A dos meses de la tragedia, sobrevivientes de la explosión de bombonas en Monagas permanecen sin atención del Estado

explosión de monagas

Casi dos meses de sufrimiento. Las familias de los sobrevivientes de la explosión de 161 bombonas de gas licuado en Monagas todavía viven en su piel las secuelas de la tragedia.

El 28 de diciembre de 2020 en Caño de los Becerros del municipio Piar ocurrió la explosión. Más de 45 heridos por quemaduras fue el saldo inicial del estallido. La falta de respuesta oportuna del Estado venezolano ocasionó días después la muerte de 10 personas con quemaduras de segundo y tercer grado. Ahora hay 60 personas, entre sobrevivientes y familiares, que se mantienen en situación de vulnerabilidad.

Entre los fallecidos se encuentran:

  1. Laura Figuera, de 28 años (31 de diciembre)
  2. Xavielys Sofía Gil Figuera, de 5 años (4 de enero)
  3. Emilys Leonett Romero, de 13 años (5 de enero)
  4. Juan Ramos, de 60 años  (7 de enero)
  5. Meivis Chacón, de 17 años (13 de enero)
  6. Magloris Ramos, de 60 años (15 de enero)
  7. Ricardo Espinoza, de 4 años (15 de enero)
  8. Ángel Hernández, de 68 años (22 de enero)
  9. Genderson Leonett, de 4 años (30 de enero)
  10. Rutselis Leonett, de 34 años (6 de febrero)

 

El padre Gerónimo Sifontes, de la ONG Caritas de Venezuela, detalló que cuatro niños, niñas y adolescentes necesitan atención urgente de sus quemaduras. Son dos adolescentes de 12 años y 13 años, una niña de 7 y otra de 5 años, que necesitan una larga lista de medicamentos que el sistema público de salud no les ha proporcionado. Necesitan Ciprofloxacina, Ketoprofeno, crema Furtul, mosquiteros, vinagre, tramadol, inyectadoras, gasas, compresas y otra lista de insumos que puede llegar a costar hasta 180 dólares por personas. Dinero que sus familiares no tienen.

Al principio, los heridos recibían el tratamiento de sus quemaduras en el Hospital Universitario Manuel Nuñez Tovar, de Maturín. Pero, desde el 7 de enero de 2021, día en el que fueron dados de alta, deben ser atendidos por sus parientes en sus hogares.

“Los niños no están recibiendo la ayuda necesaria ni la atención necesaria. El alcalde del municipio Piar no habilitó las ambulancias, como prometió, para que los niños puedan ir a Maturín a realizarse las curas”, relató el padre Sifontes.

Especificó que los tratamientos que reciben los cuatro niños son muy rudimentarios. “Desde Cáritas enviamos a tres médicos y dos enfermeras a realizar las curas en sus hogares, pero las condiciones son precarias. Hay una gran falla en los servicios de agua y alumbrado. Faltan medicinas y las condiciones de sus hogares no son las mejores”, sostuvo.

El padre señaló que se les pidió a los concejales del municipio, así como a la gobernadora de Monagas, Yelitza Santaella, que habilitaran formas de traslados, pero no dieron ninguna respuesta. Caño de los Becerros está a una hora de la ciudad de Maturín.

“En sus casas no hay ventilación y tienen poca agua. El agua que consiguen es de los ríos cercanos. No la pasan por un proceso de saneamiento y llegan con azufre. Algunas casas tienen suelos de tierra, viven con gallinas y otros animales. El ambiente está contaminado, no es estéril”, agregó.

Necesitan ambientes estériles

Médicos y bomberos consultados por la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (PANA) coincidieron en que el tratamiento de las víctimas de quemaduras deben realizarse en un ambiente completamente esterilizado y  con los recursos correctos de saneamiento.

“Es muy difícil. Inicialmente se tiene que tener un ambiente estéril de bacterias y eso solo se tiene en un ambiente hospitalario. Si en el lugar donde se hacen las curas hay animales, muchas personas y poca ventilación los niños no tendrán una recuperación adecuada”, detalló Cristian Fuentes, bombero y exintegrantes de los Bomberos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Huniades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, advirtió que en esas condiciones, el riesgo de sufrir complicaciones de salud es alto. Desde infecciones cutáneas hasta contraer bacterias que ocasionen la muerte son parte de los riesgos a los que están expuestos los niños quemados. Agregó que las gasas, los yelmos y el agua deben de estar esterilizados. «El tratamiento de quemaduras es un proceso muy delicado y doloroso. Para los niños ese dolor se vuelve traumático”, puntualizó.

Sostuvo que antes de dejar a los pacientes en alta, las instituciones médicas, así como los padres y madres, deben evaluar las condiciones de sus hogares. “Si el niño o niña vive en una zona alejada, con poca conexión vial y con fallas en los servicios públicos, en especial el agua, es mejor dejarlo hospitalizado un tiempo más”, dijo.

El médico recordó que la situación de los niños, niñas y adolescentes es extremadamente vulnerable y se incrementa su vulnerabilidad por la emergencia humanitaria compleja.

