que el papá de la víctima controla la estación de servicio en La India.

– A Diego Alejandro Rivas, de 16 años, una bala perdida le impacto en la cabeza cuando estaba junto a unos amigos haciendo ejercicio en un área común de Terrazas de La Vega. El Pitazo publicó que adolescente se sentó a descansar en un banco y luego cayó al piso. «Diego había bajado a hacer ejercicio con sus amigos. Ya ningún lugar de La Vega es seguro», expresó el residente de la comunidad.

El primer fallecido nos habla de una realidad que nos negamos a creer: los adolescentes son reclutados. Años de descuido social y abandono educativo se juntaron a una emergencia humanitaria compleja que debilita el poder adquisitivo de todos; más aún de los que antes de 2014 rasguñaban su bolsillo para comer. ¿Qué estamos haciendo mal para que el camino de la violencia, el riesgo de morir, se más llamativo para ellos? ¿Qué nos falta por hacer para que la niñez y adolescencia que crece en estas parroquias lo haga en una realidad donde la impunidad no es la norma?

Cuando me enteré de la muerte de Diego lo primero que me pregunté fue si lo conocía. Rezaba porque no fuera el Diego que conozco, porque este chico es de esos con propuestas de cambio. En una entrevista me comentó cómo quiere que el sistema educativo se renueve a las necesidades de la nueva generación. Maravilloso proyecto que luego leerán en Cecodap.

Pero no. No era él. Pero sí era el Diego de varios. Hoy la familia del colegio Josefa Gómez de Delfino es la que llora la ausencia de un adolescente de los suyos. ¿Cuáles propuestas tenía este Diego? No lo sabremos.

«Educar es la tarea más sublime que cada una de las personas que trabaja en nuestro colegio tiene por misión. Educar con el corazón es una de nuestras más claras consignas. Ver crecer a nuestros niños es más que alegría para cada maestra, para nuestra bibliotecaria, nuestra psicopedagoga, nuestra secretaria, nuestra recepcionista, nuestro personal de mantenimiento, nuestra coordinadora, nuestra directora (…) No queremos a nuestros estudiantes encerrados en sus closets. No los queremos metidos bajo sus camas. No. Los queremos sentados en sus pupitres aprendiendo, sintiendo, respirando y estando en paz. Porque sin ella cómo pueden ser esos ciudadanos íntegros y dignos que merece nuestra patria, nuestra comunidad, nuestras familias. ¿Cómo?», dijo la directiva en un comunicado en sus redes sociales.

Diego pudo haber sido Marcos o Laura. Pudo haber sido vecino de la Cota 905 o de José Félix Ribas, en Petare. La ciudad parece estar sitiada por las balas y no hay refugio seguro ni esperanza de política en seguridad asertiva. Hoy es La Vega la que sufre. Mañana, ¿quién?

Foto principal: Video de El Pitazo