Los enfrentamientos armados en las fronteras de los estados Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, entre paramilitares y autoridades del ejército venezolano, continúan. Para FundaRedes, los niños, niñas y adolescentes quedan en medio de estos enfrentamientos, en los pasos fronterizos clandestinos o al ser reclutados por los grupos irregulares.

39 niños, niñas y adolescentes (NNA) asesinados durante los conflictos armados en la frontera de Venezuela con Colombia fue la cifra revelada en el último informe publicado por la organización no gubernamental FundaRedes (2021). En total, 439 personas murieron.

El conflicto armado, la presencia de grupos irregulares y la corrupción de las autoridades venezolanas hacen que en los pasos clandestinos haya riesgos particulares para los NNA: trata de personas, trabajos forzados, al reclutamiento forzado, otras formas de esclavitud moderna y homicidios.

“Casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos”, se lee en el informe anual de FundaRedes, publicado el 30 de marzo de 2022.

FundaRedes denunció que actualmente en las fronteras de Venezuela se desarrolla una «cultura de la muerte» con las acciones de grupos armados irregulares, constituidos principalmente por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y grupos armados con características de orientación guerrillera de origen venezolano como el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) conocido como “Los boliches”, diversas organizaciones de “Círculos Bolivarianos” de naturaleza violenta, así como otras expresiones delincuenciales conocidas como “Sindicatos”, bandas criminales, y grupos paramilitares sobrevivientes de origen colombiano.

“Se dio una expansión violenta de grupos armados irregulares de origen colombiano en Venezuela que ha significado una mayor vulneración a los derechos humanos de los habitantes que son sometidos a nuevas dinámicas de convivencia impuestas por estas agrupaciones, además de los constantes enfrentamientos con otros grupos armados o bandas delictivas, así como con organismos de seguridad del Estado cuando hacen presencia en esta zona”, se lee en el informe de la ONG.

Desde 2019, Cecodap denuncia la situación en las fronteras del país y cómo afecta a la niñez y adolescencia. Para abril de 2019 la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió el incremento del reclutamiento y la utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos irregulares armados como el ELN y estructuras disidentes de las FARC.

“Dentro de las zonas más vulnerables identificadas se encuentran las áreas rurales. Se reporta que el 80% de los casos que ocurren de vulneraciones asociadas al impacto del conflicto armado no son denunciados por parte del temor de las familias a sufrir represión por parte de estos grupos irregulares”, se lee en el “Informe especial de peligros y vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana 2019”.

En esa oportunidad Cecodap recomendó al Estado venezolano fortalecer la capacidad del sistema de protección integral y sus instancias en la frontera con Arauca  (estado Apure) para ofrecer una respuesta acorde a la magnitud del impacto, priorizando la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y reclutamiento por grupos irregulares armados.

“A pesar de la firma de los acuerdos de paz en Colombia encontramos a partir de la observación realizada reportes recurrentes de actividad y presencia de grupos irregulares armados en la región. De igual forma, se tiene conocimiento de que estos grupos emplean a venezolanos en la ejecución de actividades ilícitas, así como en labores de inteligencia, ofreciéndoles soporte e incentivos económicos para participar de este tipo de acciones”, se lee en el informe de Cecodap.

Reclutamiento forzado en las escuelas

FundaRedes, para su último informe de 2021, denunció que el Estado venezolano abandonó su responsabilidad de garantizar una educación de calidad, la seguridad y protección de la frontera y la dejó a manos de los grupos armados irregulares. “Por ende permite la penetración ideológica, relación laboral y de dependencia en docentes, niños, niñas y adolescentes con agrupaciones guerrilleras”, se agregó en el informe.

La ONG obtuvo testimonios en diversas comunidades rurales donde las guerrillas ELN, las disidencias de las FARC y una agrupación armada de origen venezolano denominada Colectivo del Pueblo Fronterizo han asumido el papel del Estado ofreciendo ‘seguridad’, imponiendo normas, un sistema de justicia propio e incluso aportando insumos y mejoras al sector educativo.

FundaRedes registró que la situación se reflejó en los estados Táchira, Falcón, Amazonas, Zulia, entre otros, donde la guerrilla ha permeado el sistema escolar.

Se enfatizó que la precariedad de los planteles, la falta de recursos en las familias, son situaciones idóneas para que los irregulares ofrezcan insumos, ayudas, y otro tipo de beneficios que el Estado dejó de proveer. “Todo esto forma parte del plan de control de territorios y adoctrinamiento desplegado por estas organizaciones armadas para el reclutamiento de niños y jóvenes que posteriormente son incorporados a sus filas”, se lee en el informe de FundaRedes.

El reclutamiento forzado o forzoso de niños, niñas y adolescentes por grupos armados no ocurre solo en la frontera de Venezuela con Colombia o en las minas de oro en Bolívar. La más reciente investigación realizada por Cecodap y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez (Agencia PANA) reveló que la práctica también ocurre en la capital del país.

En la investigación Esclavizar para delinquir se reveló que grupos del crimen organizado del Koki, Galvis y Vampi reclutaban niños, niñas y adolescentes para participar en economías criminales en los sectores populares de Caracas.

En un informe de 160 páginas, Cecodap y la Agencia PANA ofrecen detalles sobre los resultados de esta investigación, que incluye el análisis de las obligaciones estatales de protección y del desempeño de las autoridades nacionales ante el crimen organizado que afecta los derechos de la infancia y la adolescencia.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado es una forma contemporánea de esclavitud y una modalidad de trata de personas. “La tipificación del delito de trata supone la actuación de un grupo de delincuencia organizada como sujeto activo y prevé las siguientes formas de cometerlo”, se lee en el informe de Cecodap y la Agencia PANA.

Para Cecodap el fin último del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es la explotación, sobre la base del abuso de poder y la violencia y, en ese sentido, constituye una violación continua y concurrente de casi todos sus derechos: vida, integridad personal, libertad, educación, salud física y mental,  a tener una familia y a no ser separado de ella.

Nuevamente, Cecodap propuso la creación de de Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes en las comunidades afectadas por la actuación del crimen organizado, a partir del capital social que existe en cada una de ellas. “Con la legitimación que confiere la participación ciudadana, las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes pueden contribuir a prevenir y erradicar su sometimiento a condiciones de esclavitud moderna”, se lee en el informe.