No son terroristas

El padre Sifontes, de Cáritas de Venezuela, señaló que las atenciones a los más de 40 afectados por la explosión mermó notablemente en el transcurso de 2021.

“Sí, al principio muchos habitantes y organizaciones no gubernamentales colaboraron y apoyaron a los afectados con medicinas, comida, agua y gasolina para los traslados, por la falta de ayuda de la gobernación del estado Monagas. Ahora solo Cáritas, con ayuda de algunos vecinos, mantiene el apoyo a los afectados”, aclaró.

Sifontes responsabiliza a la gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, por la disminución en la cooperación para los afectados. “Luego de que la gobernadora declarara que muchos de los afectados eran terroristas el 5 de enero, la ayuda comenzó a bajar notablemente”, sostuvo.

Medios de comunicación han informado que la explosión tuvo lugar en una casa de acopio de bombonas de gas, ofrecidas por la empresa gubernamental Gases Maturín (Gasmaca). Una fuga en varias de ellas ocasionó el estallido.

A partir de las declaraciones de la gobernadora del estado Monagas, muchos de los afectados tuvieron que continuar sus tratamientos en sus casas, sin mucho a los servicios de agua y luz que azotan la comunidad desde hacía años.

“En Cáritas nos encargamos de llevarle comida a los afectados y sus familias, son 60 personas (entre sobrevivientes y sus parientes). Habilitamos nuestra sede como centro de acopio de medicinas, pero actualmente cubrimos 80% de los requerimientos de los afectados. La mayoría es para alimentarlos”, sostuvo.

Desgracia familiar

De las 10 personas fallecidas cinco de ellos eran niños, niñas y adolescentes. Ellos acompañaron a sus padres a buscar las bombonas. El sector tenía meses sin recibir el combustible.

Dos familias han perdido a varios miembros en esta tragedia. El 4 de enero de 2021, Xavielys Sofía Gil Figuera, de 5 años, falleció en el Hospitalario Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Tuvo problemas respiratorios. Tres días antes, su madre, Laura Figuera, de 28 años, falleció como consecuencia del siniestro.

El martes 5 de enero de 2021, Emilys Leonett Romero, de 13 años, quien presentaba quemaduras de tercer grado en 75 % de su cuerpo, falleció en el mismo hospital que Xavielys. Tres semanas después, el sábado 30 de enero, su hermano, Genderson Leonett, 9 años de edad, falleció mientras se encontraba recluido en el Hospital Central de Ciudad Bolívar.

De este grupo familiar también murió Rutselis Leonett, de 34 años, el 6 de febrero. Era tía de Emilys y Genderson.

El miércoles 15 de enero, Ricardo Espinoza Figueroa de 4 años de edad, falleció a causa de un shock refractario, luego de permanecer por casi dos días en la Unidad Pediátrica de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín.

Ese mismo miércoles, Meivis Chacón, de 17 años, falleció por producto de las quemaduras de tercer grado en 70% de su cuerpo, tras pasar dos semanas en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Maturín.

Violencia estructural

“No creo que haya alguna posibilidad remota de responsabilizar a las familias, padres y madres de los niños, niñas y adolescentes heridos. Esto es culpa del Estado venezolano”, concluyó Angeyeimar Gil, trabajadora social e investigadora de la Red de Derechos Humanos de Niños Niñas y Adolescentes (REDHNNA).

Enfatizó que, desde hacía varios años, la falta de inversión, prevención y corrupción del gobierno de Nicolás Maduro genera los accidentes con bombonas de gas.

“Todos los meses aparece un caso de explosión de bombona. Hay muchas denuncias de corrupción y falta de mantenimiento en los cilindros. Esto afecta a la producción del gas en Venezuela, que es un sector que fue absorbido por el Gobierno y que tiene que llegar a la casa a la gente. Lo que no ocurre”, señaló.

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la explosión en Monagas de las bombonas de gas estaban allí para acompañar a sus padres y madres. “Las personas pasan horas en fila hasta que consiguen el combustible. Si se piensa en esa situación, que un papá se lleve a su hijo a la cola no es descabellado”, enfatizó.

Gil detalló que los accidentes con las bombonas de gas son una consecuencia de la violencia estatal, la cual afecta directamente a las familias, en especial a los niños, niñas y adolescentes en las casas. “Esos accidentes son prevenibles. Si el Gobierno fuera medianamente serio, correría con los gastos de las víctimas y sus familiares”, agregó.

La única respuesta del gobierno de Nicolás Maduro fue a través de un comunicado firmado por la presidenta de Gases Maturín (Gasmaca), Luisana Betancor: “Se informa a todos los líderes parroquiales, municipales, CLAP, líderes de calle, entre otros, que, en la medida de dar cumplimiento a las normas y protocolos de seguridad en la Distribución del GLP, a partir de este momento queda prohibido el acopio de cilindros en los sectores, siendo retomada la Distribución del GLP a Domicilio”, reza el mensaje.

 

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