Así son vulnerados los derechos de los niños durante la pandemia #PandemiaSinDerechos

Ángeles. Mano de obra barata. Adultos pequeños. Sujetos de derecho. A lo largo de la historia, la visión sobre los niños ha ido transformándose. Pasaron décadas desde que alguien pensó que los niños debían ser protegidos hasta que un centenar de Estados juraron garantizarles todos sus derechos.

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) es un documento, un acuerdo internacional, con el que los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como seres humanos con derechos y deberes. Para llegar hasta allí, la humanidad discutió y debatió bastante.

Tal como lo dice Fernando Pereira, en su reciente artículo de Efecto Cocuyo: «Hace 100 años, en la década de 1920, a alguien se le ocurrió que era injusto que los niños fueran explotados como fuerza de trabajo más barata y a la cual se le podía exigir más sin que se resistieran. Tuvieron que pasar 70 años para que la comunidad internacional se planteara que los niños debían ser tratados con dignidad. Finalmente, en 1989, se aprobó el tratado de derechos del niño que reconoce que los niños y adolescentes tienen derechos humanos».

Hoy en Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos del Niño (Lopnna) es confundida con un lugar  -«¡Te voy a denunciar en la lopna!»- y es usada como un martillo para golpear a los que vayan en contra del gobierno central.

Lea también: Una ley con dos reformas, la historia de la creación de la Lopnna

La verdad es que la Lopnna es el marco legal que hace posible que en Venezuela se aplique la Convención de los Derechos del Niño, a la que el Estado se afilió en 1990.

¿Por qué de la Convención?

La CDN fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por las Naciones Unidas.

Su creación se debe a la vulnerabilidad y necesidad de especial protección y cuidado para los menores de edad (18 años). Por eso es el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia: 195 países, todos los del mundo menos Sudán del Sur y Estados Unidos.

La CDN tiene rango de ley y su carácter vinculante la hace de obligado cumplimiento. Los países firmantes deben incluir todos los aspectos de la Convención en sus leyes nacionales sobre derechos y protección a los niños, niñas y adolescentes menores de edad.

¿Qué pasa en Venezuela?

En marzo de este año, las autoridades del Ejecutivo Nacional declararon un Estado de Alarma en todo el territorio nacional a los fines de mitigar y erradicar los riesgos de la epidemia relacionados con el nuevo coronavirus y sus posibles cepas. A pesar de las medidas adoptadas persiste el incremento de casos confirmados.

«Para identificar el impacto social del COVID-19 es necesario considerar que en Venezuela ya existía una emergencia humanitaria que compromete la vida, la salud, el desarrollo y el bienestar de los venezolanos», indicó Carlos Trapani, en una ponencia especial con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría a mediados de junio.

Fernando Pereira, cofundador de Cecodap, identificó siete vulneraciones de los derechos de los niños que tuvieron lugar durante estos ocho meses de confinamiento:

  • Brecha educativa. La modalidad de educación a distancia está aumentando las desigualdades y amenazando con dejar fuera del sistema a miles de estudiantes que no cuentan con los medios indispensables para continuar formándose en sus hogares.
Lea también: 72% de los venezolanos califica la educación a distancia con niños y adolescentes como mala o deficiente
  • Aumento de la malnutrición y desnutrición como consecuencia del impacto de la pandemia sobre la economía familiar y la imposibilidad de asistir a los centros educativos para recibir alimentación complementaria.
Lea también: Al menos 639 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica #Encovi2020
  • Incremento de la violencia intrafamiliar, castigo físico y humillante, maltrato y abuso sexual. La cuarentena prolongada ha sobreexpuesto a los niños víctimas de hogares con relaciones violentas y aumentado el número de niños agredidos a consecuencia del estrés y presiones a los que están sometidos los adultos cuidadores.
Lea también: La cuarentena aumenta el riesgo de que los niños sufran alteraciones de ánimo
  • Restricciones para contar con documentos de identidad porque no están operando oficinas de identificación para cédulas y pasaportes y horarios restringidos para acceso a los registros civiles (certificados y partidas de nacimiento).
Lea también: Trapani: En pandemia también está en riesgo la identidad de los recién nacidos
  • Sistema de Protección debilitado. El nuevo coronavirus ha continuado el efecto de la Emergencia Humanitaria Compleja que se traduce en la desinstitucionalización, desprofesionalización y ausencia de programas para atender los casos y denuncias. Es limitada la posibilidad de asistir a un espacio físico y no hay líneas telefónicas especializadas en temas de niñez.
Lea también: “¡Soraya, se llevaron al niño preso!”, relato de un abuso policial en cuarentena
  • Separados de sus padres. Miles de niños y adolescentes dejados atrás por los padres que debieron migrar, antes de la pandemia, hace que estos hijos deban vivir las dificultades del momento actual sin contar con la presencia y acompañamiento emocional tan importante y, en muchos casos, sin las remesas para su manutención o en montos menores.
Lea también: Remesas de migrantes disminuirá 14% en 2021 por COVID-19, según ONU
  • Participación constreñida. La voz y opinión de los niños y adolescentes no es tomada en cuenta para tomar decisiones que los afectan en la vida familiar, escolar, comunitaria, mucho menos para decisiones públicas que toman las autoridades.
Lea también: ¿Participación o adoctrinamiento de niños?

Trapani señala al respecto que en contexto de emergencia los derechos de los niños y niñas no se suspenden ni se derogan las obligaciones que imponen para los Estados. «Son los niños, niñas y adolescentes quienes tienen derecho a una protección especial y a garantizarles respuestas instituciones adecuadas, de calidad, oportunas, expeditas y ajustadas a sus necesidades», apuntó en el encuentro con la sociedad médica.

Salud mental olvidada

El Servicio de Atención Psicológica Crecer sin Violencia de Cecodap tiene evidencias de un impacto emocional en niños, niñas, adolescentes y sus familias, debido a la contingencia por COVID-19.

Su informe más reciente asegura que pasa a ser el primer motivo de consulta en Cecodap las alteraciones del estado de ánimo, con un 31% de los casos, de los cuales un 20% habría presentado ideación y riesgo suicida.

Seguidamente encontramos el conflicto familiar que involucra el uso del castigo físico en un 17% de los casos. Esto nos muestra cómo la dinámica familiar cada día se torna más compleja y representa un riesgo para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, estos cambios en la relación con la familia se visibilizan en 9% de los casos de niños que reportan comportamientos disrruptivos en el hogar.

«La compleja situación que atraviesan las familias en Venezuela, las múltiples exigencias sobre los padres, el impacto de la dinámica escolar en casa y la carencia de herramientas y formación en métodos alternativos de crianza sin violencia generan que los reportes de situaciones de castigo físico sean cada vez más recurrentes», apuntó Abel Saraiba, coordinador del servicio psicológico de Cecodap, en la rueda de prensa de julio.

Lea más: La cuarentena aumenta el riesgo de que los niños sufran alteraciones de ánimo